“No más saqueo y robo de nuestra riqueza. No al pacto de corruptos y criminales, no más violaciones de derechos a las comunidades ancestrales, no más muertes y secuestros de mujeres y niñas”.
Por Amílcar Morales
Lucas Díaz Díaz, originario y vecino del caserío Pinalito, aldea Suchiquer, Jocotán, Chiquimula, quien forma parte de la comunidad ancestral maya Ch’orti’ en el Oriente de Guatemala, manifestó que debido a la situación que se vive en el país, es momento de retomar las luchas en contra de los daños, saqueos, corrupción y explotación minera en los territorios de los pueblos indígenas.
Díaz se pronunció durante una actividad el pasado 20 de octubre, en conmemoración del Día de la Revolución de 1944, en la que consideró oportuno que las comunidades puedan organizarse y levantar la voz para continuar sus demandas y hacer valer sus derechos como pueblos indígenas.
Adela Gerónimo, en representación de las mujeres indígenas maya Ch’ortí’, dijo que como pueblos originarios solicitan al gobierno de Alejandro Giammattei que se deje de criminalizar y perseguir a las y los defensores de derechos humanos por su trabajo a favor de las comunidades indígenas.
“No más saqueo y robo de nuestra riqueza. No al pacto de corruptos y criminales, no más violaciones de derechos a las comunidades ancestrales, no más muertes y secuestros de mujeres y niñas”, fueron las principales peticiones y demandas de los pueblos originarios de la región Ch’orti’ durante la conmemoración del 77 aniversario de la revolución.
Durante el evento, un grupo de dirigentes e integrantes de organizaciones del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que tiene presencia en varias comunidades de la región Ch’orti’ y en cinco municipios del departamento de Chiquimula, realizaron actividades conmemorativas y de formación política en el Caserío Agua Zarca, de la Comunidad de la Mina Jocotán.
Además, se llevó a cabo un proceso organizativo con la población del lugar, sobre las diferentes luchas en contra de la corrupción y la impunidad, para que sus derechos sean respetados y escuchados como pueblos indígenas, según Edgar Hernández, integrante de CODECA.
El entrevistado indicó que durante el proceso revolucionario del 44 se impulsó una política pública a favor de los pueblos originarios para que pudieran producir en sus tierras de la mejor manera. En ese entonces también se constituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), los Comités Agrarios y varios sindicatos, entre otras instancias que fueron creadas para velar por los derechos de los pueblos indígenas y los trabajadores del país.
Hernández hizo énfasis en que la Constitución Política se ha ido deteriorando por todas aquellas personas que han llegado al poder, que al final solo benefician a ciertos grupos de empresarios y de un grupo de interesados. Lamentó que las leyes plasmadas en la Constitución no involucran a la población campesina.
