Por Regina Pérez
Desde que Rudy Amílcar López Pablo, un albañil maya Mam señalado de dañar el patrimonio cultural, fue detenido sin una orden de captura, hasta su audiencia de primera declaración, el proceso ha estado lleno de irregularidades según su abogada defensora, Wendy López.
López Pablo tenía programada la audiencia de primera declaración en horas de la mañana, pero fue pospuesta hasta la tarde de este jueves, con lo que ya lleva casi dos días detenido en las carceletas de la torre de tribunales.
A la luz de los principios constitucionales de legalidad que deberían regir el derecho penal, se ve una marcada situación en la que ha estado involucrado el alcalde Ricardo Quiñónez, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y la jueza que conoció la audiencia de primera declaración, dijo la abogada.
López afirmó que la PNC sólo puede detener a las personas en dos momentos: con una orden de captura de juez competente y cuando hay flagrancia, pero no ocurrió ninguno de estos extremos en el caso de su defendido.
La detención de López Pablo se hizo en la Plaza de la Constitución cuando llegó el alcalde Ricardo Quiñónez, quien señaló a la PNC a quién debía capturar, dijo la abogada defensora.
En esa circunstancia, dice la abogada, existe un abuso de autoridad por parte del alcalde Quiñónez, porque no le compete determinar quién va o no a prisión.
Los abogados defensores de López Pablo presentaron el día de la detención un recurso de exhibición personal a su favor, sin embargo esto aún no ha sido efectuado, por lo que indican, sigue detenido ilegalmente.
A decir de la abogada, debería ser una prioridad para el Estado y los jueces verificar que se cumpla con el debido proceso. “Si bien no apoyamos la impunidad, pero el debido proceso debe respetarse como una garantía de certeza jurídica para cada uno de nosotros, porque esta situación le tocó a él, pero no sabemos en qué momento le va a tocar a uno de nosotros”, dijo.
“… Estas detenciones ilegales fueron en el conflicto armado interno, lo que nos está dando señales de que nuevamente estamos retrocediendo y esto debe de preocuparnos a todos, si esto pasa en la ciudad, qué no pasará en las comunidades, donde no existen mecanismos de control y que lamentablemente la PNC se presta para decisión de cualquier persona blanca que defina quién va a prisión”, mencionó.
Asimismo se refirió a la audiencia de primera declaración del pasado 13 de octubre, cuando la jueza Susan Salazar admitió al abogado Francisco Javier Gallardo, en representación de la Municipalidad, como querellante adhesivo. Porque en el documento presentado, él no figura como mandatario, sino otra abogada que no estaba presente en la sala de audiencias, lo cual para los abogados defensores fue una ilegalidad del proceso.
Ahora la defensa analiza las acciones a seguir, ya que argumentan que no se puede consentir ni tolerar estas acciones, porque eso implicaría el quebrantamiento del Estado de Derecho.
La audiencia de primera declaración de Rudy Amílcar López Pablo se realizará en horas de la tarde. Ayer fue suspendida debido a que no se contaba con un traductor del idioma maya Mam y él dijo no comprender completamente el español.
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