Más de 25 comunidades se declaran en resistencia antiminera en el Oriente del país

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Créditos: Prensa Comunitaria.
Tiempo de lectura: 10 minutos

Por Prensa Comunitaria

Más de 25 comunidades del Oriente de Guatemala se declararon en resistencia antiminera y con la consigna “¡No a la minería, Sí a la vida!”, expresaron su rechazo al proyecto minero El Pato, ubicado en una comunidad con el mismo nombre, entre los cerros Tajurán y el Gigante, de vital importancia para las poblaciones de Zacapa, Jalapa y Chiquimula.

Pese a que no existe una licencia minera como tal, la empresa el Pato S.A. insiste en realizar acciones de exploración.

 

En un comunicado emitido por la coordinadora comunitaria Tajurán – el Gigante, el pasado 17 de octubre, Nery Diaz, coordinador de esa organización, dijo que en una asamblea libre y democrática se definió desde agosto pasado junto a todas las comunidades ubicadas en las cercanías de los cerros, que éstos constituyen una fuente de vida para las poblaciones y por esa razón las personas afectadas por la minería se organizaron para proteger su territorio, los cerros y las fuentes de agua, además pidieron al gobierno que deje de otorgar licencias a proyectos de minería.

Cerros importantes para la vida

Los cerros Tajurán – Gigante son considerados ecosistemas donde se ubica la destrucción generada por parte del proyecto minero el Pato, que abarca y afecta a las comunidades en resistencia, así como a las del municipio de San José La Arada Chiquimula, aldeas del municipio de San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa y comunidades del municipio de San Diego del departamento de Zacapa.

A todas las comunidades en resistencia las une el objetivo de proteger sus territorios, las montañas y las fuentes de agua que transforman en vida y beneficios para los pobladores de los municipios anteriormente descritos.

Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Guatemala en 1995, se dice que los Gobiernos deben asumir la responsabilidad de proteger y preservar la diversidad biológica, con apego y acatamiento a los intereses colectivos comunitarios, respetando la voluntad y decisión libre previa e informada de las comunidades involucradas y no el interés particular e inhumano.

Por esa razón la coordinadora Tajurán – Gigante, exigen a las autoridades del Estado, que no se otorguen licencias de ningún tipo, para trabajos mineros al cielo abierto o en túneles, que atenta contra los recursos naturales en el oriente del país, y contra la paz y armonía en las comunidades.

Tanto la Coordinadora como las comunidades piden al Estado que se respete la libertad, la voluntad consciente y la concordia de los vecinos en la defensa de la madre tierra, porque de ella se alimentan; es una fuente de la vida de la especie humana que también está en riesgo en desaparecer por la actual cultura del descarte, que privilegia el interés económico por encima del bienestar y de la dignidad de la persona, y en cambio solo deja destrucción y ruinas en las comunidades.

La mina mata

Según Díaz, los daños ocasionados por la minera el Pato no solo se centran en la explotación de recursos o tala de árboles, porque además se han reportado problemas de salud en la población que se ha quejado de malestares como bronquitis por la contaminación que llega a través del aire hasta los hogares.

A largo plazo también se prevé que existirá un riesgo con las fuentes de agua que van filtrando contaminantes a la profundidad del subsuelo.

En lugar de la exploración minera hubo una gran cantidad de árboles talados y el ministerio de Ambiente aún no ha informado acerca de las licencias sobre tal destrucción del bosque. Hasta el momento tampoco se tienen órdenes de captura en contra de los responsables del daño al ecosistema, una situación que preocupa a las comunidades porque no hay responsabilidades penales que el Estado de Guatemala planifique ejecutar.

En ese sentido, las comunidades se sienten indignadas ante la arbitrariedad por parte del Estado, frente a la persecución que se realiza en contra de la organización comunitaria y protección a las grandes corporaciones y de los intereses económicos particulares, que en absoluto dejan algún beneficio a las comunidades.

La Coordinadora comunitaria Tajurán – Gigante, ha logrado algún tipo de acercamiento con las autoridades, pero no ha habido respuestas concretas a la problemática. Al momento solo han tenido apoyo de asesorías de organizaciones internacionales, que trabajan en la protección del medio ambiente, para fortalecer a las comunidades con información valiosa para hacer ver la preocupación y el fundamento legal que existe tanto a nivel nacional e internacional para impulsar la protección ambiental.

Díaz comentó que en el sector hay escuelas y puestos de salud en abandono y la carretera se encuentra en mal estado, bajo engaños las autoridades han indicado que va a llegar el desarrollo cuando en realidad no lo hay.

Uno de los tramos que se ha prometido arreglar es el de Chiquimula hasta la comunidad de Laguna, cosas que no se han visto hasta hoy, mientras la población sigue con difícil acceso, comentó Díaz.

