Por Regina Pérez
La familia Sandoval ha emprendido desde hace años un juicio en contra del proyecto minero “el Escobal”, de la minera canadiense Pan American Silver, a quien acusan de haber construido importante infraestructura en su finca “el Salitre”, ubicada en el departamento de Santa Rosa, que aducen fue comprada a poseedores de la tierra, más no a ellos que son los propietarios.
Por otro lado, la familia presentó oposiciones al proyecto minero y exige al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la suspensión definitiva de la licencia de explotación del derecho minero del proyecto, identificado con el ID Derecho Minero LEXT-015, 11 por vulnerar el derecho de propiedad de tres familias.
Actualmente las operaciones del proyecto minero se encuentran detenidas. En 2017, la Corte de Constitucionalidad resolvió la realización de una consulta a las poblaciones afectadas.
En un comunicado de prensa difundido este lunes, los propietarios señalaron que la finca el Salitre, ubicada en la aldea los Planes, del municipio de San Rafael las Flores, se encuentra inscrita en el Registro General de la Propiedad bajo el número 131, folio 498, libro 34 del departamento de Santa Rosa desde el 22 de febrero de 1904.
Un integrante de la familia Sandoval relató que las tierras donde opera el proyecto minero han pertenecido a su familia desde 1904 desde que su tatarabuelo la tituló.
Según el demandante, su bisabuelo Leopoldo Sandoval, prestó las tierras para un trapiche, pero cuando él murió las personas a quienes se las prestó no devolvieron la tierra. “Así se fue quedando, pero cuando vino la mina se les hizo saber que las tierras tenían un dueño”, indicó.
No obstante, según los demandantes, lo que hizo la mina, en ese entonces minera San Rafael, de Tahoe Resources, fue comprar la tierra, con declaraciones juradas, a los que la poseían en ese momento, no a los propietarios.
El entrevistado señaló que cuando ellos comunicaron a la minera que la tierra les pertenecía e incluso les mostraron las escrituras registradas y planos, la empresa no accedió a sus demandas y lo que hicieron fue intimidar a la familia, diciéndoles que les iban a hacer un juicio largo y que tenían que pedir aprobación en Canadá.
La familia justificó que ellos no accionaron legalmente contra la mina cuando empezó este problema, porque en ese entonces gobernaba Otto Pérez Molina, que “en realidad era un gobierno que los apadrinaba (a la mina). Imagínese lo que nos podía pasar a nosotros si iniciábamos un juicio de reivindicación de la posesión, nos matan, porque era su modo de operar”, señaló.
Los propietarios emprendieron un juicio contra la minera y además plantearon tres oposiciones en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la licencia de la minera el Escobal porque según los abogados, para que sea otorgada una licencia deben ser los propietarios quienes autoricen a hacerlo y los que vendieron el terreno a la mina no lo son.
Yo hice investigaciones de la mayoría de compraventas que hizo la mina y las compró con derecho de posesión, aun teniendo escrituras registradas. A ellos no les interesaba que les dieran un título correcto, a ellos lo que les interesaba era adquirir la tierra de cualquier modo, indicó la persona entrevistada.
Según el demandante, las familias se adhirieron a oposiciones de vecinos de San Rafael las Flores que accionaron en el MEM por otros derechos vulnerados. Aunque aclara que en su caso es por vulnerar el derecho de propiedad. “Eso fue hace más de dos meses y hasta la fecha no nos han dicho nada, solo nos dicen que está en el Departamento Legal y que está en proyecto de resolución” manifestó.
Lo que los propietarios solicitan al MEM es la cancelación de la licencia de explotación que el Estado otorgó a la mina, “porque le están sacando provecho a una tierra que no es de ellos”.
Agregó que “infraestructura muy importante de ellos está sobre nuestras tierras y a la hora de que un juzgado falle nos vemos perjudicados porque la tierra es estéril, ya construyeron, hay cemento, hay ripio, no solo es que nos están negando el derecho de administrar nuestra tierra sino que ya destruyeron lo que un día fue una tierra fértil”.
Por su parte, el MEM respondió por medio de su Unidad de Comunicación, señalando que el artículo 46 de la Ley de Minería establece que la persona que se crea perjudicada por la solicitud de un derecho minero podrá oponerse al otorgamiento del mismo, formalizando su oposición ante la Dirección, en cualquier momento antes de que se dicte la resolución de otorgamiento.
“En este particular caso, los opositores están accionando y presentando su oposición cuando el derecho minero ya fue otorgado” respondió la cartera, que agregó que el Ministerio no cuenta con asidero legal que permita suspender definitivamente un derecho minero ya otorgado, “en virtud de que, el artículo 51 sobre las Causas de suspensión, no regula una suspensión definitiva ni encuadra la solicitud realizada por las familias copropietarias de la finca denominada ‘el Salitre’ dentro de esas causales”.
