Por Prensa Comunitaria
El periodista Carlos Ernesto Choc vivió de una agresión, el pasado 15 de octubre, mientras daba cobertura al intento de desalojo por parte de la Policía Nacional Civil, en contra de la resistencia pacífica anti minera CGN – Pronico de Solway, que mantienen los comunitarios y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi, en la salida del municipio ruta a la aldea Río Dulce.
Al volver a su casa, se percató que habían destruído el portón de ingreso a su casa y una de las columnas que lo sostienen. Había sido un tractor que realizaba trabajos de reparación de la calle que pasa frente a su casa. Cuando buscó una explicación a la destrucción de la puerta de su casa, con quien manejaba el tractor, el fontanero de agua y parte del Cocode del barrio El Renacer lo retuvo, hasta que llegara el alcalde auxiliar del barrio, éste llegó y le dijo que iba a reunir a toda la comunidad y que lo expulsarían.
Esta no es la primera vez que lo han amenazado con expulsarlo, cuestionando su labor periodística.
El 5 de octubre, varios Cocodes de la microrregión 12 llegaron a la escuela del barrio Renacer habían sido citados igual que el periodista, a una reunión por el alcalde auxiliar de la misma comunidad el Renacer en donde lo intimidaron y trataron de limitar su derecho a informar.
Carlos Ernesto Choc ha enfrentado varias acciones en su contra, en la actualidad tiene una medida sustitutiva, a causa de un proceso penal abierto que puso la misma empresa minera desde el 2017, tras haber documentado las actividades de la Gremial de Pescadores y el impacto de la minera en El Estor. Este año ha sido víctima de otras agresiones, como difamaciones y rumores.
El 6 de octubre, durante una cobertura periodística sobre el intento de desalojo de la comunidad Chinebal, de El Estor. Carlos Choc informó que elementos de la Policía Nacional Civil -PNC-, Fiscales del Ministerio Público -MP le tomaron fotografías.
En el contexto de la resistencia pacífica, el 8 de octubre, a través de redes sociales, también hubo una campaña de difamación y estigmatización en contra de Carlos Choc y algunas autoridades del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi. En estas publicaciones se les señala como “aprovechados y extorsionistas”. Con los hechos descritos anteriormente, es claro que se realizan de manera sistemática y que el trasfondo es limitar la labor periodística y el derecho de informar de Carlos Ernesto Choc.
La integridad del periodista de Prensa Comunitaria se encuentra en alto riesgo, a raíz de la cobertura periodística que ha hecho de la manifestación pacífica que realizan las Autoridades Comunitarias, Ancestrales Q’eqchi’, la Gremial de Pescadores y otros grupos de la sociedad civil de El Estor, Izabal, así como de Panzós, Alta Verapaz, en la salida de El Estor hacia Río Dulce.
Esta manifestación pacífica se realiza a raíz de que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- los ha excluido en el proceso de la pre consulta minera sobre las empresas CGN-PRONICO y la transnacional rusa Solway. El Mem solamente incluyó a los Órganos de Coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollos -Cocodes- y a un consejo indígena, según las comunidades estos grupos tienen una posición a favor de la mina y que la municipalidad de El Estor tiene cooptado a estos grupos.
Otros casos de censura
Mientras esto ocurría en El Estor, Izabal, en la ciudad capital se le restringió el ingreso a la Torre de Tribunales al periodista Santiago Botón, corresponsal de la cadena internacional de noticias teleSur. Lo mismo ocurrió con María Guarchaj corresponsal de FGER, ambos acudieron a la misma audiencia sobre la detención de Rudy López Pablo, un joven detenido de manera ilegal el 12 de octubre al finalizar la marcha por el Día de la dignidad y resistencia indígena, negra y popular. En el día dos de la audiencia de López Pablo, la corresponsal de Prensa Comunitaria, Regina Pérez también sufrió las mismas restricciones.
La seguridad y trabajadores del Organismo Judicial, intentaron justificar este hecho, afirmando que no buscan restringir el acceso, solamente buscan evitar que personas que no sean periodistas ingresen a las salas de audiencias. Y que para eso debían acreditarse en la oficina de prensa de OJ, acreditación que finalmente no se dio por parte de esta oficina. Un día después en la continuidad del mismo caso, la jueza decidió que por medidas por la pandemia la prensa no debía ingresar a la audiencia de este caso.
Nuevas agresiones e intimidaciones en contra de periodistas comunitarios en El Estor
