Por Luis Ovalle
Organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas presentaron en la Corte de Constitucionalidad una acción en contra del estado de sitio en el municipio de El Estor (319 kilómetros al nororiente de la ciudad capital), en el departamento de Izabal, “porque contraviene las normas fundamentales y los principios constitucionales”, declaró la abogada Wendy López, del Bufete de Pueblos Indígenas.
La jurista señaló que, de acuerdo al mandato constitucional, ante la declaratoria de cualquier estado de excepción se deben tener todos los fundamentos debidamente razonados, en los que se determinen las circunstancias por las cuales se acude a dicho recurso.
Esto es importante, porque en el decreto 13-2021, la justificación para la instalación del estado de sitio indica que “se ha alterado el orden y hay ingobernabilidad”. En criterio de López, la palabra “ingobernabilidad” no está contenida ni en la Constitución ni en los motivos de procedencia de los estados de excepción, mucho menos cuando se trata de un estado de sitio.
A raíz de esta “ingobernabilidad”, que se supone existe, es que se decreta el estado de sitio. No hay que olvidar que en los estados de excepción es un peldaño previo a llegar a la máxima imposición, que sería un estado de guerra. En teoría serían circunstancias bastante fuertes para su aplicación, indicó.
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El Estor: El gobierno agrede al pueblo Q’eqchi’ para proteger a la minera rusa
Ahora, a las personas que manifestaban en El Estor y ejercían un libre derecho se les reprime a través de la imposición de un estado de sitio. Desde el viernes 22 de octubre hubo más presencia de las fuerzas de seguridad en el lugar. “Es increíble que haya más de 150 vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC) y muchos elementos de seguridad para reprimir, a favor de la minera.
A partir de la sentencia de 2020 de la Corte de Constitucionalidad las operaciones de la minera están suspendidas, sin embargo, el Estado defiende los intereses mineros, extractivos, empresariales; se presta a esta condición y emite el estado de sitio para favorecerlos.
En el contexto, debe quedar claro que se omitió la consulta a los pueblos que son afectados por la minera. El Ministerio de Energía y Minas redujo el ámbito de afectación de la empresa de 248 kilómetros cuadrados a 6 kilómetros cuadrados, cuando en la sentencia de la CC se indica claramente que son 248, subrayó López.
Otros intereses de por medio
Para Daniel Pascual, de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waq’ib Kej, lo que ocurre en El Estor es responsabilidad única y exclusivamente del Estado, debido a que los distintos gobiernos cedieron las concesiones de explotación del níquel, pero también debe tomarse en cuenta que ese municipio está acechado por la palma africana. Han ocurrido muertes y hay persecución de hermanos y hermanas de distintas regiones por esa causa.
En otra región de El Estor hay procesos y amparos todavía en ejecución. Creemos que el interés en El Estor no es solo el níquel, son distintos intereses de empresas transnacionales que acechan la región. Ahí está la alerta, porque hoy, con el estado de sitio podrán ejecutar órdenes de desalojo, de capturas, alegando incluso flagrancia, cuando fue el Estado el que provocó la ingobernabilidad, destacó Pascual.
Las autoridades del Consejo Maya Q’eqchi’ y la Gremial de Pescadores reclaman su libre ejercicio a la consulta; tienen derecho a ser parte de dicho proceso. Cuando las instituciones del Estado, como el Ministerio de Energía y Minas (MEM), los excluyen, violan doblemente sus derechos, porque el Estado de Guatemala está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a consultar bajo las costumbres, tradiciones y normas de las comunidades mayas, desde antes que se instalara la mina, pero además la CC emitió una resolución a favor de los pueblos. Es justa la reacción de las comunidades, en cuanto a protestar frente a una doble o triple violación a sus derechos, indicó.
Solidaridad y acompañamiento
Por su parte, Esperanza Tubac, de Waq’ib Kej envió un saludo a las comunidades en resistencia de El Estor “les mandamos un abrazo solidario y decirles que estamos con ellas y ellos en su lucha”; además, hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar atenta a lo que pasa.
Tubac responsabilizó al Estado por todos los derechos que puedan ser vulnerados, principalmente de las mujeres, “porque hoy vemos un territorio totalmente militarizado, por aire, por agua y por tierra, que lo único que hacen es intimidar a nuestras hermanas y hermanos que defienden la vida”.
Sebastiana Par, del Consejo de Pueblos K’iche’, dijo que el sistema de justicia es utilizado para reprimir a los pueblos originarios, a las mujeres y a las autoridades ancestrales. “Estamos viviendo en un estado de terror y aquí estamos, como mujeres, como defensoras, como autoridades ancestrales, para decir alto a esa violencia del Estado y no vamos a permitir que se haga una consulta en estos contextos”, agregó.
#ElEstorResiste "El sistema de justicia nos reprime como pueblos originarios y como mujeres defensoras del territorio", Sebastiana Par, autoridad ancestral maya K’iche’ y defensora de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en el @k_iches 📢
🎥Luis Ovalle pic.twitter.com/Jwxkb0nfGt
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 27, 2021
Las limitaciones a la libertad de expresión en El Estor, un regreso al pasado
La abogada Wendy López considera que el Estado está viendo a la prensa en El Estor como enemiga “y al enemigo hay que callarlo, hay que reprimirlo, hay que silenciarlo de alguna manera”. Esto es preocupante porque se está volviendo a épocas del conflicto armado interno, cuando el Estado iba a buscar a su enemigo y lo desaparecía.
Esperamos que estas condiciones no se cumplan en El Estor y con el apoyo de las compañeras y compañeros que van a la verificación puedan determinarse y establecerse los parámetros de actuación de las autoridades. La labor que realizan los periodistas allá es muy importante para evidenciar esas violaciones a los derechos humanos, indicó.
A decir de López, es común que desde perfiles falsos se difame a personas y que el Estado realice investigaciones a partir de sus publicaciones, cuando los requerimientos para una investigación no deberían ser los perfiles de Facebook, como lo han hecho en contra de algunos periodistas.