Bajo engaños también se ha autorizado la licencia de la explotación minera, por eso la coordinadora comunitaria hizo el llamado a las autoridades a que se respete su trabajo, y la decisión de las comunidades a la resistencia en contra de la empresa minera.

Por su parte, el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), de la Colonia San Francisco de Chiquimula, Iván Regalado, expresó que desde que se descubrió América el 12 de octubre 1492, también se descubrió la minería en Guatemala y en toda la región, porque el área está llena de recursos que lograron el financiamiento y desarrollo de guerras a costa del propio subdesarrollo de todos los pueblos americanos.

“¿Cómo es posible que más 529 años después todavía existan esos saqueos a plena luz de la vista, como es posible que nosotros como pueblos permitamos que los recursos sean saqueados a costas del propio empobrecimientos de nuestros pueblos?”, añadió Regalado, e indicó que por eso los vecinos de la colonia san Francisco también se declaran en resistencia y se unen solidariamente a las más de las 25 comunidades de los cerros Tajurán – Gigante que luchan a favor de la vida y de los recursos naturales.

Regalado dijo que “nos unimos a quienes luchan por el futuro de nuestros hijos y para que en el futuro no nos falte el agua y los recursos, con un rotundo no a la minería, no al saqueo, no al atentado en contra de la biodiversidad de la tierra, no al robo descarado de los recursos a costa de la pobreza de nuestro pueblo”.

Además, invitó a todas las colonias a unirse a este movimiento, ya que solo unidos se podrá lograr un mejor futuro para las próximas generaciones. “Estamos luchando contra la muerte futura, estamos luchando para no convertir una Chiquimula en un desierto, no podemos permitir que unos se enriquezcan a costas de nuestro recursos”, puntualizó Regalado.

Mapas de minería

Benjamín Chan, antropólogo del Observatorio de Industrias Extractivas, indicó que el proyecto minero el Pato inició desde el 2003, cuando se solicitó una licencia de exploración, que fue otorgada a la compañía mineral Condor y desde el 2015 hasta fecha, según los documentos de energía y minas, esa empresa y su abogado han estado demandando constantemente a el Pato, peleando para ver quién es el dueño de la licencia.

En el 2017 la empresa minera el Condor le vendió la licencia a la empresa actual el Pato S.A. y existe un mapa de minería que Chan presentó donde se detalla en color rojo las únicas licencias que están aprobadas para la exploración, mientras que las que se encuentra en color morado solo son solicitudes, es decir que no pueden operar mientras no sea una licencia.

Para todo proyecto minero se debe tener un estudio de impacto ambiental que se presenta ante el ministerio de Ambiente, y según el impacto ambiental para el Pato las únicas tres comunidades que serán afectadas por la operación minera son el Poshte, La Cotocha, y el Pato, mientras las demás no están consideradas en el área que afecta la mina a pesar del daño a los sistemas, los flujos de agua, entre otros.

Las comunidades dicen que solo está aprobada la solicitud del estudio de impacto ambiental y no hay ninguna la licencia aprobada para que una empresa minera opere en el sector.

Según Chan, hay diferentes empresas que quieren hacer valer sus intereses mineros en el área. En ese departamento están los intereses de las grandes transnacionales mineras rusas y canadienses, empresas como Mayaníquel, Pronico y la Compañía Guatemalteca de Níquel son parte de ese grupo de empresas que aunque están en Izabal, sus nombres han sido asociados y vinculados.

Algunas empresas rusas también aparecen en el mapa minero con color amarillo, las que se encuentran en color rojo son canadienses asociadas a la mina Marlín y Puyas. Con color celeste se asocian empresas de Estados Unidos que con el único fin de abarcar el espacio, consiguen minas para luego hacer negociaciones con la personas o empresas que quieran invertir en ese lugar.

Según el mapa minero, en el municipio de San José la Arada hay dos proyectos mineros que no están aprobados y ya están operando ilegalmente; por esa razón, para las comunidades organizadas es importante que la población conozca que existen personas o empresas que están operando en los territorios sin seguir los procesos que el Gobierno estableció.

Benjamín Maldonado García, vecino del caserío el Pato y delegado de la palabra de Dios de la Iglesia Católica, manifestó su preocupación por la situación en que viven y del daño ocasionado por la exploración de los recursos propios de la comunidad que ya no tiene ninguna reparación. “Que triste saber que en lugar de proteger los recursos mejor los destruyen”, indicó y dijo que desde el año 1983 empezaron a escuchar rumores de que querían realizar un estudio acerca de la minería del sector y así se fue prologando el problema.

Varios años después entró una empresa a querer realizar trabajos hasta dejar daños en la comunidad, pero se ha logrado detener un poco, porque como habitantes del sector manifestaron su descontento que no estaban de acuerdo con los trabajos que se estaba realizando por parte de la empresa desde el año pasado.

