Por CPJ
Nueva York, 28 de octubre de 2021 – Las autoridades guatemaltecas deben dejar de acosar a los periodistas que cubren protestas y garantizar que la prensa independiente pueda cubrir de manera segura eventos de interés nacional sin interferencias, dijo hoy el Comité para la Protección de los Periodistas.
Desde el 22 de octubre, agentes de policía se han enfrentado a manifestantes en El Estor, en el departamento costero oriental de Izabal, que se han manifestado contra las operaciones mineras en una planta procesadora de níquel local, según informes de prensa .
La policía ha allanado al menos un medio de comunicación y las casas de al menos dos periodistas en relación con esas protestas, y ha acosado a miembros de la prensa que cubrían las manifestaciones, según informes de noticias y periodistas que hablaron con el CPJ.
“La policía guatemalteca debe demostrar que es capaz y está dispuesta a distinguir entre manifestantes y la prensa, y dejar de acosar a los periodistas por cubrir manifestaciones en El Estor”, dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe del CPJ. “Las autoridades deben reconocer que los periodistas tienen derecho a cubrir las manifestaciones y asegurarse de que pueden hacerlo de manera segura, en lugar de tratarlos como delincuentes simplemente por hacer su trabajo”.
En un video del 22 de octubre publicado en Twitter por el medio digital independiente Prensa Comunitaria , se puede ver a la policía ordenando a los periodistas que no los filmen y pidiéndoles que abandonen la escena. En otro video de ese día, el reportero de Prensa Comunitaria Carlos Choc dijo que los policías lo empujaron y confiscaron su teléfono y micrófono mientras intentaba cubrir las manifestaciones.
Un reportero de Prensa Comunitaria que habló con el CPJ bajo condición de anonimato, citando temor a represalias y preocupaciones de seguridad continuas para el equipo en El Estor, dijo que la policía le había devuelto el teléfono a Choc hasta el día de hoy, pero no su micrófono.
El 24 de octubre, agentes de la policía registraron la estación de radio Xyaab ‘Tzuultaq’a, que también ha cubierto las manifestaciones, según informes de noticias y la Federación Guatemalteca de Escuelas de Radio , un grupo nacional de radios comunitarias. El director de Xyaab ‘Tzuultaq’a, Robin Macloni, dijo al CPJ a través de una aplicación de mensajería que la policía pasó unos 30 minutos dentro de la oficina, interrogó a uno de sus empleados y luego se fue sin confiscar nada.
El 26 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, policías y funcionarios del Ministerio Público allanaron la casa del reportero de Prensa Comunitaria Juan Bautista Xol en El Estor y lo acusaron de participar en las protestas, según una entrevista que el periodista concedió tras el allanamiento. , así como el reportero de Prensa Comunitaria que habló con el CPJ. El allanamiento duró más de dos horas, durante las cuales a Bautista no se le permitió salir del local, según esas fuentes.
Bautista dijo en esa entrevista que no tuvo ningún papel en las protestas y solo las cubrió como periodista. No enfrenta cargos penales, pero funcionarios del Ministerio Público le confiscaron su teléfono celular, según esa entrevista y un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Guatemala.
También el 26 de octubre, agentes de la policía registraron la casa de Choc en su ausencia, según informes de prensa y Prensa Comunitaria . Las autoridades no incautaron nada de la vivienda ni detuvieron a nadie, según esas fuentes.
Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional de Guatemala en El Estor, dijo en un comunicado que los allanamientos se realizaron “para localizar a personas relacionadas con ataques contra policías durante las manifestaciones” pero que no hubo detenciones.
El CPJ ha documentado previamente acoso e intentos de intimidar a Choc, incluido un robo en su casa en abril de 2020 y un caso penal contra él y otro periodista por documentar la muerte de un pescador durante una manifestación.
El CPJ envió un correo electrónico al Ministerio Público ya la Policía Nacional de Guatemala en busca de comentarios; el Ministerio de Gobierno, que supervisa a la policía, respondió con una respuesta automática diciendo que un funcionario respondería dentro de los 10 días, y el Ministerio Público no respondió.
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