Niñas y adolescentes embarazadas en Chiquimula, la pandemia invisible

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Créditos: Imagen de adolescente madre con fines ilustrativos. Foto Francisco Simón Francisco.
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Es necesario reconocer que una niña puede estar cerca de la muerte al tener un embarazo forzado y también implica que las niñas y adolescentes dejan de tener oportunidades en educación y de tener un desarrollo físico y mental adecuado”. Gabriela Paz Portillo.

Por Amílcar Morales

La situación de embarazos en niñas y adolescentes en el departamento de Chiquimula es una problemática alarmante que sigue incrementando. Cada año, de un aproximado de 2 mil niñas y jóvenes entre 10 a 19 años embarazadas en el Oriente del país, un 21% de casos se registran en ese departamento.

De enero a junio de 2021 se han registrado 1 mil 400 embarazos en adolescentes, lo que indica que se mantiene el mismo ritmo de casos del año pasado y si no se sensibiliza a la población acerca de la problemática, hay probabilidades de que se cierre este año con unas 2 mil niñas y adolescentes en gestación, truncando así sus proyectos de vida, porque pierden muchas oportunidades y el fortalecimientos de sus capacidades técnicas en la educación, según Jaime Mantar, Trabajador Social del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del departamento de Chiquimula.

Mantar se refirió a esta problemática el pasado 26 de septiembre, Día Internacional de la Prevención de embarazos en niñas y adolescentes, cuando la Mesa Técnica Interinstitucional para la Prevención y reducción de embarazos en adolescentes, PLANEA y la Red departamental para prevención de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de Personas (RED VET) en el departamento de Chiquimula y Zacapa, realizaron una conferencia de prensa.

Según el entrevistado, Chiquimula se caracteriza por ser un departamento donde persiste una cultura machista y violenta, que se refleja en varios casos de embarazos en niñas menores de 14 años que son víctimas de una agresión o violación sexual.

Círculos de violencias

En el Área de Salud de Chiquimula se brinda acompañamiento psicológico a este tipo de casos, bajo la coordinación de la psicóloga Sindy Vásquez quien también lleva el control de los suicidios. Desde esa área se ha seleccionado a un psicólogo en cada municipio para que por lo menos, una vez a la semana llegue a atender a las niñas o adolescentes que están embarazadas, para conocer la causa de ese embarazo o algún otro problema que estén atravesando.

Actualmente se brindan servicios en los municipios de Esquipulas, Quezaltepeque, Camotán, San Jacinto y la cabecera Chiquimula, donde han identificado que se necesita apoyo psicológico.

Según datos del área de salud, se ha detectado que muchas de las niñas y adolescentes entre 10 y 14 años deciden quitarse la vida, lo que representa un 18% de las muertes anuales que se registran por esa causa en el departamento, incrementándose a casi un 20% de suicidios al sumar las edades de 15 a 19 años.

Entre las recomendaciones que se brindan a las madres y padres, se busca fortalecer los lazos de comunicación con sus hijas e hijos, porque en algunos casos durante la niñez y adolescencia se viven problemas en las propias familias o existen situaciones que van más allá y pueden estar provocando abusos o violencias.

La comunicación efectiva es un factor que se considera muy importante, por lo que al detectarse algún problema en las familias es importante involucrar a las maestras y maestros que pueden contribuir a fortalecer esa comunicación, con educación integral sobre sexualidad, para que las niñas y adolescentes conozcan su cuerpo, cómo funciona y los cambios que puedan atravesar en esas etapas de la vida. Además, para que puedan contar con otras personas de confianza para hablar de los problemas que enfrenten.

Sobre el perfil de las adolescentes que requieren atención por un embarazo, la mayoría solo tiene el nivel básico y muy pocas el nivel diversificado. Cuando van a ser madres, en muchos casos son obligadas a buscar un trabajo que es mal renumerado y sufren explotación y más violencia, por lo tanto, sus proyectos de vida se ven truncados.

