Es importante redoblar esfuerzos para encontrar una ruta. Guatemala lo amerita.
*Por Mika Kanervavuori, Representante de OACNUDH
Como contribución a la discusión pública actual, quisiera reflexionar sobre la situación de la independencia judicial, en particular, sobre las garantías mínimas que abarca como pilar angular del Estado de Derecho y la democracia. Actualmente preocupa que en Guatemala esté en riesgo esta independencia por los constantes ataques contra juezas/ces, magistradas/os y fiscales por el trabajo que realizan en el marco de sus funciones.
El ex Relator Especial de ONU sobre la independencia de magistrados y abogados insistió en dichas garantías, analizando los aspectos individuales e institucionales que pueden reforzar u obstaculizar una administración de justicia independiente – aspectos que son aplicables tanto para el Poder Judicial (juezas/ces, magistradas/os) como para el Ministerio Público (fiscales).
Entre las principales garantías en estrecha relación con la carrera profesional, se pueden mencionar: i) procedimientos de elección y nombramiento; ii) estabilidad en el ejercicio del cargo; iii) medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo; iv) ascensos, traslados y evaluación del desempeño profesional. Estos aspectos deben de ser regulados por marcos normativos nacionales en línea con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Para lograrlo, me parece que el país necesita más voluntad política para avanzar.
Asimismo, es imprescindible que los procedimientos normativos se apliquen de manera objetiva, transparente y de acuerdo con garantías del debido proceso, en particular, en el caso de traslados, ascensos y aplicación de medidas disciplinarias, incluyendo la destitución. Cuando estos aspectos se realizan de manera discrecional y sin la debida fundamentación, pueden utilizarse como mecanismo de represalia o intimidación contra funcionarios del sistema de justicia en el ejercicio del cargo. Con base en la observación de la situación actual, esto es lamentablemente una realidad.
Quisiera hacer un llamado a que juezas/ces, magistradas/os y fiscales puedan desarrollar sus funciones sin intimidación, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil o penal, como establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Es fundamental que se pueda realizar la última etapa de la elección de magistradas y magistrados para la Corte Suprema de Justica y Cortes de Apelaciones sobre la base de criterios de capacidad, honradez e idoneidad, para reforzar de manera decisiva la independencia judicial.
Las instituciones del Estado y sociedad civil deben de redoblar esfuerzos para lograr encontrar una salida a la crisis actual del sistema de justicia. Guatemala lo amerita. OACNUDH continuará trabajando con todos los actores relevantes para contribuir a garantizar el derecho de todas las personas a una justicia independiente, imparcial, pronta y diligente.
Publicada en El Periódico, 20/10/2021
