Créditos: Nelton Rivera. Prensa Comunitaria.
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Por Regina Pérez

En el cuarto día del estado de sitio implementado por el gobierno de Alejandro Giammattei en El Estor, Izabal, tras el desalojo violento de la resistencia pacífica que se opone al proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la Policía y el Ministerio Público realizaron 11 allanamientos, algunos de estos fueron efectuados en las residencias de varios dirigentes comunitarios que participaron en el plantón contra la empresa minera ruso-suiza Solway Investment Group.

En estas diligencias detuvieron a Eduardo Bin Poou, quien fue detenido con una orden de aprehensión sin vigencia desde 2017 y que fue ejecutada en 2018, por lo que su abogado defensor considera que esta detención es ilegal.

Durante la mañana de este miércoles se reportaron allanamientos en la vivienda de Adolfo Ich Choc, miembro del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi y en la casa de Germán Chub. Ich es hijo del profesor Adolfo Ich Chamán, quien fue asesinado en 2009,  por el coronel Mynor Rolando Padilla, exjefe de la seguridad de la empresa minera, en el contexto de los desalojos realizados contra la comunidad las Nubes, para favorecer las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, que era propietaria en ese entonces de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

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En tanto Germán Chub fue víctima directa del ataque en contra de Ich Chamán en 2009 por parte de la seguridad privada de la minera y quedó paralítico a consecuencia del mismo.

La PNC también informó de la detención de Delfín Oliverio Cacao Bol, por los delitos de apropiación y retención indebida.

La detención de Bin Poou es ilegal dice abogado defensor

Eduardo Bin Poou fue capturado en El Estor, con una orden de detención que fue ejecutada en 2017, a raíz de una denuncia de la empresa CGN en contra de él y otros integrantes de la gremial. En esta misma denuncia figuraba Carlos Choc, corresponsal de Prensa Comunitaria.

La orden de aprehensión en contra de Poou es por los delitos de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y detenciones ilegales.

El abogado defensor de Bin Pou, Santiago Choc, señaló que la detención del dirigente comunitario es ilegal, porque la orden de captura con la que fue detenido se ejecutó en 2018.

Esta orden de captura en contra de Bin Poou fue girada por el juez Edgar Aníbal Arteaga, del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal en 2017, tras una denuncia de CGN.

“A don Eduardo Bin lo detuvieron bajo esa orden de aprehensión, esa orden no está vigente y la policía lo detiene con esa orden, eso significa que es manifiestamente ilegal”, dijo el abogado Choc.

Choc considera que en el juzgado “seguramente no enviaron los oficios correspondientes a la Policía Nacional Civil, por eso en la información que tiene la policía creen que está vigente”.

De acuerdo con el abogado, están haciendo las gestiones para indicar al juzgado que ellos tienen que cumplir con la obligación de remitir los oficios a la policía donde se indique que esa orden de captura no tiene vigencia.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, señaló que este día se realizaron 11 allanamientos y confirmó la detención de Bin Poou. Al preguntarle si fue detenido con una orden de captura que ya no estaba vigente, respondió que será puesto a disposición del juzgado “donde tendrá que solventar su situación legal”.

Organizaciones como la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) se pronunciaron sobre esta detención, que calificaron de ilegal.

“Condenamos la detención ilegal de la que fue objeto el defensor Eduardo Bin, en donde la policía usó una orden judicial no vigente, por un proceso de criminalización que el defensor está enfrentando desde 2018”, señaló UDEFEGUA en su cuenta de Twitter.

Actualmente Bin Poou está esperando el inicio del debate oral y público por la denuncia de CGN, el cual ha sido suspendido al menos nueve veces. El dirigente cuenta con medidas sustitutivas.

Los allanamientos y las capturas se dieron en el marco del Estado de sitio impuesto por el presidente Alejandro Giammattei en el municipio, tras los desalojos violentos contra el pueblo Q’eqchi’ que pide que sean incluidos en la consulta comunitaria sobre el proyecto minero Fénix, que fueron realizados por la policía y miembros del ejército los días 22 y 23 de octubre.

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Hostigamiento contra periodistas continúa

Por otro lado, hoy continuó la persecución en contra de otro periodista de Prensa Comunitaria en El Estor. Policías llegaron a la residencia de Baudilio Choc, corresponsal de Prensa Comunitaria y de Radio Victoria, para hacerle preguntas sobre dónde trabaja y la sede de la oficina de Prensa Comunitaria.

Choc cubrió la resistencia pacífica de los Cuatro Consejos Ancestrales del Pueblo Maya Q’eqchi’ que duró más de 21 días y que fue desalojada de manera violenta los días 22 y 23 de octubre.

Un fiscal del Ministerio Público llamó a Choc por una denuncia que él presentó por agresiones al ejercicio periodístico, que no había avanzado en la fiscalía. Durante la llamada le confirmaron que su casa estaba en la lista de residencias que serían allanadas.

El pasado 26 de octubre, la PNC y el MP allanaron las casas de los periodistas Juan Bautistsa Xol y Carlos Ernesto Choc, corresponsales de Prensa Comunitaria, quienes también cubrieron el plantón pacífico en contra de la minera ruso suiza y los posteriores desalojos.

Situación tensa en El Estor

La auxiliar Astrid Carola Franco, auxiliar de la PDH, manifestó que desde que se impuso el estado de sitio, la situación en El Estor es de tensión, “porque no es un estado normal de derecho”.

Según Franco, hay algunas situaciones en el tema de allanamientos que, producto del estado de sitio, vuelve más tensa la situación en los lugares donde se realizan estas diligencias.

Se le preguntó si la PDH pudo verificar que en estos allanamientos hubo respeto a los derechos humanos y respondió que recibieron una denuncia por mujeres menores de edad, quienes indicaron que al momento de la diligencia sus padres no se encontraban con ellas y que fueron insultadas.

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Autoría y edición

Periodista y comunicadora. Soy curiosa y me apasionan las redes sociales. Mis raíces son de la cultura Maya K'iche'.

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