IPSA: una entidad ahogada en la corrupción que mantiene a la deriva a los artistas

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Créditos: Ilustración IPSA
Tiempo de lectura: 8 minutos

 

La gota que derramó el vaso: más de 300 artistas han dejado de percibir la jubilación por parte del Instituto de Previsión Social del Artista (IPSA). 

Por el equipo de investigación El Colmo 

“Soy artista y no cuento con el IPSA”, denunció el gremio artístico en diferentes publicaciones realizadas en las redes sociales tras el estallido de una crisis económica en el sector cultural, provocada por las restricciones de la pandemia en 2020, la cual persiste y no cambiará a corto plazo.

El diputado de la bancada Semilla, Alberto Sánchez, ha fiscalizado a las dos instituciones que deberían velar por el bienestar de los artistas: el Instituto de Previsión Social del Artista (IPSA) y el Ministerio de Cultura y Deportes. “La pandemia fue una explosión en el mundo del arte, todos los artistas empezaron a salir para decir qué hacía falta y qué estaba mal”, explica.

Según detalla, en ambas instituciones, surgieron cuestionamientos sobre qué hacen, su presupuesto, funcionamiento y las autoridades, en búsqueda de soluciones para uno de los sectores más afectados. La gota que derramó el vaso fue que el IPSA, una institución creada por el gobierno de Vinicio Cerezo en beneficio de los artistas, ha dejado de brindar previsión social y se encuentra hundida en la corrupción.

Una gran cantidad de anomalías

El IPSA pasa inadvertido por su falta de acción, pero es reconocido en el gremio artístico por su funcionamiento irregular. No permite el ingreso de nuevos socios, es opaco en el manejo de sus recursos e información y, desde hace más de diez años, permanece de forma anómala la misma Junta Directiva.

El diputado Sánchez explica que la actual Junta Directiva del IPSA, presidida por Isabel Trejo, se mantiene en el poder desde el 2011. “Ellos han encontrado una metodología para perpetuarse, las elecciones son por representación y coaccionan para que los representantes voten por la misma Junta Directiva”.

Las últimas elecciones se llevaron a cabo el 2 de febrero pasado y Isabel Trejo volvió a ser presidenta, pese a que se les ha dejado de brindar los beneficios a los afiliados: servicios funerarios, consultas médicas y jubilaciones; la razón de ser de la institución.

José López, “Chepe Relleno”, fue un artista circense que falleció en agosto, a quien el IPSA le negó los servicios funerarios, además, había dejado de recibir la jubilación. Este es solo uno de los múltiples casos de fallecidos que quedan a la deriva.

Tras lograr inscribirse en el IPSA, Jorge Chaluleu quiso usar sus beneficios, solicitó una cita odontológica, pero la institución le dijo que no se está brindando atención por la pandemia. “Esto es como si en plena crisis sanitaria el San Juan de Dios dejara de atender, algo absurdo”, manifiesta.

¿Cómo ha sobrevivido tanto tiempo la misma Junta Directiva, sin tener consecuencias, penales pese a diversas anomalías? ¿Cómo permiten esto sus asociados, a los que incluso se les ha dejado sin beneficios?

Conversamos con varios afiliados, tienen miedo, aseguran que han sido amenazados y que cualquiera que hable mal del accionar de la Junta Directiva puede ser expulsado del instituto. Afirman que, al dar declaraciones, su integridad física corre peligro. Detallan que, por la cantidad de dinero que ingresa al IPSA y el manejo discrecional de estos recursos, se compran voluntades. Señalan que la actual Junta Directiva se protege comprando funcionarios, apoyando campañas políticas y a candidatos.

La artista Lucrecia*, afiliada al IPSA, expone: “Esto tiene muchos años de estar ocurriendo. Se ha denunciado en la prensa, llegan a hacer auditorías y no pasa nada. Por debajo de la mesa compran jueces, diputados y fiscales. Cómo vamos a ganar un caso así los pobres artistas”.

Agustín*, adulto mayor, con 20 años como afiliado del IPSA, nunca ha recibido la jubilación. Explica que los compañeros que tenían ese beneficio recibían 2000 quetzales al mes, luego este monto bajó a 1000 y ahora, con la pandemia, prácticamente desapareció. “Por lo que estamos viviendo han fallecido muchos compañeros, las familias han tenido que buscar cómo enterrarlos. También hay quienes no reciben jubilación, son más de 300 personas afectadas”, agrega.

