Por Prensa Comunitaria
Las agresiones contra la prensa durante el 2021 han ido en aumento en relación a los casos registrados durante el 2020. Especialmente en contra de periodistas comunitarios e indígenas.
En las últimas dos semanas se han dado varios casos, uno en El Estor, un municipio Maya Q’eqchi de Izabal, a unos 232 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Un segundo caso ocurrió en la Torre de Tribunales, en la ciudad capital, durante la cobertura de una de las audiencias en contra de Rudy López Pablo, un joven detenido de manera ilegal el 12 de octubre al finalizar la marcha por el Día de la dignidad y resistencia indigena, negra y popular.
El periodista comunitario y corresponsal de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, ha sido víctima en los últimos días de varias agresiones a causa del trabajo periodístico que realiza en El Estor. La última agresión se dio el 15 de octubre del presente año, cuando un tractor derribó una columna en la entrada a su residencia, derribando el portón de entrada.
El hecho se registró mientras él cubría el intento de desalojo ilegal por parte de la Policía Nacional Civil PNC, en el lugar en dónde se instaló la resistencia pacífica anti minera, sobre la carretera principal del municipio.
Cuando el periodista Carlos Choc buscaba una explicación a la destrucción de la puerta de su casa, sin explicación alguna el Cocode de la comunidad reprochó su labor periodística sobre el rechazo a la empresa minera, esto incluso llegó a extremos que le dijeran que lo podrían expulsar de la comunidad. En ocasiones anteriores algunos Cocodes amenazaron con lo mismo, sin argumentos claros. Ese mismo día la discusión se dio posterior a la cobertura que el periodista hiciera por el problema minero.
El mismo 15 de octubre varias personas de la comunidad manifestaron su respaldo al periodista, cuestionando fuertemente la actitud del Cocode. Unas horas después hubo una disculpa por parte de la autoridad local.
Estos hechos se dan en un contexto de amenazas e intimidaciones, en las redes sociales como Facebook y WhatsApp, al periodista se le señaló de ser uno de los desestabilizadores del municipio, particularmente de organizar los bloqueos en este lugar. También se han hecho señalamientos en contra de Prensa Comunitaria por documentar y publicar sobre el problema minero.
Mientras, en la ciudad capital, el periodista Santiago Botón, corresponsal de la cadena internacional de noticias TeleSur, así como María Guarchaj corresponsal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), sufrieron restricciones en su derecho a informar. Ambos acudieron a la misma audiencia sobre la detención de Rudy López Pablo. El día dos de la audiencia de López Pablo, la corresponsal de Prensa Comunitaria, Regina Pérez también sufrió las mismas restricciones.
La seguridad y trabajadores del Organismo Judicial intentaron justificar este hecho, afirmando que no buscan restringir el acceso, solamente “evitar que personas que no sean periodistas ingresen a las salas de audiencias”. Para ello debían acreditarse en la oficina de prensa de OJ, sin embargo, aunque hicieron los trámites, no les fue otorgada ninguna acreditación.
Un día después en la continuidad del mismo caso, la jueza decidió que por medidas de “bioseguridad” a raíz de la pandemia, la prensa no debía ingresar a la audiencia de este caso. Lo mismo ocurre en varios juzgados departamentales, en Nebaj por ejemplo durante la audiencia de una defensora Maya K’iche de Joyabaj, al periodista Simón Antonio Ramón de Prensa Comunitaria no se le permitió el ingreso el 2 de septiembre, justificando medidas de pandemia.
Guatemala, 18 de octubre de 2021.
