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Por Prensa Comunitaria

Con el argumento de tener “razones ideológicas” para perjudicar a los militares retirados y expolicías acusados de los delitos de desaparición forzada y contra deberes de la humanidad, en el caso del Diario Militar, el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez y el sargento mayor José Daniel Monterroso Villagrán, iniciaron este miércoles un proceso para intentar apartar al juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, del proceso que ayer concluyó la etapa de primera declaración.

Para este jueves, a las 11 de la mañana, el juez a cargo de la Sala de Apelaciones informará si acepta la recusación planteada o no.

Durante la audiencia desarrollada este 22 de septiembre en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo, los abogados de Salán Sánchez y de Monterroso Villagrán, brindaron una serie de nociones para apartar del caso al juez Gálvez, con el argumento de que opinó de forma “irrespetuosa en contra de los militares”, durante las audiencias de primera declaración del 2 y 9 de junio de 2021.

Con la intención de apartar al juez del caso del Diario Militar, los abogados presentaron el audio de las audiencias mencionadas, para sustentar que en varias ocasiones Gálvez dijo: “no soy militar soy civil, nunca he sido militar, ni me simpatiza serlo”, “los militares eran los verdaderos subversivos” y “los militares fueron los que rompieron el orden constitucional”, y por esa razón pidieron que se nombre a otro juez para que continúe el proceso penal.

El martes último, en la conclusión de las audiencias de primera declaración de 11 militares retirados y expolicías, el juez Gálvez, previo a su resolución en contra de un general y un teniente coronel, señaló que sus decisiones las toma analizando el contexto en que se desarrollaron los hechos, las figuras de los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, los delitos de deberes contra la humanidad y los medios de prueba presentados por la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público (MP).

Además, dijo que el centro de la discusión giraba en torno a los delitos de los que están señalados los militares y el derecho que ejercieron de detener y desaparecer a personas de forma ilegal y de aplicarles torturas y otros vejámenes, con posiciones de poder en el Estado.

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El juez Gálvez se ha caracterizado por sus extensas explicaciones sobre los delitos, la legislación nacional e internacional que los sustentan y, especialmente ha expuesto durante sus resoluciones, el contexto en el que se han desarrollado los hechos de violencia y de violación de derechos humanos que actualmente se juzgan, una forma que, a criterio de los abogados, son opiniones del juez en contra del ejército.

Sobre la petición, el abogado de los militares Víctor Augusto Vásquez Echeverría y Gustavo Oliva Blanco ligados a proceso con prisión preventiva dijo desconocer el memorial presentado y expresó su falta de interés en ser parte del proceso.

En contraste con los argumentos de la defensa de los militares, la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público (MP) consideró que Gálvez ha cumplido con su función como juez contralor y que su “sana crítica de los hechos presentados por el MP” está sustentada en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado los obstáculos que en el caso del Diario Militar ha encontrado de parte del ejército para acceder a la información requerida.

En ese mismo sentido se pronunciaron los abogados de los querellantes, que sumaron elementos jurídicos para que la Sala no acepte la queja presentada por los militares.

Las recusaciones en contra del juez Gálvez fueron presentadas principio de julio. En entrevista con la revista Ruda, dijo que conocería las tres recusaciones planteadas en su contra en el desarrollo del caso “Diario Militar” hasta haber escuchado la primera declaración de los implicados, para que no quede en el limbo la situación legal durante meses o años.

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Antecedentes de los militares que recusaron al juez

Según un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Salán Sánchez egresó de la Escuela de las Américas en 1974 y en 1979 de la Escuela Politécnica. Además, se le señala de ser uno de los miembro de “La Cofradía”.

Trabajó en la Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2) a finales de los 80 y en los 90. En1996 fue destituido del ejército por su participación en la red de contrabando de Alfredo Moreno. Salán ha sido acusado por numerosas organizaciones de derechos humanos de participar en el secuestro y asesinato en 1989 de varios estudiantes de la universidad de San Carlos, y del asesinato en 1990 del ciudadano estadounidense Michael Devine.

Según información de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Salán Sánchez fue acusado por el testigo José Armando Llort Quiteño, exgerente de Crédito Hipotecario Nacional (CHN), de transportar Q30 millones del Ministerio de la Defensa Nacional al CHN, Por este caso fue señalado del delito de peculado.

La Cofradía, según el informe de Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos, fue un grupo de oficiales de inteligencia militar, tanto en ejercicio como retirados, que estuvieron “asociados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en el período del presidente Romeo Lucas García, de julio de 1978 a marzo de 1982.

Durante la guerra, los miembros de la Cofradía formaban parte de un grupo de militares de línea dura conocidos como los estratégicos e implementaban sistemas represivos de control social, con la utilización de información de inteligencia. Se les señala de cometer “actos brutales de violencia” en contra de organizaciones guerrilleras y de población civil.

José Daniel Monterroso Villagrán, alias “Lengüita”, trabajo en el ejército de Guatemala de 1973 a 2004. Fue Policía Militar Ambulante y Sargento Mayor analista de inteligencia en el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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