Por Regina Pérez
La fiscal general, Consuelo Porras y su secretario general, Ángel Pineda, fueron designados el pasado 20 de septiembre en la Lista Engel de Estados Unidos, de actores corruptos y antidemocráticos, por obstruir investigaciones sobre actos de corrupción. Esa inclusión, según excancilleres y analistas del sector justicia, tendrá impactos en las relaciones entre Guatemala y EE.UU., incluso económicos. Además, una de las principales consecuencias puede ser dificultar la reelección como jefa del Ministerio Público (MP).
El anuncio de Estados Unidos llegó casi dos meses después de que Porras despidiera de manera arbitraria a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), tras lo cual el país norteamericano anunció que paralizaría de manera temporal la cooperación con el ente investigador.
La designación, para el excanciller Eduardo Stein, no es sorpresiva. En esta ocasión, EE.UU. utiliza un lenguaje más fuerte, señalando a la fiscal de ser “perpetradora”, dijo Stein. Su inclusión en la lista la hace inelegible para una visa y admisión en ese país. Según el Departamento de Estado, la jefa del MP obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en investigaciones penales.
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Respuesta de EE.UU.: Consuelo Porras en lista de actores corruptos y antidemocráticos
Mensaje duro y contundente contra el gobierno
De acuerdo con Stein, la inclusión de Porras en la lista Engel lleva un mensaje muy duro y contundente, no solo contra la fiscal sino también hacia el gobierno y obliga a pensar con mucho cuidado qué sigue, en términos de lo que implica para las relaciones internacionales.
El exvicepresidente recordó que desde julio pasado la administración norteamericana había publicado un mensaje sobre su falta de confianza en el desempeño de la jefa del MP y en varias visitas de funcionarios de alto nivel, incluyendo de la vicepresidenta Kamala Harris, se han podido comunicar directamente con ella y el presidente Giammattei cuestionando de manera directa las decisiones que han tomado para obstaculizar, detener o desviar investigaciones en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Aparentemente en el curso de esas investigaciones se estaban aproximando cada vez más al círculo más cercano al propio presidente y por lo tanto, el mayor detonante fue el despido, administrativamente sin sustento, del fiscal especial de la FECI, pero no fue el único hecho, dijo Stein.
Antes de exiliarse, el exfiscal Sandoval dejó entrever que esas investigaciones podrían alcanzar al mismo presidente de la República y semanas después surgieron detalles de cómo empresarios rusos habían dejado una “alfombra de dinero” en la puerta de la casa del mandatario, con el objeto de tener derecho de operar una parte del puerto Santo Tomás de Castilla.
Por su parte, el excanciller Gabriel Orellana opinó que aunque la designación va dirigida a una persona individual, en este caso la fiscal general, su relevancia radica en el hecho de que ella ocupa un cargo que es uno de los más significativos en el sistema de justicia, “de tal manera que implica que el sistema de derecho guatemalteco está padeciendo de graves falencias”.
Debido a que el MP es un ente fiscalizador cuyo ámbito de acción se extiende a todas las acciones judiciales en el país, eso hace que tenga una repercusión muy fuerte en otros ámbitos, indicó.
¿Qué repercusiones puede tener la designación de Porras?
Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal del MP y ex director de la SAT, considera que a nivel internacional puede tener más impacto el mensaje que hizo EE.UU. de que hay funcionarios en Guatemala que se dedican a promover la impunidad y la corrupción y que están al más alto nivel del sistema de justicia.
A decir de Foppa, esto condiciona las relaciones internacionales en que EE.UU. se van a conducir hacia Guatemala y también deja ver que en un futuro puedan tomar acciones más contundentes contra otros actores.
El mensaje tanto a lo interno como externo, para grupos empresariales o sociedad civil, es que si se juntan o apoyan a estos actores no gratos para Estados Unidos, que sepan que ellos también corren el riesgo de ser declarados non gratos, con las consecuencias que eso puede traer, ya que hay sectores como el poder económico del país, que tienen relación con EE.UU. por ser su principal socio comercial, expresó.
Habrá que ver como reaccionan esos actores, si le quitan o no el apoyo a la fiscal general, indicó.
Orellana coincide con Solórzano Foppa, al señalar que esta acción puede alcanzar el ámbito económico y la inversión en Guatemala por empresarios estadounidenses, quienes se fundamentan en las calificadoras de riesgo.
