Ante la criminalización y judicialización que enfrentan Dina García, Evelyn González, Orfelina Gómez, Norma Hidalgo, Flordilia Hidalgo y Catalino Hidalgo, defensoras y defensor del territorio en la cabecera municipal de Huehuetenango, quienes desde el año 2017 han defendido el derecho de su comunidad “El Terrero Zona 4” a ser informada y consultada sobre la instalación de una torre de telefonía por la empresa SBA TORRES DE GUATEMALA, S.A. exponemos y suscribimos el siguiente comunicado:
Huehuetenango es uno de los territorios mayormente afectados por la imposición de proyectos extractivos de forma inconsulta en las comunidades por empresas nacionales y transnacionales, situación que ha provocado los más graves conflictos sociales y la flagrante violación a los derechos humanos de mujeres y hombres que ejercen su derecho a la defensa de sus territorios, provocando desarticulación del tejido social, persecución, encarcelamiento e incluso asesinato de representantes comunitarios, mujeres y hombres que defienden el territorio.
Hoy nuevamente, con profunda preocupación e indignación vemos como cinco compañeras nuestras y el padre de dos de ellas, están demandadas por la empresa SBA TORRES DE GUATEMALA, S.A., acusándolas de graves delitos como son instigación a delinquir y atentado en contra de los servicios de comunicaciones. Esta acusación, se inscribe en el ya conocido patrón de criminalización de la protesta social, en Guatemala, que convierte en ilegítimos e ilegales los derechos que nos asiste a todas y todos para manifestarnos, movilizarnos, organizarnos y demandar pacíficamente el ser escuchadas, sobre todo cuando sabemos que las empresas están entrando de manera inconsulta y violenta en nuestras comunidades y nos vedan el derecho a estar informadas sobre los proyectos que buscan implantar, como sucedió en el terreno donde se localiza el centro de salud de la comunidad El Terrero, zona 4 de la cabecera municipal de Huehuetenango, lugar escogido por SBA TORRES DE GUATEMALA, S.A., para instalar su proyecto denominado “Poste para Telecomunicaciones El Terrero, zona 4”.
Las defensoras y el defensor criminalizado, no se oponen al desarrollo comunitario, siempre lo han buscado aportando organización, trabajo, tiempo y dedicación para que su comunidad prospere; ellas son un referente de organización a favor de las mujeres, la niñez y la juventud. Durante cinco años, han visto afectadas sus vidas y cómo sus familias viven en la intranquilidad ya que, al quedar ligadas a proceso por la demanda interpuesta por SBA TORRES DE GUATEMALA, S.A., tienen como medida sustitutiva, antes de llegar a la audiencia de fase intermedia, arresto domiciliario obligándolas a firmar el libro de arresto cada quince días en el Juzgado de Paz de Huehuetenango y como ha manifestado una de las Defensoras acusadas, Orfelina Gómez, de 68 años de edad “me siento prisionera en mi propia tierra, ir a firmar es un desgaste físico y económico”.
El próximo 4 y 5 de octubre y el 10 de noviembre del 2021, las cinco defensoras y el defensor deben presentarse al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de La Democracia, del departamento de Huehuetenango; ante esta situación, además de manifestarles nuestro irrestricto apoyo, solidaridad y sororidad; demandamos:
• Del Estado de Guatemala respetar el marco legal vigente en materia de derechos humanos y las leyes de participación ciudadana para que las voces de las comunidades sean escuchadas y tomadas en cuenta, especialmente, a las mujeres para que participen en las decisiones que atañen al desarrollo de sus/nuestras comunidades.
• De la empresa SBA TORRES DE GUATEMALA, S.A, desistir de criminalizar a las defensoras y defensor y cumplir con todos los requisitos legales que este tipo de proyectos demandan, antes de iniciar su instalación. Principalmente cumplir el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades.
• Al Ministerio Público cumplir con el debido proceso de investigación y valorar todas las pruebas de descargo que la defensa de las defensoras y defensor han aportado en la fase intermedia.
• Al Juez que lleva el caso, considerar el contexto de criminalización y violación a los derechos de defensoras y defensores del territorio en Huehuetenango, considerar los casos jurídicos que han sentado precedentes en el departamento, donde luego de largos procesos judiciales se ha probado la inocencia de quienes han sido acusados de delitos similares a los que se enfrentan las defensoras y el defensor.
Como mujeres refrendamos nuestro compromiso por continuar aportado a la construcción de una nueva Guatemala, exigimos que cese toda criminalización y judicialización en contra de defensoras y defensores del territorio, que sabemos, forma parte de la estrategia para continuar infundiendo terror en las comunidades y territorios de Huehuetenango y del resto del país.
Todas somos prisioneras de este Estado que viola los derechos de las defensoras del territorio
Huehuetenango, 4 de octubre de 2021