El diputado Sánchez comenta que las autoridades del IPSA se justifican explicando que las restricciones por la pandemia prohíben espectáculos públicos, lo cual ha provocado que la entidad no cuente con suficientes recursos. “Esto no puede ser posible cuando se ve el porcentaje que cobran por cada espectáculo. El año pasado, por ejemplo, en su cuenta, había tres millones de quetzales; luego, un millón; después se quedaron en cero, ese dinero desapareció”, señala.

“El ingreso por espectáculos públicos no significa nada a la par de otros rubros, por ejemplo, por concepto de televisión. Hace algunos años ese monto rondaba los Q 200,000 mensuales”, manifiesta Tulio*, otro afiliado afectado.

El IPSA se sostiene con fondos obtenidos de la venta de timbres artísticos, que deben ser utilizados exclusivamente para el desarrollo de los programas de pensiones, jubilaciones, así como otras prestaciones económicas y sociales a favor de los afiliados.

El timbre lo pagan las personas que realizan presentaciones; actuaciones en vivo o grabadas; las transmisiones eventuales, alternas o permanentes de cualquier rama del arte, nacionales o extranjeras. También es pagado por canales de televisión, radiodifusoras y empresas de cable.

Las anomalías que reveló el informe de la Contraloría        General de Cuentas  

Las últimas dos auditorías realizadas al IPSA evidencian una serie de anomalías que abarcan la gestión de Isabel Trejo. La primera revisión se hizo en 2014. Algunos hallazgos fueron la venta y donación de vehículos sin autorización de la Asamblea General, la compra de propiedades que no son utilizadas por los afiliados y que generan pérdidas económicas, inversiones en bancos sin registros contables y conciliaciones bancarias elaboradas en formas no autorizadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC). También se observó deficiencia en el registro y control de los bienes del instituto, esto permite que puedan ser sustraídos fácilmente. En resumen, una serie de anomalías que propician la malversación de los bienes de la entidad.

Uno de los hallazgos más destacados fue un lote de timbres artísticos de diferentes denominaciones que van desde Q 0.50 hasta Q 5000.00, el monto total ascendía a Q 343,516,628. Esa cifra no se reflejaba en los estados financieros; de acuerdo con la consulta realizada a Carlos Sandoval, contador general de una asociación civil, este hallazgo significa que los timbres no existen en el ámbito contable.

“El riesgo que se corre cuando un inventario de esta magnitud no se encuentra registrado en los estados financieros es que, en primer lugar, no se hace constar la situación financiera real de la institución. Como segundo punto, debido a que los timbres fiscales no se encuentran registrados en el balance general, el dinero que se genere de la venta de estos no necesariamente entraría a las cuentas del IPSA, sino a cuentas particulares”, añade Sandoval.

Los ingresos más importantes del IPSA son los timbres artísticos, por lo que el desfinanciamiento de la institución podría explicarse ante la posible malversación de estos fondos.

La auditoría de 2014 expone que el IPSA presentaba una pérdida de Q 144,973.10 por el descenso de la venta del timbre artístico y el incremento de los gastos operativos. Existía riesgo de que los ingresos se redujeran y, como consecuencia, la entidad no pudiera cumplir sus obligaciones.

La última auditoría, que analizaría si todos los hallazgos encontrados en 2014 fueron subsanados, se realizaría en 2019. Sin embargo, Isabel Trejo, presidenta del IPSA, no permitió que se llevara a cabo, al no entregar la información necesaria para que la CGC hiciera su trabajo. Por resistirse a la fiscalización, se le impuso una sanción económica de Q 67,423.70.

Se consultó al departamento penal de la CGC, quienes confirmaron que por momento no existen procesos penales por las auditorías desarrolladas en el IPSA.  Es lamentable conocer la situación del IPSA, sobre todo, que no se tomen medidas correctivas para prevenir que la corrupción continúe siendo un medio de subsistencia en este instituto”, expresa David Gaitán, extrabajador de la CICIG y consultor en materia de transparencia y justicia.

Gaitán dice que es increíble que no se tomaran acciones penales en contra de los directivos del IPSA. “No se puede argumentar simplemente que la contraloría no pudo fiscalizar, ahí existe un delito: resistencia a la acción fiscalizadora. La CGC debió presentar la denuncia por ese caso”, puntualiza.

