Migrantes siguen vulnerables ante desapariciones y expulsiones

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Créditos: Amílcar Morales.
Tiempo de lectura: 7 minutos

Por Lourdes Álvarez

En la región de las Américas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú y Brasil, existen unas 4 mil 700 solicitudes de búsqueda abiertas para personas migrantes desaparecidas, según registros de esa institución.

Los casos de personas migrantes desaparecidas en su trayecto a Estados Unidos son constantes en los flujos migratorios, pero se trata de un tema “silencioso”, porque muchas veces las familias no lo denuncian, según Úrsula Roldán, directora del Instituto de investigación y proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar.

“A veces, las familias hacen algunas acciones para solicitar apoyo de identificación, también las caravanas de madres y algunas instituciones de derechos humanos tratan de hacer este proceso de búsqueda e identificación, pero hay poca denuncia y es un tema silencioso”, indicó Roldán.

Recientemente, en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos el 30 de agosto, fueron las organizaciones sociales y de acompañamiento a las personas migrantes quienes solicitaron que el tema se aborde con la urgencia que amerita por parte de los Estados y de la sociedad, ya que debido a la pandemia de coronavirus muchos de los procesos que las familias denunciaron se estancaron.

Foto: Amílcar Morales.

Aunque existen datos sobre las personas migrantes, sobre todo del retorno que contabilizan las autoridades migratorias de los países que les envían y reciben. Una especie de números fríos a los que se reducen todas las historias de desplazamiento forzado, violencias, persecución, falta de medios para subsistir, entre otras, no existe información precisa sobre las personas migrantes desaparecidas.

En marzo de este año, Prensa Comunitaria dio a conocer los testimonios Luisa*, Irene* y Sofia* que también forman parte de las familias que han perdido a un ser querido en su intento por llegar a los Estados Unidos y de los cuales nunca más volvieron a tener noticias. Ellas llevan alrededor de diez años esperando respuestas. Estos casos y  el seguimiento es acompañado por el CICR.

“Cuando Luisa* tenía cuatro años, su mamá migró de Guatemala rumbo a México y luego a Estados Unidos con el sueño de darle una mejor vida a su familia, huyendo de la violencia, buscando la sobrevivencia. Aunque prometió que se comunicaría, nunca más volvieron a recibir noticias de ella”, según el testimonio.

Irene*, se quedó a cargo de su abuela paterna cuando su papá desapareció. “Mi hijo está desaparecido. Él me dejó a sus dos hijos. La niña está en 5to. grado y su hermanito en 6to. Primaria. Yo trabajo, pero también tengo que pagar una deuda que me dejó mi hijo, es algo muy doloroso para todos los que tenemos a nuestros hijos desaparecidos”, enfatizó la abuela de Gabriela.

Sofia*, también perdió a su esposo que salió de Chimaltenango rumbo a Estados Unidos, pero nunca volvió a saber de su paradero.

*Nombres ficticios por seguridad.

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Sin un marco normativo claro sobre personas desaparecidas

Salha Benzeghiba, jefa de misión del CICR en Guatemala, indicó a Prensa Comunitaria que en el país falta un marco normativo que defina claramente el concepto de persona desaparecida y reconozca los derechos de las personas migrantes desaparecidas y de sus familiares.

“Una desaparición comporta también necesidades de carácter legal relacionadas al acceso a pensiones, cuentas bancarias, beneficios de seguridad social. La participación de las familias es de suma importancia durante todo el proceso de búsqueda”, agregó.

Por otra parte, indicó que la desaparición de un ser querido implica no solamente angustia y dolor para las familias, sino también impactos en su salud física y emocional y dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación, vivienda y de educación, lo último en mayor medida, porque la persona desaparecida era el sostén económico de la familia.

En muchas ocasiones, las familias realizan la búsqueda con la presunción de que su ser querido se encuentra vivo, independientemente del tiempo transcurrido desde la desaparición o las circunstancias de los hechos, aunque también contemplan la posibilidad de que su familiar puede haber fallecido. Ahí cobra importancia la claridad sobre las instancias que realizan la búsqueda para que las familias no se vean obligadas a contactar a distintas instituciones o a repetir trámites presentando información ante distintas autoridades, agregó Benzeghiba.

Foto: Amílcar Morales.

Otro punto que también detalló la entrevistada radica en que los trámites generados por la búsqueda tienen costos asumidos por las familias que pueden mermar significativamente las finanzas familiares, sobre todo cuando la persona desaparecida ha aportado ingresos importantes al hogar.

“Es necesario agilizar el procedimiento para el otorgamiento de visas humanitarias para que las familias puedan realizar in situ el seguimiento de sus casos o para que puedan dar seguimiento a su caso desde el país donde habitan; asegurar que las familias tengan acceso periódico a la información sobre los avances y los resultados de la búsqueda y de la investigación”, indicó Benzeghiba.

Migrantes: desapariciones y sueños rotos

Si bien la desaparición de personas migrantes es uno de los fenómenos silenciados de la migración, con los márgenes más devastadores para las familias, también quedan aquellas personas que conservan su vida, pero ven truncados sus sueños de llegar hasta Estados Unidos, retornan sin información y sin opciones claras sobre su futuro.

De enero al 25 de agosto de este año, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se ha retornado al país a 24 mil 945 guatemaltecos vía terrestre desde México y 2 mil 731 por la vía área. De Estados Unidos fueron trasladados vía área 3 mil 149 personas.

