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Por Consejo de Pueblos Mayas

Organizaciones de pueblos indígenas, sociales y de estudiantes universitarios, presentaron el pasado 21 de septiembre ante la Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Electricidad regulada en el Decreto 93-96, porque señalaron que fue diseñada para favorecer los intereses de la iniciativa privada, la mercantilización y el lucro, en donde predomina un monopolio privado.

Entre las organizaciones se encontraba el Consejo del Pueblo Maya (CPO), el Parlamento Xinka, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la Junta Directiva del Consejo Ancestral de los siete municipios de Totonicapán, la Asociación de Comunidades en Resistencia de Ixcán, Cobán y Zona Reina y el Frente Metropolitano por la Defensa del Territorio (Fredemi).

Las organizaciones señalaron que la Constitución Política de la República de Guatemala mandata al Estado y a las municipalidades la formulación de planes y proyectos de electricidad para satisfacer las demandas de la población y también menciona la colaboración de la iniciativa privada; sin embargo,  los papeles se han invertido, el Estado y las municipalidades se han convertido en tramitadores, capturados y sustituidos por empresas y corporaciones privadas.

Por otro lado, señalaron que tienen conocimiento que actualmente en Guatemala se produce un excedente de electricidad mayor al 50 % y en el 2020 rompió récord, al alcanzar el 84 % en la generación de energía renovable. Estos números, aparentemente favorables, no se reflejan en tarifas y en la cobertura de electricidad en el país. La población mayoritaria sigue pagando tarifas muy altas y el 8 % de la población no cuenta con el servicio de electricidad.

Empresas privadas se convierten en exportadoras de energía en el mercado centroamericano; esta injusticia ha provocado violaciones a derechos fundamentales como la no consulta a los pueblos, la profundización de la pobreza, despojo y privatización de los ríos, y bienes naturales comunes en general, asimismo la criminalización de las luchas comunitarias y militarización de territorios, señalaron.

Para los movimientos y organizaciones la Ley de Electricidad Decreto 93-96 contradice a la Constitución en sus artículos 1, 2, 4, 66, 67, 118, 129, y 130; pues vulnera derechos fundamentales referentes a la realización del bien común, la vida, justicia, seguridad, el desarrollo integral, el principio de igualdad, las formas propias de organización de los pueblos y comunidades indígenas; entre otros derechos.

En este contexto, demandaron de urgencia que la Corte de Constitucionalidad declare el Decreto 93-96 como inconstitucional y se suspenda de inmediato la Ley de Electricidad para dar paso a un debate nacional y, en consenso, construir un nuevo modelo energético consecuente con las demandas e intereses de la población.

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