Con nuevo crimen de dirigente de Jalapa suman 21 asesinatos en contra de CODECA

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Créditos: Redes Sociales.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Lourdes Álvarez

Ramón López Jiménez de 44 años de edad, era dirigente departamental del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en la comunidad Corral Viejo, Santa María Xalapán, Jalapa. Ayer fue asesinado por desconocidos y su cuerpo fue abandonado en una cuneta cerca de un riachuelo. Presentaba múltiples impactos de bala y heridas con arma blanca. Con este caso suman 21 personas de esa organización, que han sido asesinadas desde el 2018 a la fecha, sin que exista claridad en las investigaciones o respuestas a sus familias.

Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) indicó que estos crímenes tienen una relación directa con el ejercicio de la actividad de la organización como tal, en el marco de su reivindicación por el acceso a la tierra, la defensa del territorio, la solicitud de nacionalización de la energía eléctrica y la construcción de su instrumento político, en referencia al Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).

Para Santos, estos asesinatos que se suman a los constantes ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, tienen un impacto muy grande en las comunidades y organizaciones a las cuales pertenecen, que también repercuten en contra de la familia, pero asegura que tienen un mayor efecto, cuando estos hechos quedan en un marco de impunidad.

La UDEFEGUA realizó una investigación el año pasado de los asesinatos ocurridos durante el 2017 al 2019 y de la totalidad de personas defensoras de derechos humanos asesinadas, más del 92% quedan en la impunidad.

“Prácticamente con esa acción de impunidad, se está entregando una licencia por parte del Estado guatemalteco, para seguir cometiendo los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos”, agregó Santos.

Ejemplos claros de esta acción de impunidad, particularmente por los asesinatos en contra de dirigentes de CODECA, se pueden rastrear desde el 2018. Santos asegura que durante este año se “arranca este ciclo de violencia” y cita el caso de del dirigente de Luis Marroquín, asesinado de nueve disparos en Jalapa. Él era coordinador regional de CODECA y por ese crimen se activó una alerta internacional en la Interpol, en contra del alcalde de San Pedro Pinula, José Manuel Méndez Alonzo, que a la fecha sigue prófugo de la justicia.

“Hay un claro efecto de impunidad con uno de los actores presuntamente involucrados en el asesinato que es el alcalde del municipio, a pesar de que el Ministerio Público contó con toda la evidencia necesaria, participación de la propia organización en acompañamiento, hoy esa persona es prófuga y tiró un gran manto de impunidad en contra de quienes ejecutaron este y otros crímenes en contra de personas defensoras de derechos humanos”, resaltó Santos.

Fue precisamente durante el 2018, cuando según Santos, se suman las acciones de difamación y discurso de odio en contra de CODECA generadas por el propio presidente de la República, en ese entonces Jimmy Morales y luego Alejandro Giammattei, que con sus propias narrativas legitiman las agresiones.

“Que un presidente catalogue a una organización de base, reconocida, legalmente constituida, y la  clasifica como una organización criminal y terrorista, eso legitima la violencia de los agresores y la espiral de violencia que se ve”, añade Santos.

Una familia rota

En un comunicado emitido por CODECA se informó que Ramón era padre de tres niños menores de edad.

Señalaron que Ramón salió desde su casa como de costumbre, para ir a trabajar como piloto de mototaxi, pero no regresó y su familia salió a buscarlo, encontrando su cuerpo en una cuneta cerca de una quebrada por el Volcán la Paz.

Era defensor comunitaria y también tesorero de la junta directiva departamental de CODECA en Jalapa, por lo que la organización enfatizó que exigen justicia ya que ningún caso ha sido esclarecido de los 21 que han acumulado.

Protocolo para investigar delitos

Desde el 2013-2014 existe un protocolo para investigar delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, un esfuerzo en el que organizaciones de sociedad civil guatemaltecas como UDEFEGUA participaron.

Según la instrucción 5-2018 del MP este instrumento debería estar siendo aplicado, por ejemplo, en casos como el de ayer en contra de Ramón.

Pero “frente a la indefensión y a la pérdida de espacios de quienes defienden los derechos humanos, se hace más urgente y necesario construir una amplia red internacional que se convierta en el soporte para que las personas defensoras sigan haciendo su labor en el país”, concluyó Santos.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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