Ellos son muy sensibles a los dictámenes que periódicamente emiten las calificadoras de riesgo, ahí hay un punto importantísimo para darse cuenta del peligro que esto entraña indicó Orellana, quien señala que la decisión de EEUU no es arbitraria sino que hay un componente político de mucho peso.
El pasado 22 de septiembre, el Consejo Nacional Empresarial (CNE), una asociación de empresarios recién creada, se pronunció indicando que las acciones de la fiscal general han debilitado la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que mina el clima de inversión sana. Por ello es que pidieron su renuncia y la de su equipo.
Por otro lado, ni el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras ni la Cámara de la Industria han emitido un pronunciamiento sobre la designación de Estados Unidos. Por el contrario, han entregado reconocimientos a Porras.
A decir de Stein, en el nivel más realista, la independencia de la justicia en Guatemala como parte de una democracia saludable es también un interés de seguridad interna para los norteamericanos. En segundo nivel, Guatemala está demasiado cerca de EEUU, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua y México.
“La salud democrática de este país es de interés fundamental en las relaciones y alianzas entre ambos países, no solo los gobiernos, el gran fuerte y mensaje que están mandando es también para la sociedad guatemalteca y para la región”, dijo.
El exvicepresidente no considera que las agendas de cooperación vayan a interrumpirse sino que los recursos no se canalizarán a través de estructuras públicas sobre las que se tiene una desconfianza inicial sobre su transparencia y prioridad.
Hay que evaluar con cuidado dentro de la agenda de la administración Biden y Harris como desde EEUU con sus prioridades que no son secretas, van a manejar sus relaciones con Guatemala, que es un socio necesario, expresó. No obstante, señaló que en términos políticos es donde no se sabe como podrán proceder en el futuro.
Reelección cuesta arriba
La designación de Porras también podría afectar su reelección como fiscal general, indicó Solórzano Foppa, ya que este proceso iniciará a finales de este año o a principios del 2022.
Para Solórzano Foppa este es uno de los mensajes más importantes que realiza Estados Unidos, “para señalarla públicamente, como alguien que apoya la corrupción y genera impunidad”, y sepultan toda la intención que Porras tenga de una reelección.
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, una entidad que monitorea las elecciones de Cortes y fiscal general, consideró que Porras tiene cuesta arriba su reelección, no porque el presidente Alejandro Giammattei no la pueda designar nuevamente sino porque primero tendría que pasar el “valladar de la Comisión de Postulación”, que señala es diferente a la que domina la alianza oficialista en el caso de las altas Cortes.
Las anteriores comisiones de Postulación para magistrados eran numerosas, integradas por 37 integrantes, esta Postuladora solo está integrada por 15 personas, en donde no parece haber una mayoría de la Alianza dominante, dijo Ibarra.
Elvyn Díaz, presidente del Instituto Comparado en Ciencias Penales (ICCPG), opinó que la nominación afecta la imagen del MP y pone un aviso importante en el sistema de justicia sobre cómo se han dado los procesos de la política de persecución penal que ha tomado la actual administración que ha ido más en beneficio de determinados actores de peso político.
Por otro lado, marca las condiciones sobre la posibilidad de una reelección de Porras, lo cual según Díaz, es un capítulo cerrado, sobre todo por la presión social que habrá en el proceso de postulación, por lo tanto la posibilidad de reelección se descarta.
Asimismo también envía un mensaje para que el proceso se de en las mejores condiciones, tanto en lo que hará la Comisión de Postulación, para elegir a los mejores para el listado de seis personas, pero también sobre el Presidente, a quien le va a tocar nombrar al próximo fiscal general, para que tome una decisión de estadista y no en beneficio propio.
Stein: Porras no opera con autonomía
En todo esto contexto, el exvicepresidente Stein indicó que es muy difícil especular sobre cuánto esta inclusión en la lista Engel de la fiscal general y su secretario general puedan afectar las relaciones de cooperación y las relaciones políticas entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, este último país ha formulado sus objetivos estratégicos en “blanco y negro”.
Un tema central es el de contar con un sistema de justicia independiente y transparente, acompañado de otro objetivo, que es atender el desarrollo socioeconómico de los territorios que más expulsan a la población migrante, indicó Stein.
