Por Héctor Silva Ávalos
El martes 28 de septiembre el Senado de los Estados Unidos anunció que Todd L. Robbinson, diplomático de carrera y exembajador en Guatemala (2014-2017), fue confirmado como subsecretario de Estado para asuntos antinarcóticos y de aplicación de la ley (INL, por las siglas en inglés) con 53 votos a favor y 41 en contra.
No es, esta, una buena noticia para el presidente Alejandro Giammattei, quien desde el final de la primera ola pandémica de COVID-19 a finales de 2020 arreció, junto a sus cómplices en el judicial y el legislativo, y entre las élites económicas guatemaltecas, sus ataques a las instituciones contraloras del poder político en Guatemala, como la Corte de Constitucionalidad, las cortes de apelaciones y la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Robinson, en sus días como embajador y antes como funcionario del Departamento de Estado en el primer periodo del presidente Barack Obama, fue uno de los principales impulsores del apoyo estadounidense a esas instituciones y a la defenestrada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Si algo distinguió a Robinson durante su periodo guatemalteco fue que pocas veces huyó de la confrontación, incluso pública, con las élites tradicionales del país. Eso le valió que la extrema derecha lo listara con la más ofensiva de las etiquetas en su manual trasnochado, la de comunista empedernido.
No exagero. En 2017, reporteando en Ciudad de Guatemala sobre la inminente confrontación entre el entonces presidente Jimmy Morales y las élites económicas sempiternas con la CICIG y FECI, escuché de voceros de la Fundación contra el Terrorismo y otros satélites similares cosas como esta: Robinson y su exjefa Hillary Clinton, me dijeron algunos personajes, eran parte de un complot del comunismo internacional para socavar la soberanía guatemalteca, y todo el tema de lucha contra la corrupción no era más que un pretexto para desestabilizar el buen camino del país. Absurdo: un embajador estadounidense que, en realidad, es un agente de La Habana, del Kremlin (¿?)… Pero es Guatemala: en el manual delirante de la extrema derecha todo es posible.
Imposible no pensar en otro embajador que, en esa narrativa anticomunista, es héroe, no villano: John Peurifoy, el nativo de Carolina del Norte que, como hombre de la CIA y la United Fruit Company en Ciudad de Guatemala en 1954, fue uno de los principales arquitectos del golpe de Estado que derrocó a Jacobo Arbenz aquel año. La miserable gesta de Peurifoy es, sin duda, épica en la versión de la historia escrita por las élites chapinas y no hay, en esa versión, ningún reclamo a la intrusión en la soberanía guatemalteca hace seis décadas.
Robinson sí escuchó eso de la intromisión a la soberanía cuando, en 2017, ya con Donald Trump en la Casa Blanca, se convirtió en uno de los últimos bastiones de defensa de la CICIG ante los embates del entonces presidente Morales, del fallecido expresidente y alcalde Álvaro Arzú Irigoyen (ambos investigados por la comisión y por FECI) y del sector más conservador del empresariado.
También se enfrentó Robinson en los pasillos del poder en Washington al senador republicano Marco Rubio, quien intentó frenar la asignación de 6 millones de dólares para la operación de CICIG.
Luego de que Robinson salió de Guatemala en septiembre de 2017, el apoyo de Trump a CICIG y FECI languideció. Después, con la CICIG desterrada, llegó Giammattei a emprender la cruzada contra la fiscalía especial y la CC, algo que el presidente no había logrado antes por la pandemia de Covid-19.
Al salir de Guatemala, Robinson recaló en Caracas como encargado de negocios. El presidente Nicolás Maduro, acusándolo también de injerencia, lo echó de Venezuela seis meses después. El diplomático viajó de vuelta a Washington y mantuvo el perfil bajo hasta que, este año, los demócratas y Anthony Blinken, el secretario de Estado de Joe Biden, lo empezaron a preparar para dirigir INL.
La puja no fue fácil: los subsecretarios de Estado deben de ser confirmados por mayoría en el senado, lo cual pintaba cuesta arriba para Robinson por la influencia de gente como Rubio o el tejano Ted Cruz, ambos republicanos. Al decir de moderados de ese partido con los que he hablado en Washington, el deterioro de las democracias del norte centroamericano son ya tan graves que la promesa de que Robinson ejercerá más presión a mandatarios como Giammattei o el salvadoreño Nayib Bukele valió para afianzar la confirmación.
El nombramiento no trae buenas noticias para Giammattei por varias razones. La historia de Robinson en Guatemala, las alianzas y diálogos que formó mientras trabajó desde la embajada, le confieren un entendimiento privilegiado de lo que pasa en el país y lo alejan de esa ingenuidad interesada y del cinismo arrogante con el que muchos diplomáticos estadounidenses suelen ver a Centroamérica mientras aquí sirven.
Tampoco juegan en favor de Giammattei las revelaciones recientes que hizo el exfiscal Juan Francisco Sandoval sobre la supuesta participación del presidente en la trama rusa: sobornos a cambio de la agilización de concesiones mineras a capitales de Rusia. Basta aquí una consideración geopolítica: si quien dirige los esfuerzos antinarcóticos en Washington entiende bien que hay negocios que, financiados por rusos, pueden favorecer asuntos como la proliferación de ejércitos privados en rutas de paso de la cocaína hacia el norte, es de esperar que la respuesta estadounidense sea más bien fuerte.
Todd Robinson, además, será un agente fundamental en la administración Biden, como lo han sido otros subsecretarios antinarcóticos en un país obsesionado con la cocaína.
Luego del silencio de la oficina de Kamala Harris tras su visita a Guatemala en junio pasado, la Casa Blanca ha intentado apresurarse en completar, en el Departamento de Estado y otras oficinas, las vacantes en oficinas a las que el presidente escuchará en el tema centroamericano, tanto por el aumento de los flujos migratorios como por la situación actual de la región, marcada por el ascenso de los autoritarismos y el debilitamiento democrático.
A falta de otras herramientas, INL será la punta de lanza de las agencias de aplicación de la ley en Centroamérica, como el FBI y la DEA. Buena parte del dinero que el Congreso ha asignado para atender temas centroamericanos, más allá de la cooperación militar, será ejecutada por INL. En El Salvador, por ejemplo, INL dirige ya una unidad de tarea que investiga el pacto entre la administración de Bukele y la pandilla MS13.
Washington, se sabe, no tiene amigos, sino intereses. Su interés, ahora, pasa por intentar refrenar a los monstruos que ellos mismos, los estadounidenses, llevan alimentando durante años, a los que tan fielmente representa Alejandro Giammattei en Guatemala. Y Todd Robinson será, si no algo más, un fiel defensor de ese interés coyuntural. No, no son buenas noticias para el presidente guatemalteco.
