Créditos: Ramón Cadena
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Por Ramón Cadena

Para nadie es un secreto. Sabemos que desde hace cuatro años o más, se viene implementando un plan para tomar el control absoluto del Estado de Guatemala. Utilizando todos los mecanismos legales a su alcance, haciendo uso del “fraude de ley” en forma sistemática, están implementando una estrategia que les permitirá avanzar en forma contundente hasta lograr su cometido: poner fin a cualquier oposición que pueda surgir frente a sus planes criminales; garantizarse impunidad por la comisión de los mismos y salirse con la suya. Lo que quieren es repetir la historia de graves violaciones a los derechos humanos e impunidad, que debió quedar superada con la firma de la paz.

Se trata de los tres poderes del Estado actuando conjuntamente y en armonía a favor de la impunidad: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el caso de este último, el derecho de acceso a la justicia queda opacado por el poder punitivo del Estado; este último, clave para lograr imponer un castigo a todos aquellos que se oponen a las violaciones a los derechos humanos e impunidad.

En el caso del Congreso, la agenda legislativa regresiva que están implementando hombres y mujeres, parlamentarios de diferentes partidos políticos, significa que están dispuestos a todo, con tal de no permitir que nuestra sociedad avance hacia un régimen democrático más igualitario. Sin discriminación, ni exclusiones de ningún tipo.

Finalmente, el organismo Ejecutivo está dirigido por una persona que no representa la unidad nacional, como debería según la Constitución Política de la República de Guatemala. Por el contrario, Alejandro Giammattei promueve que la impunidad sea exitosa; y que se puedan cometer actos de corrupción a diestra y siniestra, sin ningún castigo. Además, con actos autoritarios, típicos de un dictador y de la mentira que conlleva el fraude de ley, afectó sustancialmente la implementación de los Acuerdos de Paz, para impedir los avances democráticos en el país.

La pregunta clave es qué debemos hacer para frenar esta situación. Dice la frase popular que “a golpe dado, no hay quite”. En este caso, sí que lo hay. Como sociedad, debemos hacer todo lo posible para detener los efectos de estos ataques. Creo que una primera respuesta viable y coherente es la construir un frente unido contra la impunidad, con la participación de dirigentes de diferentes tendencias políticas. Estoy seguro que muchos de estos dirigentes esperan la oportunidad de unirse en un esfuerzo común, que apoye a las y los jueces independientes, honestos y progresistas.

Ese es el primer objetivo que debemos hacer realidad. No se trata de construir un frente político, de cara al proceso electoral. Eso puede venir después. Ahora los ataques en contra de jueces y juezas nos demandan unirnos, para que podamos frenar dichos ataques. Luego podrán venir acuerdos más amplios, de cara a las próximas elecciones. Lo necesario ahora, es hacer valer el poder popular lo más pronto posible, frente al poder autoritario del Estado. ¡A golpe dado, sí hay quite!

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