Por Héctor Silva Ávalos
El capítulo más reciente en el guión autoritario de Nayib Bukele es una reforma de ley que jubilará a un tercio del cuerpo de jueces de El Salvador y permitirá a la Corte Suprema, dominada por acólitos del presidente, controlar por completo el Judicial. La “revolución” bukelista queda, así, casi completa.
La decapitación de jueces se suma al golpe que los diputados del partido oficial dieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde nombraron a magistrados al servicio del Ejecutivo, y a la Fiscalía General, impusieron como jefe a Rodolfo Delgado, un oscuro abogado, cuya carrera en el Ministerio Público ha estado marcada por señalamientos de tortura, manipulación de casos y quien, desde la práctica privada trabajó para Alba Petróleos, un conglomerado empresarial investigado por lavado de dinero que financió a Nayib Bukele y a su entorno más cercano.
El fiscal general al que Delgado sustituyó nunca fue un adalid de la investigación criminal; fue más bien timorato y en varias ocasiones pactó convenientes silencios con el presidente. No era, sin embargo y gracias al apoyo que recibió de Washington, un títere pleno, como sí lo es el actual fiscal general.
A la Corte Suprema, judicatura, Ministerio Público y Asamblea Legislativa, Bukele había sumado el control absoluto de la Policía Nacional Civil, convertida ya en una policía política cuya más reciente agresión fue la captura -sin orden administrativa o judicial de arresto- de un informático que ha sido vocal en sus críticas a la decisión presidencial de hacer del Bitcoin moneda de vigencia legal en El Salvador.
A ese informático, llamado Mario Gómez, la policía de Bukele lo arrestó con una mentira. Los agentes le dijeron que lo arrestarían porque su carro había estado implicado en un accidente. Se lo llevaron, sin posibilitarle acceso a su abogado, a una estación policial en San Salvador. Luego, a través de cuentas de Twitter y de algunos diputados oficialistas, el régimen empezó a esparcir la versión de que Gómez había sido detenido en vías de investigación por un supuesto fraude bancario. La Fiscalía tuiteó primero que no sabía nada y luego que sí había una investigación. Finalmente, Gómez fue liberado unas horas después, pero la policía política ya había dejado claro el mensaje: cualquier crítico puede ir a parar a la cárcel.
El primero de junio pasado, al rendir su segundo informe de gobierno al Congreso, Bukele había advertido que, afianzados los poderes del Estado, procedería a desmantelar a la oposición, a la política formal y a la surgida de la sociedad civil. Eso es lo que está haciendo.
Nayib Bukele siempre tuvo un plan: el control absoluto del Estado para ejercer el poder sin las molestas cortapisas que impone el saludable ejercicio de la democracia. Ese plan, copiado del guión de otros tiranos regionales como Daniel Ortega en Nicaragua o Juan Orlando Hernández en Honduras, pasaba, primero, por ganar el acceso al poder en las urnas por voluntad popular.
Y desde que ganó, Nayib y los suyos han seguido en línea recta el camino hacia la tiranía de grupo.
Nayib ganó de forma abrumadora. La presidencia primero y la mayoría del congreso después. Las razones de esos triunfos incontestables, que historiadores y académicos habrán de desmenuzar a profundidad, pueden encontrarse en principio en la decadencia del sistema político bipolar heredado del conflicto armado de finales del siglo pasado, en la actitud torpe, mezquina y sectorial de las élites de derechas e izquierdas, e incluso en el afán de tantos salvadoreños por identificarse con alguien con pinta de ganador.
La ironía no es poca. Nayib Bukele es un híbrido político: nació en una familia de origen palestino que a pesar del desdén histórico de los criollos se coló entre las élites económicas salvadoreñas de derecha, pero construyó su persona electoral en el seno de la izquierda partidaria. Luego, Bukele llegó al poder renegando de esas raíces para la galería mientras alimentaba su ascenso pactando por lo bajo con lo peor de ambos mundos, el grupo del expresidente Antonio Saca y el sector más cuestionado de la izquierda partidaria.
