Por Prensa Comunitaria
Juan Francisco Sandoval dijo este lunes que la investigación en su contra por el caso Odebrecht es una fabricación del presidente Alejandro Giammattei que, a través de la fiscal general, busca evitar rendir cuentas sobre los señalamientos de haber recibido sobornos de empresarios rusos para autorizar proyectos millonarios con recursos públicos.
La noche del 23 de julio, Sandoval antes de salir al exilio dijo en una conferencia de prensa que había recibido información de un testigo que había entregado dinero enrollado en una alfombra. Posteriormente medios nacionales e internacionales revelaron detalles de la visita de personas de origen ruso de la empresa Maya Níquel, una minera cuyas operaciones están suspendidas en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.
El objetivo de la visita y de los presuntos sobornos al presidente buscaba que se le cediera un terreno en el puerto Santo Tomás de Castilla para embarque y desembarque del mineral.
La respuesta del exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) se da después de que el presidente dijera en una entrevista con la cadena de noticias CNN en español que en los próximos días se conocerían detalles del caso Odebrecht. El periodista le recordó a Giammattei que el patrón de sobornos que utilizó la constructora brasileña cuando realizaba pagos se hacía por anticipado. En los últimos días se ha observado la intención de Giammattei a través de Porras de vincular a Sandoval al caso.
Este mismo 27 de septiembre, la abogada de Claudia González, en representación de Sandoval en ciudad de Guatemala dijo que el Ministerio Público (MP) le ha impedido el acceso a la información del caso Odebrecht, que no ha podido acceder al número de expediente y que se cambió a la fiscal que lleva el caso sin brindar detalles.
La desinformación de estos casos que se ha difundido en un medio de comunicación, agrega la abogada de Sandoval, intenta mostrar que existió un acuerdo “opaco” entre el Thelma Aldana, Iván Velázquez y el exfiscal de la FECI, quien a cargo del caso estableció un convenio con testigos protegidos de nacionalidad brasileña fuera del territorio, que lo invalida, según el medio, invalidando su valor en juicio y, que actuó sin tener facultades para hacerlo.
Para desvanecer la información difundida por el medio, la abogada de Sandoval presentó documentos de septiembre de 2017, del Juzgado de Mayor Riesgo A, dirigido por la jueza Claudette Domínguez, en los que se confirma que el acuerdo se realizó a través de un tribunal guatemalteco y la Corte Suprema de Justicia.
Desde hace algunos días, un medio digital dirigido por Rodrigo Arenas, acusado por el delito de financiamiento ilícito electoral al partido del expresidente Jimmy Morales en marzo de 2019, difunde una campaña que muestra como responsables de ese acuerdo a la exfiscal Thelma Aldana, el excomisionado Iván Velázquez y Sandoval.
Para Sandoval, la desinformación sobre el caso Odebrecht pretende culparlo de un hecho donde la responsabilidad estatal correspondía a otras instituciones públicas. “Desarrollar el proyecto de la carretera fue una responsabilidad del MICIVI y la obtención de reparaciones por incumplimiento del contrato es una responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el abogado del Estado”, dijo Sandoval.
El uso malicioso del derecho penal contra opositores, sostiene Sandoval, es un elemento central del gobierno de Giammattei. También considera que la comunidad internacional puede apoyar para detener lo que llama “’ legalizar’ la impunidad”, para evitar que el sistema continúe beneficiando al crimen organizado.
Antecedentes del caso Odebrecht
Investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicadas en diciembre de 2016, mostraron que la constructora brasileña entregó sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Guatemala.
En enero de 2018, la CICIG y el MP presentaron el caso señalando que Odebrecht obtuvo un total de 249,8 millones de dólares por anticipos de un contrato para la construcción de una carretera que no se concluyó y que pagó 17,9 millones de dólares en sobornos a funcionarios guatemaltecos.
El Ministerio Público investigó la modalidad de obtención de esos sobornos por una estructura criminal dirigida por Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, en agosto de 2017.
Por este caso, según información de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, varias personas fueron condenadas por el delito de lavado de activos y se estableció la responsabilidad de personas que hasta la fecha continúan enfrentando un proceso judicial.
Juan Francisco Sandoval fue el enviado por el Ministerio Público para lograr el acuerdo de colaboración eficaz en Brasil aprobado por la jueza de mayor riesgo A. Para Juan Francisco Sandoval, señalar de opaco el acuerdo y responsabilizarlo, “significa omitir decisiones de Estado relevantes y de conocimiento público”.