Las familias copropietarias deberán atenerse a lo que se resuelva a través del juicio ordinario de reivindicación de la posesión planteado, para recuperar la posesión, manifestó la cartera.
Llevan a minera a juicio pero se entrampa por amparo
Ante la negativa de la empresa para llegar a un acuerdo, en 2019 los propietarios de la finca el Salitre iniciaron un juicio en su contra en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Cuilapa, Santa Rosa.
Según la familia, la mina construyó en su propiedad parte de su planta de procesos, de su edificio administrativo, el camino principal hacia los portales de la mina e instaló su báscula para pesar el concentrado de metales, todo esto dentro de la finca y sin contar con autorización ni que se les haya vendido los derechos.
Tras la demanda que hicieron en el juzgado de Cuilapa, la empresa fue notificada en la sede del proyecto minero el Escobal, tras lo cual la mina planteó una nulidad de notificación que fue otorgada por el juzgado. Se les volvió a notificar en el Juzgado de Cuilapa, donde los representantes de la mina se habían presentado y la minera volvió a accionar.
Para los afectados, después de eso la empresa comenzó a presentar recursos de revocatoria, una apelación que también fue denegada por la Sala que indicó que la resolución del Juzgado de Primera Instancia era correcta, que se tenía que continuar el juicio y no se podía caer en un círculo vicioso de impugnaciones.
Finalmente, la empresa interpuso un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de 2020. Hasta la fecha ese amparo no se ha resuelto y a nosotros nos notificaron hasta este año, indicó el integrante de la familia que fue entrevistado.
Para él, ha habido un retardo de justicia en la CSJ porque “un amparo es para proteger los derechos que han sido vulnerados, pero aquí es todo lo contrario, es para proteger los derechos de la empresa y atrasar las actuaciones” dijo.
Por el momento, el juicio emprendido en contra de la empresa se encuentra estancado, pese a que la Cámara de Amparo y Antejuicio no ha resuelto el amparo, únicamente le dio trámite.
El Juzgado de Primera Instancia Civil lo que nos dice es que mientras esté el expediente en la Cámara de Amparo y Antejuicio ellos no pueden hacer nada, indicó.
Antecedentes del proyecto minero el Escobal
La licencia minera el Escobal fue autorizada el 3 de abril de 2013 y contiene oro, plata, níquel, cobalto, cromo, plomo, zinc, antimonio y tierras raras, según un informe que realizó el investigador Luis Solano en 2015.
La licencia, según Solano, tiene una extensión de 19.99 kilómetros cuadrados, equivalente a un quinto del territorio de San Rafael las Flores, que mide 85 kilómetros cuadrados.
Es en ese lugar donde opera desde 2013, la actividad del proyecto minero generó criminalización contra las personas que se oponían al proyecto así como conflictividad social.
Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinca, señaló que durante el gobierno del Partido Patriota, cuando gobernaba Otto Pérez Molina, fue el periodo más crítico, “porque hubo criminalizados, también detenidos y agredidos, personas resultaron con graves lesiones”, señaló. Pérez Molina también impuso un estado de sitio en Jalapa y Santa Rosa.
Arana mencionó que una de las muertes registradas en este periodo fue la de la joven Topacio Reynoso, de 16 años, activista en contra de la mina. Su muerte fue parte de la conflictividad que hubo, indicó. Reynoso era una joven activista, originaria de Mataquescuintla, Jalapa y fue asesinada el 13 de abril de 2014.
En 2021, en el contexto de la preparación de una preconsulta sobre el proyecto minero, continuaron los ataques y amenazas en contra de las personas que forman parte de la resistencia.
Ante preconsulta comunitaria por mina el Escobal, se intensifican amenazas
En 2017, la Corte de Constitucionalidad detuvo el proyecto y ordenó que se realizara una consulta al pueblo Xinka sobre el mismo.
Arana señaló que los preparativos y reuniones por la preconsulta por el caso del derecho minero Escobal estaban avanzando, pero debido a la pandemia de COVID-19 y los casos positivos que se han presentado, no pudieron continuar.
El objetivo de la pre consulta es alcanzar acuerdos y definir la metodología para utilizar en el proceso de consulta sobre el proyecto minero. Según Arana, cuando la población tenga ya toda la información sobre el proyecto minero, se hará la consulta.
Preconsulta en el proyecto minero el Escobal: “no es una carrera, se debe hacer con tiempo”
Por la preconsulta ya se habían realizado dos reuniones y se pospuso la tercera, tras una solicitud del Parlamento Xinka, según informó el MEM en un comunicado.