En el área afectada por el Pato habitan más de 80 familias, en unas 70 viviendas aproximadamente. Entre los dos cerros se encuentran varios vertientes de agua que abastecen a las comunidades de Zacapa y Chiquimula, que se sitúan a los alrededores, pero ya en los últimos meses los habitantes del sector han tenido que enfrentar problemas con el vital líquido por falta de la lluvia en el Oriente del país, algo que para los pobladores es de mucha preocupación.

Maldonado manifiesta que no han tenido una respuesta favorable por parte de las autoridades para poner fin al problema, más que solo alguna asesoría de un abogado y de la iglesia sobre las acciones que deben realizar para profundizar en el tema y dar solución a la problemática que afrontan. Temen que en un futuro puedan surgir proyectos más grandes, pues les afectaría muchísimo más de lo que se ha visto en los últimos meses, ya que las familias que habitan en el áreas son de escasos recursos económicos y no tienen donde más ir a vivir, muchos sobreviven solo de la agricultura, por eso hizo un llamado a las autoridades a que se respete y hagan valer sus derechos, además de exigir que sean tomados en cualquier beneficio.

Mario de Jesús Oliva, exintegrante del COCODE del caserío el Pato narró a Prensa Comunitaria que se siente muy preocupado por todo lo que ha pasado, no de ahora, sino desde que inició del origen del problema, previo a iniciar con la explotación de los recursos en el sector, las personas o dueños de la empresa con algún interés personal intentaron manipular a la gente con víveres.

Oliva consultó en ese entonces con las personas a las que le llevaron los víveres, para saber si era por parte del apoyo del Gobierno o de alguna persona con interés particular, pero no le quisieron decir.

También preguntó a las personas que habían llegado con los alimentos, sin obtener respuesta, por lo que les dijo que si habían llegado con algún otro tipo de interés, lo mejor era que se regresaran porque de él y de los vecinos, no existía ningún interés personal en ser manipulados con víveres.

Posterior a ello, el COCODE del caserío el Pato se tuvo que enfrentar en varias ocasiones con las autoridades, tanto con la gobernación departamental como con algunos diputados que aseguraban que todo estaba autorizado para el proyecto minero.

“Ninguno de ellos dio buena respuesta, solo el engaño se quedó y eso lo que más molesta y preocupa”, indicó Oliva.

También destacó que el alcalde de Chiquimula, Rolando Arturo Aquino Guerra, colocó un rótulo indicando que todo estaba autorizado para el proyecto. El problema surgió cuando la empresa abusó de la confianza y honradez de los habitantes del sector por eso la iglesia católica empezó a tomar acciones junto con todas las comunidades, comentó Oliva y añadió que en los últimos cinco años debido a la falta de lluvias, la producción de cultivos ha sido muy escasa, porque el lugar ha sido catalogado como corredor seco, pero no se ha visto el apoyo por parte de las autoridades del Gobierno.

“En el país ya no existen oportunidades para tener un empleo digno, la única opción que les queda es migrar para los Estados Unidos para poder conseguir una mejor condición de vida”, enfatizó.

Oliva dijo que en algún momento sintieron temor al recibir amenazas por parte de los trabajadores y personas encargadas de la empresa minera en contra de las personas que no estaba de acuerdo con los trabajos que se desarrollaban y más cuando se paralizó el trabajo de la explotación, ya que los trabajadores indicaron que por la culpa de los habitantes habían perdido sus trabajos, pero los vecinos recibieron apoyo de parte de las iglesias y del Ministerio Público y de otra entidades, puntualizó.

Edmundo Méndez, coordinador de la Pastoral Nacional de la parroquia san Francisco de Asís de Chiquimula, asesor jurídico de la coordinadora comunitaria Tajurán – Gigante, dijo que todos los problemas que han surgido en el tema de la empresa minera el Pato son por la ilegalidad y violación de derechos a los habitantes de las comunidades que se encuentran en resistencia en contra de la explotación de los recursos, porque según las investigaciones que han realizado no existe ninguna licencia autorizada para realizar trabajos mineros en el caserío el Pato.

Añadió que sí se tiene conocimiento de una autorización de una exploración, pero no licencia, como indica el dueño de la empresa el Pato S.A.

El 15 de diciembre del año pasado hubo una entrevista con los alcaldes de Chiquimula, pero lamentablemente el representante del ministerio de Energía y Minas no presentó ningún documento que estableciera que dicha empresa tenía autorización para realizar la explotación de los recursos.

La coordinadora Tajurán – el Gigante y la iglesia Católica está apoyando a los habitantes de las más 25 comunidades que están siendo afectas por la minería, pero están seguros que para poner fin a la situación lo que les queda es acudir a las diferentes instancias y presentar los recursos para detener las irregularidades que se están dando.

Por el momento, se encuentra suspendido el trabajo minero, por algunas acciones del Ministerio Público, pero las comunidades no saben qué pasará en el futuro si se deja sin efecto esas acciones, porque puede ser que lo clausuren o le permitan a la empresa que siga operando en el área.

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