El estado de sitio en El Estor es innecesario; “se limitó el derecho a la consulta”, dice el PDH

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Créditos: PDH
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“Se evidencia un fracaso de la Comisión Presidencial de Diálogo que no ha hecho un trabajo eficiente ni oportuno, ya que el estado de excepción tendría que ser como su nombre lo dice, una excepción, no una regla permanente de como gobernar limitando derechos”

Por Regina Pérez

En las últimas semanas se ha agudizado la conflictividad en El Estor, Izabal, debido a la falta de una consulta comunitaria, en relación a la actividad del proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), subsidiaria de la empresa rusa Solway Investment Group. El gobierno ha respondido con violencia contra la población Q’eqchi’ que exige participar en dicho proceso y ha impuesto un estado de sitio, medida que, según el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, ha sido innecesaria y evidencia el fracaso de la Comisión Presidencial de Diálogo.

Desde el 22 de octubre, cuando cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arremetieron contra los integrantes de la resistencia pacífica, ubicada a unos 7 kilómetros de la planta del proyecto minero, Rodas condenó el uso de bombas lacrimógenas en contra de los manifestantes y llamó a garantizar la libertad de prensa.

Foto Prensa Comunitaria

Sobre el estado de sitio que el gobierno de Giammattei impuso en El Estor, Rodas señaló que es “innecesario”. Evidencia un fracaso de la Comisión Presidencial de Diálogo que no ha hecho un trabajo eficiente ni oportuno, ya que el estado de excepción tendría que ser como su nombre lo dice, una excepción, no una regla permanente de como gobernar limitando derechos, indicó.

El 23 de octubre, el magistrado de conciencia comentó en su cuenta de Twitter que el Gobierno resguardaba los camiones de la empresa CGN-Pronico “la cual funciona ilegalmente” y que reprimía a la población y periodistas. El procurador recordó que desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspensión de la licencia a CGN-Pronico, por no haber realizado la consulta previa.

La resistencia pacífica fue instalada el 4 de octubre de 2021 por las autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ en contra de la extracción minera que realiza la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal S.A. (Pronico), subsidiaria de Solway Investment Group, empresa que pese a la resolución de la CC, seguía operando, según los comunitarios.

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La respuesta del gobierno de Alejandro Giammattei fue reprimir a la población, enviando a cientos de agentes y miembros del ejército e imponer un estado de sitio por 30 días en El Estor, Izabal, además de llevar a cabo allanamientos en contra de líderes comunitarios y periodistas.

Se limita el derecho a la consulta

Para el procurador Jordán Rodas, el gobierno limitó el derecho a la consulta de todos los representantes del pueblo Q’eqchi’. Para mí es un sinsentido que no se escuche a la Gremial de Pescadores cuando ellos plantearon la acción de amparo, dijo Rodas a Prensa Comunitaria.

El amparo al que se refiere Rodas es el que presentó la Gremial de Pescadores en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2018 por la falta de consulta de las licencias que se otorgaron al proyecto Fénix, el cual fue confirmado y ratificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2020, sentencia que quedó firme en marzo de 2021.

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Rodas indicó que ellos (los que exigen participar en el proceso de consulta) son de El Estor, “no son rusos ni de otra región del país” y agregó que lo que existe es poca voluntad política de ampliar la consulta a todos los que puedan ser perjudicados o beneficiados.

Es por eso que recomendó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que convoque a todos los sectores que tengan un interés manifiesto de participar en dicho proceso, dijo.

En un comunicado de prensa, después del desalojo violento de los manifestantes, Rodas recordó al MEM sus recomendaciones, entre ellas asegurarse que los representantes titulares y suplentes de los pueblos indígenas que participen en el proceso sean personas legítimas y legitimadas por los pueblos indígenas afectados, mediante sus procedimientos propios, respetando en todo momento las designaciones que cada una realice para la consulta.

Sin embargo, esto no se cumplió y las comunidades que exigen participar en el proceso de consulta no fueron tomadas en cuenta, entre estas la Gremial de Pescadores.

Gobierno responde a PDH y afirma que es “observador del proceso”

Por su parte, el Gobierno de Giammattei respondió con un comunicado diciendo que, al contrario de lo que aseguraba el Procurador, el MEM convocó para la preconsulta a los sujetos y e instituciones “de acuerdo con las pautas contenidas en la parte resolutiva de la misma”.

“Lamentamos el craso desconocimiento de la PDH en el marco de un proceso durante el cual, de acuerdo a la CC, deben participar como observadores y que ahora vemos reflejado con acciones y pronunciamientos que contribuyen a mal informar a la población, poniendo en riesgo a quienes no comparten la opinión o ideología de personas y organizaciones que promueven la violencia entre la población de El Estor”, señaló el Ejecutivo.

Para Rodas, es el Gobierno el que desconoce la independencia y funciones de la PDH, “olvida que no estamos supeditados al gobierno central” señaló. También recomendó al Ejecutivo transparentar el proceso ordenado por la Corte, concentrarse en el bien común y no a determinadas empresas”.

Derivado del estado de sitio decretado en El Estor, la PNC y el Ministerio Público realizaron este martes una serie de allanamientos, incluyendo en la residencia de los periodistas de Prensa Comunitaria, Juan Bautista Xol y Carlos Choc.

Rodas solicitó a las autoridades respetar la libertad de prensa y la emisión del pensamiento, tanto de los corresponsales de Prensa Comunitaria como la radio Xyaab’ Tzuultaq’a, por presuntas intimidaciones a su personal el pasado fin de semana.

Para el Procurador, esta crisis es una oportunidad para aprobar dos leyes, la primera la reforma a la Ley de Minería “porque es una vergüenza que las empresas solo dejen el uno por ciento de regalías”; también es necesaria una nueva ley de Orden Público que corresponda a la Constitución actual, ya que la ley vigente fue aprobada antes de la actual Constitución. Esta iniciativa ya pasó por una consulta en la CC, pero aún no ha sido aprobada.

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Autoría y edición

Periodista y comunicadora. Soy curiosa y me apasionan las redes sociales. Mis raíces son de la cultura Maya K'iche'.

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