Las organizaciones, medios, periodistas y columnistas de prensa abajo firmantes demandamos el respeto a la libertad de prensa, así como garantías para su ejercicio, frente a las acciones de hostigamiento, agresión y obstaculización al ejercicio periodístico en El Estor, Izabal. Nos solidarizamos con nuestros colegas periodistas y medios de comunicación independientes por las agresiones que han sufrido a cargo de autoridades estatales.
Este 26 de octubre de 2021, a partir de las 7 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron las viviendas de dos periodistas de Prensa Comunitaria: Juan Bautista y Carlos Choc, quienes han realizado la cobertura periodística durante los 20 días de resistencia de las autoridades y comunidad Q’eqchi en contra de la operación de la Minera Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel en El Estor, Izabal.
Estos agentes permanecieron durante 2 horas dentro de la casa de Juan Bautista, buscando “información”, tiempo en el cual despojaron de los celulares a su familia y a él para luego llevarse el celular del corresponsal, argumentando que servirá para investigación, lo cual es un despojo ilegal.
Así mismo, la casa de Carlos Choc fue allanada y registrada por los agentes de PNC quienes dejaron desordenadas y tiradas en el piso las pertenencias del periodista. Choc no se encontraba en ese momento. Esta no es la primera vez que las autoridades criminalizan la actividad periodística de Carlos Choc, ya que enfrenta un proceso penal abierto desde el año 2017 y una medida sustitutiva desde el 2019 por una acusación que hizo la empresa suiza/ rusa Solway Investment, hechos que se suman a la criminalización judicial que se han venido realizando en contra de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos.
Ante este panorama, condenamos enérgicamente la persecución a periodistas, la obstaculización y censura a la libertad de expresión por medio de los allanamientos a la viviendas de Juan Bautista y Carlos Choc de Prensa Comunitaria, así como a las instalaciones de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), la Radio Kamolbé y Radio comunitaria indígena Xyaab Tzuultaq’a, ocurridas recientemente.
Denunciamos que, en medio de los llamados al diálogo, las fuerzas de seguridad estatales realizaron los allanamientos a las radio y a sedes de otras organizaciones, aún antes de que el Congreso de la República aprobara el Estado de Sitio en el Estor, violando así la Constitución Política de la República de Guatemala y los más altos estándares en materia de derechos humanos.
Exigimos a las autoridades y al Presidente de la República, Alejandro Giammattei, que se respeten los derechos que han sido vulnerados, ya que es el Estado de Guatemala el garante de la libertad de expresión, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 35. También denunciamos los hechos ante la comunidad internacional y repudiamos la situación que se vive en nuestro país que atenta contra la democracia y los derechos humanos.