Roció López, psicóloga del hospital de Chiquimula y coordinadora de atención a víctimas de violencia sexual y maltrato infantil, indicó que en el hospital cuentan con una clínica especializada compuesta por un equipo multidisciplinario conformado por un ginecólogo, una trabajadora social, una enfermera profesional, pediatras y cirujanos, para apoyar a cualquier victima vulnerada en sus derechos y así brindar una atención con calidad y especializada.

Foto: Nelton Rivera.

López dijo que también se encargan de dar acompañamiento legal a las víctimas, notificando obligatoriamente a las diferentes instancias de seguridad y justicia como al Ministerio Publico (MP), a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Kits para prevenir embarazos

Es importante que la población conozca que una de las medidas urgentes para este tipo de agresiones y violencias en contra de niñas y adolescentes es aplicar el protocolo dentro de un periodo de 72 horas para las víctimas, que incluye un kit con tratamiento anti retroviral y otro para embarazos no deseados, por lo que es se debe denunciar a tiempo y no perder la oportunidad para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos producto del abuso sexual.

Cuando el embarazo en menores de14 años se encuentra avanzado y las niñas son atendidas con apoyo psicológico, se verifica si su embarazo está en condiciones estables, y se le brinda el acompañamiento legal y atención porque en Guatemala cualquier caso de embarazos en niñas menores de 14 años es considerado un delito y una violación.

Este año se han registrados 26 embarazos en niñas menores de 14 años, en los casos que atiende el hospital, además 70 casos totales de abuso sexual de los cuales 46 corresponden a menores de edad.

Este número es muy preocupante para López, ya que existen muchos casos que no son referidos al hospital y son atendidos en las casas a veces por alguna comadrona, en un centro asistencial privado o un médico particular, por lo que no se registran en las bases de datos oficiales.

Cuando el Área de Salud en las regiones rurales identifica un caso, es trasladado al hospital y es ahí donde se da la atención y se activan los protocolos.

Según la profesional del hospital, la cabecera departamental es donde se registran más casos, luego sigue Esquipulas y Jocotán, esto se da por la cantidad de población que tienen, donde se refleja la mayor tasa de incidencias relacionados con la violencia y abuso sexual.

Seguimiento y condenas

Gabriela Paz Portillo, Consultora departamental para Chiquimula y Zacapa de la Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), indicó que según las estadísticas trimestrales que hasta en el mes julio de este año han ingresado en el Organismo Judicial, tienen conocimiento de 38 de casos donde se han logrado 17 sentencias condenatorias y 19 absolutorias, para el departamento de Chiquimula.

Durante el periodo de enero a julio de este año, el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reportó 36 casos de embarazos en niñas menores de 14 años en el departamento de Chiquimula.

En relación a los reconocimientos médicos por el delito sexual, el INACIF reportó 92 casos, 48 de los cuales corresponden a niñas y jóvenes en las edades de 13 a 17 años y 3 de género masculino. El MP ha reportado un total de 165 casos de violencia sexual, 218 son agraviados, datos que corresponde al primer trimestre del 2021.

Paz Portillo también dijo que la mayoría de los casos no son reportados, por miedo al estigma o por la supuesta “honra familiar”, algo que se presenta más en las áreas rurales.

Cuando se habla de trata de personas, también dice que se debe abordar el matrimonio forzado que a veces, la madre o padre dan a sus hijos o hijas, lo que aumenta los embarazos sin darse cuenta de que el cuerpo de una niña no está preparado para ser madre.

Paz Portillo consideró necesario reconocer que una niña puede estar cerca de la muerte al tener un embarazo forzado y también implica que las niñas y adolescentes dejan de tener oportunidades en educación y de tener un desarrollo físico y mental adecuado.

Según estadísticas de esa institución, un 76% de los agresores sexuales se encuentra dentro del cirulo familiar o social que se dan por falta de conocimiento y educación sexual y el otro 24% son los agresores de personas desconocidas.

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