¿Consulta a las comunidades o favores a los rusos detrás del níquel en El Estor?

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Créditos: Recurso Administrativo contra Alberto Pimentel. Foto Andina Ayala
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Andina Ayala

El Consejo Ancestral de Autoridades Maya Q’eqchi’, viajó desde el departamento de Izabal para accionar de nuevo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Esta vez es un recurso administrativo en contra del ministro Alberto Pimentel, debido al manejo malicioso de las reuniones preparatorias de preconsulta, para las autoridades indígenas Pimental busca beneficiar a la compañía de níquel. 

Las autoridades indígenas viajaron durante la noche y madrugada desde El Estor, a las 9 de la mañana frente al edificio de la CSJ, realizaron una conferencia de prensa el lunes 27 de septiembre. Este lugar se conoce como la plaza de los derechos humanos, en el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala, viajaron para exigir que se respete su derecho a decidir a través de la consulta sobre la minería de níquel en su territorio. 

El viaje de 320 kilómetros duró nueve horas para entregar un recurso administrativo en la CSJ, con el que hacen visible que las autoridades del MEM, con sus acciones buscan excluir a las comunidades afectadas por la licencia minera Fénix. Extrañamente ya fueron acreditadas personas afines a la Municipalidad y la misma compañía, denunciaron en la CSJ.

La Municipalidad de El Estor ha realizado por lo menos dos reuniones con algunos representantes de los Consejos Departamentales de Desarrollo Cocode, en los documentos de convocatoria se especifica que el tema es la preconsulta. Varias de estas personas no cuentan con la aprobación de las asambleas comunitarias, afirmaron las autoridades indígenas. Al mismo tiempo la Municipalidad bloqueó la acreditación del Consejo Ancestral de Autoridades Maya Q’eqchi’. Exclusión y corrupción, las dinámicas detrás de la preconsulta por proyecto minero de níquel 

Recurso Administrativo contra Alberto Pimentel. Foto Andina Ayala

Pimentel, ¿operador político de CGN o ministro?

Los abogados que acompañan al Consejo Ancestral de Autoridades Maya Q’eqchi’, Eddy Aspuac y Wendy López, explican que el ministro Pimentel se está extralimitando en el tema de preconsulta y consulta, al haber hecho una “selección” de seis comunidades, y sus respectivos Cocodes y que al mismo tiempo no quiere adherir a las 168 comunidades Q’eqchi que deben de ser consultadas de manera libre, previa e informada.  

“El argumento que dio el ministro, es que solo se va a consultar a las comunidades que residen en el área de influencia del proyecto”, dijo Eddy Aspuac. Pero la resolución de la Corte de Constitucionalidad CC, que en junio de 2019, favoreció a la mayoría de comunidades del municipio de El Estor y a la Gremial de Pescadores Artesanales -amparistas desde 2018-. 

La CC resolvió que más allá del impacto medio ambiental, la consulta libre, previa e informada es un derecho humano y está ratificada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.

La fecha límite para acreditar a quienes “participaran” de la consulta finalizó este día, pasados los 30 días de plazo, con esto quedan fuera 94 comunidades imbricadas en el territorio de las operaciones de la licencia minera Fénix. 

Alberto Pimentel ha evadido la interpelación en el Congreso de la República, con el apoyo del bloque oficialista, grupo al que se le denominó pacto de corruptos. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE busca cuestionarlo por el caso de corrupción en ese ministerio, la denuncia de la entrega de dinero por mineras rusas al presidente Alejandro Giammattei y por las ilegalidades del proyecto minero Fénix. 

Las autoridades indígenas con el apoyo de la bancada Semilla en el legislativo, se ha intentado en varias ocasiones citar al ministro, en sustitución aparecen sus viceministros. Lo mismo ha ocurrido con la bancada Winaq, por aparte con el diputado Aldo Dávila y otras organizaciones nacionales e internacionales como la Comisión Internacional de Juristas CIJ. 

Mientras Pimentel logra escabullirse de las citaciones y de la interpelación, el tiempo corre, la preconsulta y consulta comunitaria tiene un plazo no mayor de 18 meses para ejecutarse y desde ya está corriendo el riesgo de quedar a la medida de la compañía de níquel, empresa que en desacato a la suspensión de la CC sigue operando en El Estor.

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Autoría y edición

Antropóloga y corresponsal de Prensa Comunitaria, forma parte del equipo de investigación del proyecto Green Blood.

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