Por Carlos Ernesto Choc
En agosto de este año el pueblo Q’eqchi’ de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, celebró los cuatro años de la consulta comunitaria de buena fe, donde en mayoría absoluta se rechazó la actividad de la empresa hidroeléctrica Oxec. Hasta el momento el Estado no ha respetado ese resultado, mientras la empresa ha enfocado sus estrategias en criminalizar a líderes comunitarios como Bernardo Caal, que actualmente sigue en prisión por dos delitos, que según sus abogados, que no ha cometido. En este momento el caso de Caal está en un proceso de casación.
Caal fue delegado en asamblea comunitaria para realizar acciones legales, interponer un recurso de amparo y exigir el derecho de consulta a toda la población y en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por concesionar el río Cahabón por dos proyectos hidroeléctricos, acción que fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en diciembre 2015 y tuvo una respuesta favorable a la población Q’eqchi’ en 2016.
Desde ese año la CSJ ordenó suspender la licencia de los proyectos de la empresa hidroeléctrica Oxec I y Oxec II y realizar una consulta comunitaria, que se realizó el 26 de agosto del 2017 con 26 mil 537 votos en contra a la instalación de ese proyecto y solo 11 a favor de la empresa hidroeléctrica Oxec, un resultado que no se respeta ni valida por el Estado.
“La consulta se realizó hace cuatro años, pero la municipalidad de nuestro municipio, no la ha tomado en cuenta, siempre la han rechazado”, expresó Francisco Tec Caal.
Las comunidades continúan alzando la voz para que el Estado pueda reconocer y validar el resultado en la consulta realizada en 2017 y, por esa razón, cada año se reúnen como lo hicieron el pasado 28 de agosto, para celebrar el resultado y el rechazo a la empresa Oxec, además para exigir la libertad de Bernardo Caal, quien fue declarado por Amnistía Internacional y Naciones Unidas como preso de conciencia.
Según las autoridades comunitarias en la región hay varias comunidades que no tienen acceso al agua y los ríos, por el desvió de los nacimientos de los que se nutren, una situación que les preocupa.
“A nosotros como pueblos indígenas, las comunidades nos han dejado sin agua y en muchas comunidades estamos encontrando consecuencias”, dijo Pedro Ramírez.
Unas 195 comunidades maya Q’eqchi’ de la región de las Verapaces exigen al Estado justicia en contra de la empresa Oxec por los daños ambientales y cárcel para los representantes legales.
También reclaman las tierras ancestrales que ocupa las instalaciones de las hidroeléctrica Oxec I y Oxec II, donde según las autoridades comunitarias, existe una amenaza de construir otra tercera represa que será Oxec III.
“Hemos visto que nos han robado nuestros ríos, nos han robado nuestros espacios, cuando hay mucha gente, con mucha necesidad y que el pueblo esta creciendo y necesitan espacios y necesitan tierras”, agregó Juana Guadalupe Choc Fernández.
La población del municipio de Santa María Cahabón lucha y resiste frente al Estado y a la empresa Oxec que siguen violentado sus derechos como pueblos originarios, al invalidar los resultados de rechazo al proyecto hidroeléctrico en la consulta y encarcelando injustamente a su represente Bernardo Caal, según han expresado constantemente los comunitarios.
