Por Regina Pérez
En 2010, vecinos de varias comunidades del municipio de Nueva Concepción, Escuintla, se organizaron en la Asociación de Agricultores y Protectores de las Bordas de los Ríos de Nueva Concepción (Asobordas), para trabajar un proyecto que detuviera las inundaciones que provocaba el río Coyolate. El proyecto fue exitoso y se logró ampliar el cauce del río, pero el problema persiste aún para unas 400 familias, ya que la finca Cuatro Robles, del Grupo Hame, que se dedica al cultivo de palma africana, no otorgó los permisos para concluir los trabajos.
El Grupo Hame, fundado por Hugo Alberto Molina Espinoza, es un conglomerado de empresas que se dedica al cultivo y exportación de palma africana, banano y plátano. La finca Cuatro Robles, que pertenece a Cuatro Robles, Sociedad Anónima, parte del Grupo Hame, está ubicada en el km 154 de la ruta a Tejocate, Nueva Concepción, Escuintla.
Entre las empresas que pertenecen a este conglomerado está Repsa, que en 2015 fue denunciada por la mortandad de peces en Sayaxché, Petén.
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La población de Nueva Concepción, Escuintla, señala a la empresa de oponerse a los trabajos de ampliación del cauce del Río Coyolate, lo cual afecta a cientos de familias cuando llega el invierno, por las inundaciones.
“La mayoría vivimos de cultivos de plátano, maíz, hay siembras y siempre se pierden, los pastos, los animales sufren, se inundan los potreros”, explicó Rubén López, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea la Trocha 10, una de las comunidades afectadas.
Los pobladores también sufren de pérdidas económicas y, aunque agradecen que no ha habido pérdidas humanas, lamentan la falta de ingresos cuando ocurren estos sucesos.
El río Coyolate se ubica en la vertiente del Océano Pacífico, en el suroeste del país. De acuerdo con un estudio del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (ICC), las modificaciones en la forma y el comportamiento hidráulico del río han constituido una potencial amenaza a la infraestructura vial, poblados, instalaciones y plantaciones agrícolas en esa región.
Recientemente, el párroco de Nueva Concepción, Edgar del Cid, expuso en la red social Twitter que, hasta hoy, varias comunidades sufren por las inundaciones debido a la negativa de la empresa palmera de la finca Cuatro Robles, más conocida en el lugar como la Faja.
Nelson Yanes, director de Asobardas, señaló que el río Coyolate se desbordaba desde hace algunos años, por lo que promovieron un proyecto para la ampliación del cauce del río, el cual fue posible gracias a una alianza con la iniciativa privada y el gobierno. En las partes donde el cauce era de 80 a 100 metros lo ampliaron a 250.
Así fue como se empezaron a realizar los trabajos de ampliación. En la parte alta del río se trabajaron 18 kilómetros, pero esto no se pudo realizar en la parte baja, al llegar a la finca Cuatro Robles, por lo tanto faltaron 17 kilómetros para ser trabajados.
Actualmente Yanes dijo que se encuentran trabajando en el área para proteger a las comunidades, unas 400 familias, porque el 50 por ciento está anegado de agua “pero hay ausencia del Estado”, indicó.
La negativa del Grupo Hame afecta a cientos de pobladores
En ese tiempo todavía vivía don Hugo Molina, indicó.
El párroco de Nueva Concepción, Edgar del Cid, recuerda que cuando hicieron la primera petición a la empresa todavía vivía don Hugo Molina padre, quien ya falleció. “Definitivamente con él se topó (el proyecto), dijo que no”, informó a Prensa Comunitaria en una entrevista telefónica.
Del Cid señaló que para ese proyecto las fincas azucareras, bananeras y vecinos cedieron su tierra, pero que eso no sucedió con la familia Molina. Incluso el párroco fue hace dos años junto a monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, a hablar con el empresario Hugo Molina, hijo, para hacerle ver la necesidad de la ampliación.
El empresario contestó, en palabras del párroco, que por qué no le hacía la solicitud al vecino de enfrente. Ellos le respondieron que el del otro lado, más arriba, ya había dado bastante.
“Pues vamos a ver”, “voy a consultar a mis asesores”, dijo. Del Cid recuerda que lo visitó nuevamente, pero se negó y por lo tanto el cauce del río no se amplió más.
“De ahí para abajo el río lleva 250 metros de borda a borda y luego se reduce a 45 metros, es un embudo y eso se revienta y se lleva a las comunidades de Santa Odilia, de la calle Paraíso, Tecojate Viejo, todas esas zonas están bajo agua”, señaló el párroco.
