Créditos: Famdegua
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Por Luis Ovalle

Mardoqueo Ortiz Morales, exmiembro de la tropa élite kaibil, del ejército de Guatemala, fue enviado a debate oral y público este jueves, por los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad, al existir suficientes pruebas sobre su participación en la masacre de más de 250 personas, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, en el parcelamiento las Dos Erres, la Libertad, Petén.

La jueza Claudette Domínguez, del Tribunal de Mayor Riesgo A, hizo las argumentaciones correspondientes, en la conclusión de la etapa intermedia del proceso contra Ortiz Morales; Los jueces no pueden obviar las declaraciones testimoniales ni otros medios de investigación, subrayó la togada.

Asimismo, subrayó que los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato son independientes, según resolución de la Corte de Constitucionalidad, a luz de los convenios de Ginebra, contrario a lo que argumentó la defensa.

La juzgadora desvirtuó los argumentos de la defensa así como de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y denegó el sobreseimiento del caso.

Según el testimonio de César Franco Ibáñez, un exkabil que también habría participado en el hecho y que consta en los medios de prueba, fueron organizados en grupos y enviados a recuperar 21 armas que la guerrilla les había quitado recientemente en una emboscada.

La versión de Franco Ibáñez detalla que el 6 de diciembre recibieron la orden de patrulla preparatoria y se les suministró municiones, uniformes, comida y otros equipamientos. Fueron integrados en tres grupos: de seguridad, de comando y de asalto. Llamó la atención a la jueza Domínguez que entre estos militares hubiera expertos en demoliciones, asalto, interrogatorio y “rematadores”.

Según el testimonio, la misión era confundir a la población haciéndose pasar como guerrilleros, por lo que no se utilizaron uniformes del ejército de Guatemala; el único distintivo común era un brazalete rojo. Además, 40 soldados kaibiles integraban la patrulla.

Se adentraron a la comunidad en horas de la noche, guiados por una persona. Al llegar concentraron a un grupo de habitantes en la iglesia y a otro en la escuela; por la tarde de ese día ya se les había dado muerte a todos, indica el testigo al que se refiere la jueza.

Ortiz Morales habría sido uno de los encargados de llevar a las personas junto al pozo, donde eran interrogadas sobre la ubicación de las armas; al no obtener respuesta eran golpeadas en la cabeza y lanzadas al pozo, al que también tiraban granadas de fragmentación, para que nadie quedara vivo.

Las mujeres y niñas, concentradas en la iglesia, algunas de ellas embarazadas, fueron violadas en repetidas ocasiones, incluso gravemente heridas.

Al día siguiente, a las 7 a.m., varias mujeres y niños de otra comunidad llegaron al lugar, porque se les había mandado a llamar; también fueron llevadas a la montaña, desde donde se escucharon varias descargas de fusil. Al regresar, algunos soldados contaron que habían acribillado a toda la gente.

Antes de retirarse, los militares fueron reunidos para recibir instrucciones, en las que se les indicó que nadie debía decir nada de lo ocurrido ahí, menciona la jueza y añade que Franco Ibáñez indicó que Ortiz Morales se encontraba en el lugar, que era cabo especialista y encargado del interrogatorio de las personas junto al pozo.

La jueza Claudette Domínguez concluyó que es viable dictar auto de apertura a juicio en contra de Mardoqueo Ortiz Morales, por los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad.

Finalmente, la juzgadora leyó los nombres de 200 víctimas de la masacre del parcelamiento las Dos Erres, presentado por el Ministerio Público.

La jueza Domínguez aceptó a la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famdegua), como querellante definitivo y agendó para el jueves 21 de octubre, a las 12 horas, la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba.

El tribunal competente para el debate oral y público será el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo A, a cargo de la doctora Iris Yassmín Barrios Aguilar, concluyó.

Por este caso ya han sido condenados, Reyes Collin Gualip, quien fue capturado en Villa Nueva, el 9 de febrero del 2010. Fue subinstructor de la Fuerza Especial Kaibil. Manuel Pop fue detenido el 9 de febrero del 2010, en Alta Verapaz. Fue condenado a 6 mil 60 años de prisión por la masacre.

Carlos Carías, teniente kaibil, se entregó a la justicia en marzo del 2010. Fue condenado a 6 mil 66 años de prisión y alega inocencia.

Daniel Martínez Hernández, capturado en Quezaltepeque, Chiquimula, el 10 de febrero del 2010. Fue instructor kaibil.

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