Organizaciones denuncian protección de intereses rusos frente a derechos Q’eqchi’

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Créditos: Prensa Comunitaria.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Prensa Comunitaria

El ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha escuchado a las comunidades Q’eqchi’ legítimamente acreditadas por las comunidades y en su lugar ha colocado a grupos afines a la Compañía Guatemalteca de Níquel/Pronico, para hacer creer que el proceso de consulta a la población indígena, ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), ha sido legítimo, cuando en realidad ha sido tomado como un proceso administrativo lleno de irregularidades; esto fue denunciado por organizaciones sociales e indígenas que realizaron una conferencia de prensa urgente este viernes, luego del desalojo violento contra población que manifestaba de manera pacífica en El Estor Izabal.

La manifestación, reconocida como la resistencia maya Q’eqchi’ antiminera, colocó un plantón en la salida que del municipio de El Estor conduce a Río Dulce y a los únicos que no dejaban pasar era a los camiones que transportaban carbón para la mina. El resto de población, vehículos livianos y camiones de comerciantes podían transitar sin problemas.

Según denunció Erwin Tut, durante la conferencia de prensa de las organizaciones sociales que rechazaron el uso de la fuerza contra la población Q’eqchi’, durante 7 días de los 20 que estuvo la resistencia manifestando, la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar para intentar desalojarlos y dar paso a los camiones con carbón a la mina.

Por su parte, el diputado independiente Aldo Dávila,  también rechazó la brutalidad de la PNC ejercida en contra de la resistencia pacífica antiminera Q’eqchi’ y señaló que a conveniencia Gendry Reyes, ministro de Gobernación, permite estos abusos.

El uso de esa fuerza policial desmedida, contrasta con la que se usó contra los exmilitares que llegaron a quemar y tomar el Congreso el martes de esta semana, cuestionó Dávila.

“Es evidente que les urge proteger a los rusos con los que el presidente Alejandro Giammattei ha pactado”, cuestionó el diputado, sobre la protección estatal al paso de los camiones de la mina, sin haber escuchado la opinión de las comunidades.

Entre las justificaciones que las autoridades de Gobierno, municipal y hasta algunas personas que decían ser representantes de Pronico daban para hacer uso de la fuerza policial está que las comunidades no quieren una mesa de diálogo.

Pero las comunidades han reiterado que han agotado ese proceso, porque son convocados y al final no son atendidas sus demandas ni necesidades.

Por otro lado, otra de las expresiones de rechazo durante la conferencia se centró en las agresiones y ataques en contra de la libertad de expresión y el ejercicio de prensa. Tut dijo que varios periodistas, entre ellos 4 de Prensa Comunitaria que estaban transmitiendo en vivo, fueron atacados y agredidos por la PNC porque documentaban y daban a conocer la forma en que incluso algunos agentes de la PNC tomaban piedras y las lanzaban a los manifestantes.

Reiteradamente, los representantes de las organizaciones sociales e indígenas cuestionaban “¿Cuál es la intención de Giammatteti de usar la fuerza desmedida contra la población que pacíficamente protestaba en contra de la minería en Izabal?” y lo vinculaban a los intereses rusos que prevalecen sobre los colectivos de los pueblos indígenas.

Finalmente, la Defensoría Q’eqchi’ dijo que “avalamos los puntos que las autoridades ancestrales dicen, porque las comunidades deben ser consultadas, y no un grupo de la municipalidad o de la minera como lo ordenó la CC y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”

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