Alrededor del presidente hay operadores clave. Su hermano Karim Bukele es, atendiendo a fuentes políticas en El Salvador y a una investigación de El Faro, uno de los más importantes. Karim maneja la relación con Pekín, es el nexo con la bancada cyan -los diputados que hacen súper mayoría en la Asamblea Legislativa- y quien comanda al puñado de asesores venezolanos cercanos al entorno de Leopoldo López, encabezados por Sarah Hanna, que suelen dictar líneas de acción política a asesores y ministerios.
También ha estado en la órbita del presidente un excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llamado José Luis Merino, el principal operador de Alba Petróleos y del dinero desviado desde la petrolera estatal venezolana. La relación entre Merino y Bukele se ha enfriado en los últimos meses. No así la que el presidente mantiene con Erik Vega, ex mano derecha de Merino y hoy asesor comercial de Bukele: Vega, quien recién viajó con Nayib a unas vacaciones en Ibiza, España, también es uno de los nexos entre el bukelismo y el entorno del presidente Juan Orlando Hernández de Honduras.
También hay que mencionar en el entorno a Herbert Saca, primo del expresidente Antonio Saca de la derechista ARENA -condenado por corrupción-, quien desde las sombras maneja la PNC a través del director, Mauricio Arriaza Chicas, un oficial señalado por abusos de autoridad y por tolerar ejecuciones extrajudiciales. Del entorno de Saca está también Porfirio Chica, un exdiputado de ARENA reconvertido en uno de los principales propagandistas del régimen.
En corto: Nayib Bukele llegó al poder acompañado de los operadores más cuestionados de derechas e izquierdas; junto a ellos y a sus hermanos es que ha llevado adelante su guión autoritario.
A diferencia de Guatemala, en El Salvador la élite económica tradicional no pinta mucho. Acobardados por la amenaza de que los auditores hacendarios de Bukele les cuenten las costillas, los grandes empresarios salvadoreños se limitan a arrodillarse ante el poder político.
¿Para qué le sirve al bukelismo todo el poder acumulado hasta ahora? Para ejercerlo sin objeciones y ejecutar políticas cuyo fin último es el beneficio político y económico de Nayib Bukele y los grupos que lo llevaron al poder. Los dos ejemplos más claros de esto son su pacto con la pandilla MS13 y la introducción del Bitcoin como moneda de vigencia legal en El Salvador.
Y el poder sirve, por supuesto, para blindarse de cualquier tipo de persecución penal.
El pacto pandillero ha permitido la disminución de los homicidios en el país, algo que Bukele ha intentado vender, a través de su aparato de propaganda, como producto de un plan policial que él ha llamado “control territorial”. Varios analistas coinciden, sin embargo, en que la reducción no es posible sin la anuencia de las pandillas, que siguen dominando extensas porciones del país. Se juega tanto Bukele con este pacto que ha preferido que sus magistrados en la Corte Suprema nieguen la extradición de un líder pandillero a Estados Unidos, con lo que esto puede traer en la ya mancillada relación con Washington.
Lo del Bitcoin es, para el bukelismo, un asunto de supervivencia. Las finanzas nacionales están en números rojos y la banca multilateral, Fondo Monetario incluido, ha puesto a El Salvador en la lista de non gratos. Eso, para un país que depende tanto de las remesas y de una economía de servicios, es letal. El gobierno necesita, ya, flujos saludables de efectivo; el Bitcoin le puede dar eso. ¿Temor por la falta de controles? ¿Por abrir el país al lavado masivo de dólares del narcotráfico? No importa: con el control absoluto del Estado y sus entidades contraloras nada importa.
Es este momento de control absoluto, sí, pero ha aparecido la primera grieta: dos encuestas independientes, la de la universidad jesuita y la del periódico más grande de El Salvador, muestran por primera vez erosiones importantes en la hasta ahora impoluta imagen de la popularidad del presidente. El apoyo a su trabajo ha bajado una decena de puntos y el rechazo a la política Bitcoin es abrumador.
Hasta ahora, Nayib Bukele pudo hacer lo que quiso amparado casi exclusivamente en su popularidad. Si eso empieza a debilitarse, el presidente acudirá a eso que lleva meses construyendo: el control absoluto del Estado a costa de la destrucción de los controles democráticos. Eso significa, como ya se vio, cárcel para los opositores, la vuelta de la policía a sus años oscuros, el desmantelamiento de la Constitución y, al final, la vuelta de la república a los años de sus peores dictaduras.