Interponen denuncia contra el IPSA

El pasado 2 de febrero el diputado Alberto Sánchez presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra la actual Junta Directiva del IPSA por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.

El IPSA ha dejado de cumplir sus obligaciones constitucionales y legales. La entidad debería  elevar su presupuesto al Ministerio de Trabajo, pero transgrede lo establecido en la Ley del Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco, Decreto 81-90. Otra violación a esta ley es la falta de aprobación de los reglamentos del IPSA por acuerdo gubernativo.

Tampoco ha aplicado los artículos 237 y 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque el IPSA nunca ha realizado una liquidación presupuestaria en el Congreso. 

Violación a la Ley de Acceso a la Información Pública

De 2009 a 2019 el IPSA incumplió la Ley de Acceso a la Información Pública porque no presentó informes a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). En 2019 Jaime Archila Marroquín, afiliado al instituto, denunció ante la PDH que el IPSA se negaba, desde abril de ese año, a entregarle información sobre reglamentos, acuerdos vigentes, manuales de procedimientos, ejecución presupuestaria mensual, entre otros temas.

El IPSA se justificó aduciendo que no eran objeto de esa ley, también expresaron que Archila tenía conocimiento de la información al ser parte de la institución y que, ante diversas denuncias de corrupción, la Junta Directiva decidió mantener bajo reserva toda la información financiera, porque los rumores de las anomalías representaban un riesgo para el funcionamiento de la entidad.

Tras analizar toda la documentación del caso, la PDH declaró que se violó el derecho de acceso a la información pública y señaló como responsable a Isabel Trejo, presidenta del instituto. En consecuencia, el IPSA fue obligado a crear un portal que debe mantenerse actualizado y brindar información pública de oficio a sus asociados.

En febrero de este año, la PDH realizó una verificación de cumplimiento en la recién creada página web y determinó que el acceso a la información era deficiente, el sitio obtuvo una calificación del 10 % de un total de 100 %.

“Esa es una institución que siempre ha estado cargada de dudas y cuestionamientos, el portal no dice nada importante que pueda ser útil para quienes desean conocer su funcionamiento. En todos los enlaces de información colocan imágenes ilegibles. Es una burla”, comenta David Gaitán, asesor en temas de transparencia y corrupción.

El tedioso proceso para ser afiliado al IPSA 

Jacobo Nitsch, trompetista de Malacates Trébol Shop, explica que hace algunos años trató de ingresar al IPSA. “Fui a solicitar la información, pero nunca me la dieron”. Esta es una constante entre quienes han intentado afiliarse.

Nitsch comenta que la mayoría de los asociados del IPSA son personas que estuvieron trabajando en el arte en las décadas de los 60, 70 y 80, pero las nuevas generaciones no están representadas. 

Jorge Chaluleu, exbajista de Razones de Cambio y actual integrante de los Miseria Cumbia Band, logró afiliarse el año pasado. Con todos los absurdos y burocráticos obstáculos que le impusieron, el trámite tomó alrededor de un mes.  Chaluleu solicitó información en Facebook, ahí le indicaron que debía buscar los datos en la página web o llamar. Finalmente, tuvo que visitar la sede del IPSA durante las restricciones de la pandemia. 

Le asignaron la cita una semana después, pero nadie lo atendía, le daban excusas y le pedían que regresara en otras fechas. Tuvo que imponerse con carácter para que recibieran su  expediente y le permitieran llenar el formulario de inscripción. Una semana más tarde le informaron que su afiliación había sido aprobada. 

Cuando quiso utilizar los beneficios, le explicaron que no estaban brindando el servicio que necesitaba. “En realidad no he ganado nada. Esto lo hice de buena fe, para saber si todo lo que decían sobre el IPSA era verdad o mentira, yo no he tenido una buena experiencia”, asegura. 

Se trató de contactar a Isabel Trejo, vía telefónica, en varias ocasiones, para solicitar una entrevista en la que pudiera expresar su postura sobre este reportaje. A través de su secretaria, Carmen de León, confirmó que el lunes 27 de septiembre atendería nuestras interrogantes por correo electrónico, sin embargo, no se obtuvo respuesta. 

*Nombre ficticio: los afiliados solicitaron no ser nombrados para resguardar su integridad.

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