Exembajador Stephen McFarland: “La migración desde Centroamérica puede aumentar por la persecución política”

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Créditos: McFarland en Guatemala
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Héctor Silva Ávalos

Prensa Comunitaria entrevistó en Washington a Stephen McFarland, embajador retirado que sirvió en Guatemala entre 2008 y 2011, sobre los nuevos aumentos en los flujos de migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades a Estados Unidos. El diplomático, que habla en términos personales y no como representante del gobierno estadounidense, cree que las medidas tomadas por la administración de Joe Biden para presionar las derivas autoritarias en Guatemala y El Salvador, como el retiro de visados a algunos funcionarios, son necesarias pero no suficientes.

Estados Unidos debe, piensa McFarland, priorizar investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero en la región y revalorar políticas de corto plazo como las deportaciones masivas. El diplomático entiende que las condiciones actuales de persecución política a periodistas y sociedad civil en los regímenes de Alejandro Giammattei en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador, pueden aumentar los flujos migratorios. Este es un extracto de la conversación:

P: Tras la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, en junio pasado, muy poco ha cambiado respecto a las políticas migratorias de Trump en la región mientras El Salvador y Guatemala han entrado en una nueva deriva autoritaria. Harris habló de combatir la corrupción, pero eso parece estar estancado. ¿Cómo lee a Centroamérica en este contexto?

R: Los cuatro países de Centroamérica más cercanos a Estados Unidos -Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua- muestran diferentes señales, todas preocupantes, de aumentos en el autoritarismo, captura del Estado por actores corruptos y por el crimen organizado, declive de la gobernanza y los servicios, y migración hacia Estados Unidos. El reto inmediato para Estados Unidos es el aumento en la migración.

Las economías de Guatemala y El Salvador dependen del aumento constante de la migración y de las remesas que envían los migrantes; y los sistemas políticos de esos países también dependen cada vez más de la migración como una válvula de escape y fuente de fondos, así como de un control cada vez mayor de todas las partes del Estado -incluidas la justicia y la persecución penal- ya sea por una sola persona o por un grupo pequeño de personas que piensan igual.

La corrupción ha pasado de ser solo un problema del mal uso de presupuestos públicos a incluir la cooptación de los cuerpos judiciales, fiscales, electorales y de control, lo que es una amenaza al sistema democrático. Periodistas y grupos de sociedad civil son presionados y arrestados; Nicaragua es el peor.

P: Los ataques a las democracias centroamericanas ocurren mientras otros actores como China y Rusia tratan de aumentar su influencia en la región. ¿Es algo que cree preocupa a la administración Biden?

El reto más peligroso para los Estados Unidos es que el declive de las democracias y el Estado de derecho se están acelerando. El deterioro de las democracias y de un sistema de libre empresa basado en reglas claras, que ocurre tan cerca de los Estados Unidos, donde se ha invertido tanto para promoverlos desde los 80, es particularmente alarmante en un momento en que hay un retroceso global de la democracia.

La migración irregular desde Centroamérica puede duplicarse, no solo por razones económicas sino también por razones de seguridad y por persecución política. Los gobiernos que están bloqueando la democracia tenderán a apagar las fuentes de disenso, especialmente a los periodistas y a la sociedad civil. La influencia del crimen organizado y el narcotráfico se expandirá. Las decisiones económicas y las inversiones se volverán menos transparentes, un panorama favorable para actores chinos y rusos, y su creciente rol económico inevitablemente les dará más influencia política en la región.

P: ¿Qué debe de hacer la administración Biden ahora? Cuando ha respondido a abusos de poder o a atentados contra el Estado de Derecho en Guatemala o El Salvador, la administración Biden lo ha hecho a través de comunicados y, en algunos casos, retirando visas a funcionarios. ¿Cree que es suficiente a la luz de lo rápido que se deteriora la situación en ambos países?

Lo que la administración Biden ha dicho sobre democracia, corrupción, Estado de derecho e inversiones, así como las medidas iniciales que ha tomado, incluidas las sanciones con visados, son un inicio necesario. Sin embargo, por sí solas, estas medidas van a fallar. Estados Unidos necesita utilizar sanciones financieras adicionales para presionar a actores clave en Centroamérica y para hacer esto de forma efectiva tiene que disminuir drásticamente los tiempos de ejecución de las sanciones Magnitsky del Departamento del Tesoro, que en la actualidad tardan en ejecutarse entre 6 meses y un año.

También debe de priorizar investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero en la región. Finalmente, Estados Unidos debe de evitar caer en la trampa de enfocarse demasiado en el corto plazo. Debe, en particular, revalorar qué tan importante es la cooperación de estos gobiernos en temas migratorios: el número de deportados a estos países es menos del 10% del total de la migración; y, por el contrario enfocarse en que estos países emprendan los cambios sistémicos necesarios para convencer a sus gentes que se queden.

Autoría y edición

Periodista salvadoreño. Fue editor en español e investigador senior de la Fundación InSight Crime. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana de San Salvador y en la Universidad de Barcelona. Trabajó como reportero y editor en La Prensa Gráfica de El Salvador durante 15 años. Fue diplomático en Washington y fellow en el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. En 2014 escribió Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador (1993-2013) y fundó Revista Factum. Ha colaborado con varios medios centroamericanos, con El País de España y The New York Times entre otros

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