Por Elmer Ponce y Lourdes Álvarez
Cuatro pobladores de Santa Elena Río Salinas, Sayaxché, Petén iniciaron este lunes el debate por los delitos de usurpación de tierras y por la detención de un trabajador de esa empresa, hechos por los que los acusa la empresa Industria Chiquibul S.A. y el Ministerio Público (MP); un extremo que el abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas cuestiona, porque asegura que las personas de esa comunidad solo han reaccionado ante la explotación laboral a la que eran sometidas por la empresa, además su comunidad está rodeadas por 40 caballerías de palma africana.
En la sala de vistas del Tribunal de Sentencia Penal y Delitos contra el Ambiente de San Benito, Petén, los cuatro acusados escucharon el inicio del debate a cargo de la jueza Julieta García Calvillo, algunos incidentes y testigos que propuso el MP y la empresa, pero será hasta el próximo 21 de octubre cuando se retomará la audiencia.
Las acusaciones sostienen que en abril del año pasado, los acusados habrían cometido los delitos cuando decenas de elementos de la Policía procedieron a desalojar a varias familias que se encuentran en tierras que aparentemente son propiedad de la empresa.
El abogado Castro dice que se trata de un caso de esclavitud moderna hacia trabajadores y que lo que ocurrió fue una reacción comunitaria ante el despojo y acaparamiento de tierras por parte de la empresa, pero sostiene que los acusados no cometieron los actos señalados y que por el contrario, quien debería estar siendo investigada es la empresa denunciada con anterioridad por contaminar al medioambiente.
Los testigos de la empresa y del MP dijeron durante su declaración que fueron emboscados por una turba de hombres, mujeres y niños que iban armados con palos, piedras, machetes y armas de grueso calibre, “casi hablaron de armas automáticas”, dijo Castro. Por otro lado, otros dijeron que no llevaban armas, testimonios que a criterio del abogado son inconsistentes.
“Lo que se evidenció es que hubo un problema laboral entre comunitarios y la empresa, uno de los testigos mencionó que ellos han reclamado su indemnización, pero que no quisieron profundizar más sobre cómo el tema. Algunos dijeron que se habían ocupado 20 caballerías de terreno, otros que eran 27 hectáreas, no se sabe”, agregó el abogado.
Según uno de los acusados, en agosto del año pasado se emitió una orden de captura para los cuatro líderes, pero fue hasta el 2 de noviembre cuando fueron detenidos con engaños a eso de las 3 de la tarde.
En su declaración dijo que en esa fecha fueron citados, a aldea Tierra Blanca en el municipio de Sayaxché, por una mujer que dijo trabajar en derechos humanos y que, según ellos, responde al nombre de Yesica y de quien tienen el número de celular.
Los detenidos creen que esa persona permitió la captura, ya que acudieron a la reunión sin pensarlo, pero cuando llegaron se vieron rodeados por fiscales del MP y agentes de la PNC.
Antecedentes
El 13 de abril, la población denunció que varios agentes de seguridad privada llegaron armados a la comunidad Santa Elena Río Salinas para desalojar a las 200 familias que tomaron desde enero de 2020, una parte del terreno de la finca Tierra Blanca, localizada en la zona 3 de Sayaxché. Los comunitarios dijeron estar conscientes de que la tierra es propiedad de Chiquibul, pero dijeron que decidieron permanecer en ese lugar porque la mayoría ha trabajado en los campos de palma de aceite para la empresa, y no recibieron el salario mínimo o las prestaciones laborales que garantiza la ley.
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