Sobre la participación de la iglesia, Del Cid dijo que ellos tienen que estar preocupados por lo que afecta a la población. “Nuestra actividad no es de ritual, sino que también tenemos que velar por la población, porque es parte de ser pastores…por esa razón fuimos, aparte los miembros de Asobardas son gente de la iglesia y ellos son los que lo pidieron”, indicó.
Yanes señaló que con el proyecto, que fue apoyado por la oenegé Acción contra el Hambre y geólogos italianos, se recomendó que el cauce tenía que ser ampliado.
Con la ampliación del cauce a 250 metros, desde 2011 se ha protegido a 8 comunidades, aproximadamente unas 10 mil familias que ya no son afectadas por las inundaciones, hasta la comunidad la Faja. No obstante, aldeas como Santa Odilia, la Trocha 8, Santa Marta el Mar y Comunidad la Barra aún se inundan, como sucede en estos días.
Yanes resaltó que gracias a ese trabajo, que hizo Asobardas con la iniciativa privada, las comunidades se han desarrollado positivamente. La agricultura, que estaba al 30 por ciento, llegó a más del 100 por ciento de la producción, leche, maíz y plátano. La urbanización de las comunidades también se ha desarrollado, así como la plusvalía de las propiedades.
El otro punto importante que el gobierno no considera, es la inversión que hizo en 2011, ya van 10 años, y no han invertido de nuevo en esa área, es una gran ganancia para el Estado hacer cosas y no estar invirtiendo cada año, mencionó Yanes.
Antes de que se hicieran los trabajos de ampliación, el Gobierno hacía obras de mitigación en el cauce del río Coyolate, pero no podían detener los desbordamientos.
Se hizo la consulta al grupo Hame y esa fue la razón por la que no cedieron el permiso, como sí lo hicieron otras empresas y propietarios, pero al cierre de esta nota aún no se había obtenido respuesta.
“Debe prevalecer el bien común”
Yanes reconoce que los trabajos de ampliación no continuaron en los 17 kilómetros abajo, por el inconveniente con la empresa palmera, porque no cedieron el paso, también tiene que ver la ausencia del Gobierno central en este problema.
A mí, lo que me preocupa, es la ausencia del caso del Gobierno Central, porque es la municipalidad la que lucha, pero no tiene recursos para implementar un proyecto de tantos millones, indicó.
“No se imagina cómo está la gente dentro del agua, allá abajo, los medios de vida están destruidos por completo”, señaló. Hay agricultores que venden su tierra barata y se van, estamos cayendo en un gran problema, manifestó.
Los 17 kilómetros están desbordados, esto no se va a arreglar si el Estado no toma cartas en el asunto y directamente desde el Ministerio de Comunicaciones, dijo.
Yanes añadió que los resultados que ellos han tenido han sido 100 por ciento positivos en beneficio de las comunidades y el río no se desborda en los 18 kilómetros que han hecho. “Pero el Ministerio no quiere hacer esa visita porque saben que hay trabajos que tienen resultados 100 por ciento positivos del proyecto que se hizo y ellos no quieren reconocer que esa es la solución”, indicó.
López, presidente del COCODE de la Trocha 10, coincidió que el problema tiene que ser resuelto por el Gobierno.
Lo que necesita el río es una ampliación, no dragarlo, porque viene arrastrando arena volcánica, está saturado de arena, muchas personas piensan que dragarlo será la solución, pero la solución es ampliarlo (el cauce), que el gobierno haga un trabajo bien estructurado, dijo López.
De acuerdo con el presidente del COCODE, cada año han hecho gestiones junto con la Municipalidad, han tenido reuniones con el Ministerio de Comunicaciones y la iniciativa privada que los escuchan, pero que hacen oídos sordos “no nos dan una solución”, dijo.
Consultado sobre esta problemática, el vocero de la cartera, Hugo Sabán, señaló que a partir de las reformas a la Ley de Contrataciones del 2015 la única forma en que se puede resolver ahora es que sea a través de las municipalidades o a través de los COCODES.
No es que el Ministerio no quiera atender el problema, sino que es parte de lo que se dejó en esa ley, indicó Sabán.
Para Yanes, la misma Ley viola la Constitución, porque no respeta el artículo 1 sobre protección a la persona y a su familia. “Está favoreciendo solo al sector empresarial, porque la ley dice que es el Estado el que tiene que velar por la seguridad y todo el beneficio que tiene el ciudadano, el Ministerio tiene que cumplir con eso y tiene que ser un mandato del gobierno hacerlo, porque el bienestar común prevalece, más que todo la vida de las personas de las personas es lo más importante”, señaló Yanes.
En su cuenta de Twitter, el párroco Edgar del Cid informó que este miércoles 1 de septiembre tendrían una reunión con los representantes de la finca Cuatro Robles, de la Palma Africana, para retomar el tema de la ampliación del cauce. La misma fue infructuosa.
