Colombia: la guerra contra la Amazonia tras la firma del Acuerdo de Paz

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Créditos: colombiainforma.info
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por colombiainforma.info

 

7 oct, CI.- Organizaciones protectoras de los derechos ambientales alertan sobre los inminentes riesgos en materia de Derechos Humanos y ambientales que amenazan la Amazonia, en especial en los territorios donde hacía presencia las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-. La firma del Acuerdo entre esa organización y el Gobierno nacional no significó un mejoramiento de la seguridad en la región, sino todo lo contrario.

Desde 2016 (año en que se firmó el Acuerdo), han resurgido viejos conflictos y aparecido nuevas prácticas ilegales y criminales en zonas del territorio de la Amazonia. Minería ilegal, expansión de la ganadería y de cultivos de uso ilícito y deforestación son las principales prácticas que amenazan la vida humana y la sostenibilidad de complejos ecosistemas.

A esta conclusión llega el informe presentado por la Fundación Ideas para la Paz y la consultora climática Adelphi, el cual recoge una serie de alertas sobre lo que ocurre en zonas como los parques naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena; y los municipios San José del Guaviare y Calamar (Departamento Guaviare).

La ausencia del poder de las Farc en el control territorial y la nula presencia del Estado colombiano han facilitado la incursión de actores armados y de intereses económicos y políticos que chocan con las iniciativas de protección de lugareños y organizaciones no gubernamentales, quienes velan por el cuidado de los recursos naturales de zonas protegidas.

Según se lee en el documento Un clima peligroso: Deforestación cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonía colombiana, desde la firma del Acuerdo de Paz se han acelerado problemáticas sociales y ambientales que permanecen en la región de la Amazonia por más de 50 años. Las estrategias de conservación han entrado en conflicto con poderosos intereses, que van desde compañías legales hasta mafias mexicanas del narcotráfico que se disputan con prácticas altamente peligrosas su influencia en los territorios.

Las acciones estatales para frenar el clima de inseguridad no surten el efecto necesario para la gestión ambiental de las regiones y, por el contrario, en ocasiones los grupos armados al margen de la ley ejercen un control más agresivo sobre el territorio, sus habitantes y las organizaciones dedicadas a la protección de los Derechos Humanos y del ambientales. Este clima, según revela el estudio, altera los programas y estrategias encaminados a garantizar el equilibrio ambiental y las prácticas responsables de otras actividades económicas.

Ante el panorama de violencia y destrucción de recursos naturales en esos territorios, el informe sugiere cinco líneas de acción urgente para detener la catástrofe. Entre ellas se destacan las que están referidas a mayor seguridad para integridad física y vida de los defensores ambientales; mayor compromiso del estado colombiano en la implementación de los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz; mayor inversión en la protección ambiental, así como la articulación y cooperación institucional, respetando las organizaciones locales.

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