De acuerdo con el excanciller, en ese telón hay que analizar las implicaciones de la inclusión de Porras y su secretario general en la lista Engel “ya que no se puede concebir que la fiscal general haya hecho lo que ha hecho en los últimos meses en el MP, la manipulación de casos, la desviación de expedientes, la interrupción de investigaciones, de manera independiente”.
Stein subrayó que Porras no está operando con autonomía sino que ha exhibido decisiones y comportamientos que son funcionales a los objetivos de la alianza oficialista, por lo que tiene lógica que ante los señalamiento del secretario Antony J. Blinken, el presidente Alejandro Giammattei haya salido a defenderla “porque su actuar en función a los objetivos político económicos de esta administración y de las alianzas que la sustentan”.
Luego de la designación, el presidente Giammattei se pronunció en su cuenta de Twitter señalando como una falta de respeto a las relaciones internacionales que se acuse sin pruebas y sustentos, también lo calificó como una violación a los derechos humanos y de dar valor a declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala.
El mandatario agregó que “Antes de hacer declaraciones o acusaciones irresponsables, insto a que se presenten a los tribunales de justicia de Guatemala a resolver sus propios problemas judiciales”.
Asimismo hizo una defensa “oficiosa” de la fiscal general en las Naciones Unidas, aunque para Orellana fue irrelevante e improcedente, “ese tipo de defensa lo hacen y lo hicieron en esta asamblea general algunos presidentes que tienen problemas personales”, indicó.
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, tuvo que salir del país la misma noche en que fue destituido para resguardar su integridad, acompañado del Procurador de Derechos Humanos y del embajador de Suecia, Hans Magnusson.
Desde el exilio, Sandoval ha señalado al presidente de ser corrupto y reveló que el mandatario pudo haber recibido dádivas para favorecer a determinados empresarios y a la fiscal de estar al servicio de las mafias y de archivar investigaciones que podrían afectar al mandatario.
Porras se aferra al puesto
Pese a su inclusión en la lista Engel, los daños colaterales que causa al país y de las muestras de rechazo de varios sectores ciudadanos a su gestión, la fiscal general se aferra a su puesto y ha incrementado los ataques en contra del exfiscal Sandoval, contra quien no solo pesa una orden de captura sino también una investigación sobre el Caso Odebrecht.
Sobre si el anuncio de EE.UU. es motivo suficiente para que Porras presente su dimisión, Orellana indicó que esto no debe quedar a la discreción de un funcionario, sea quien sea. “Se espera que todo funcionario público tenga conciencia del daño que se le pueda causar al país con mantener una posición intransigente para no darse cuenta de los daños colaterales que esto le trae al país”, dijo el excanciller.
Por su parte Ibarra recordó que el presidente Giammattei no puede remover a Porras debido a que la ley no lo permite y también porque el presidente es su aliado. “Ella se convirtió en la fiscal de la alianza política dominante en el país y todos los que son integrantes de esta alianza la están apoyando, por eso ella está aferrada al cargo porque es parte de esa alianza de cooptación de la administración de justicia y de las instituciones del Estado y no corre ningún riesgo de que esté sola como para verse forzada para dejar el cargo”, señaló Ibarra.
En criterio de Foppa, el mismo Giammattei está comandando una ofensiva en contra de exfuncionarios del MP; cuando dice que va salir un caso de Odebrecht dio a entender que hay exfuncionarios involucrados. Agregó que Porras sí se siente arropada por esos actores y EEUU busca quitarle algunos de esos apoyos, aunque el presidente sigue apoyándola abiertamente.
La respuesta del MP ante esta situación es “vamos a seguir criminalizando a quienes se dicen aliados de EEUU y ese país por su lado seguirá apoyando a sus aliados y les está haciendo saber que no están solos”, indicó.
El exfiscal indicó que Porras responde a esos intereses corruptos del Ejecutivo, aunque también su secretario general, quien fue candidato a magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Los lazos entre el gobierno de Giammattei y la administración actual del MP son más que evidentes y más que fuertes, en una alianza criminal en la cual ella ha ignorado todas las investigaciones que estaban iniciando contra el presidente y con eso se ha asegurado generarle impunidad a él y cambio él la ha defendido a capa y espada, subrayó.