En comparación a la misma fecha, en el año 2020 fueron 13 mil 484 vía terrestre desde México y en el 2019 la cifra incrementó a 71 mil 430 personas.

Aunque las cifras comparadas con el 2019 son menores, desde el 2020 y a la fecha se siguen reportando incrementos de personas migrantes retornadas en distintos puntos fronterizos con México.

Desde inicios de agosto diversas organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes alertaron sobre un incremento acelerado de migrantes en la frontera con México. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) llevó a cabo una verificación en la frontera El Ceibo, Petén, donde detectó que entre el 11 y 12 de agosto llegaron 12 autobuses con un promedio de 70 personas, que no contaban con información clara sobre su situación.

Además, se dijo que no hubo coordinación entre las autoridades migratorias de ambos países y las personas migrantes no contaban con alimentación y un lugar dónde pernoctar.

Según el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) se están utilizando las medidas de cierre de fronteras implementadas para contener la pandemia de coronavirus para irrespetar los derechos de solicitud de asilo y protección que muchas personas migrantes han realizado en Estados Unidos.

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Biden rompe los sueños y las promesas

Para Roldán, las deportaciones exprés, retomar el programa quédate en México y un centro de deportaciones en Guatemala, son los programas que precisamente fueron cuestionados al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, porque en apariencia eran los programas de cooperación de asilo y refugio, pero nada de eso se cumplió.

Ahora el presidente Joe Biden también retomó prácticas que expulsan masivamente a las personas migrantes. “Esto rompe con una de las promesas que hizo el presidente Biden, que es restituir el sistema de asilo y refugio de Estados Unidos, porque lo que hacen estas medidas es contravenirlo, desestructurarlo y generar una serie de disfuncionalidades en toda la región”, agregó Roldán.

Añadió que “si Estados Unidos rompe con el sistema de asilo y refugio que está establecido legalmente en su país, de igual manera lo va a hacer México y otros países centroamericanos”.

Aunque Biden incumplió la promesa, no es totalmente su responsabilidad, según Roldán, porque han sido medidas tomadas a partir de fallos de la Corte Suprema de Justicia y otras cortes federales en Estados Unidos. “Es un tema político muy álgido de posiciones demócratas y republicanas, pero los hechos son los hechos y estas figuras están siendo retomadas”.

Visita de Kamala ¿Un fracaso?

La situación general de las personas migrantes empeoró durante la pandemia. Las caravanas de contención en Guatemala y México las reprimieron con brutalidad y violencia y aunque a nivel centroamericano se esperaba que con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, se lograran avances en ese tema, también en políticas contra la corrupción, entre otros, a criterio de Roldán “no podíamos esperar de una visita protocolaría cambios sustantivos en la política”.

Roldán agregó que “la problemática migratoria, tristemente es un problema que no se va a resolver fácilmente, que necesita de una intervención regional de órganos más plurales como el sistema de Naciones Unidas que verifique los derechos humanos y los convenios internacionales a los que están comprometidos todos los países.

Foto: Amílcar Morales.

En opinión de la entrevistada, Estados Unidos efectivamente es el mayor receptor de las demandas de migración irregular, de asilo y refugio, lo que puede colapsar los sistemas legales que tienen los países y su sistema de frontera, pero lo más adecuado es tener medidas regionales y una corresponsabilidad de los diferentes países para atender los efectos de esta crisis que son sumamente altos.

Añadió que es importante contar con una panorámica general de las diversas fases de crisis que se vive en la región. “La crisis política y ambiental en Haití, los gobiernos de Guatemala y Honduras que mantiene la corrupción e impunidad a un alto nivel y también el gobierno  de El Salvador, que va imponiendo sus propias reglas en un gobierno autócrata”.

Deudas pendientes

Las personas migrantes indocumentadas son una población en particular situación de vulnerabilidad en la región, principalmente las y los niños no acompañados y las mujeres, quienes se exponen a mayores riesgos ante fenómenos como la violencia sexual o la trata de personas. De igual forma, son particularmente vulnerables las personas de la diversidad sexual o con discapacidad. Por ello, resulta clave que los Estados redoblen esfuerzos para proteger estos grupos, según la jefa de misión del CICR en Guatemala.

Agregó que, ante los altos riesgos de desaparición de las personas migrantes en la ruta migratoria, las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir e investigar las desapariciones, entre otros, facilitando medidas para mantener el contacto familiar y preservando la unidad familiar, en particular durante la detención y deportación.

“Si una persona desaparece, los familiares tienen derecho a recibir información y una adecuada orientación a las familias, en sus países de origen, sobre sus derechos y los mecanismos de protección de estos derechos, a participar y ser informados sobre la búsqueda, la cual debería activarse de forma inmediata, y a que sus necesidades psicológicas y jurídicas sean atendidas.  Los familiares de las personas migrantes fallecidas tienen derecho a que la entrega de los cuerpos o restos mortales de sus seres queridos se realice en condiciones dignas y que dicha restitución provea de medios y procedimientos necesarios para una sepultura digna, en consonancia con los deseos, normas y costumbres culturales de la familia”, según la entrevistada.

Resulta fundamental que los países garanticen la participación efectiva de las familias y comités en todas las etapas del proceso de búsqueda de las personas migrantes desaparecidas, pues su conocimiento y experiencia representa un valor añadido para el diseño de las estrategias correspondientes, puntualizó.

 

Autoría y edición

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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