Varias organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación esperaban ansiosas la exhumación y por lo tanto el desentierro de los restos de 116 niños maya Kʼicheʼ que habrían sido aniquilados por el Ejército guatemalteco el 21 de mayo de 1988. Esta es la versión de Arnulfo Fernando Gomez Oxlaj, quien declara ser el único sobreviviente de este hecho.
Lo que se suponía sería un día clave para la memoria histórica del país se convirtió en un intento fallido por dilucidar si dicha masacre en realidad ocurrió, y de ser así dar paz y tranquilidad a las familias. Arnulfo Oxlaj tuvo que retirarse para evitar ser detenido por las autoridades indígenas del lugar que alegaron que su relato era falso. La exhumación se realizaría después de denunciar la masacre en mayo pasado.
Por Paolina Albani y Julian Ventura
Son las 8 de la mañana del 28 de septiembre de 2021. Chiul, una aldea ubicada a 13.2 kilómetros de Nebaj, cabecera de Quiché, es el escenario en el cual Arnulfo Oxlaj enseñaría a los científicos de la Fundación Antropológica Forense de Guatemala (FAFG) en dónde fueron enterrados 116 niños indígenas que habrían sido asesinados por el Ejército hace 33 años.
A la hora en punto, decenas de hombres indígenas vecinos y autoridades indígenas del lugar se dirigen hacia el cantón Tzanabaj, área donde estaba el destacamento militar. Algunos de ellos, de avanzada edad, alguna vez pertenecieron a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de Chiul, como parte de la estrategia militar para combatir a la guerrilla con su propia gente.
Están allí porque quieren detener la exhumación y porque quieren encarar a Oxlaj. Aunque no es la primera vez que la FAFG realiza un procedimiento de este tipo en la aldea, los vecinos se muestran molestos porque no se avisó a la comunidad.
Momentos después, notan la presencia de reporteros de los medios de comunicación que acudieron a la convocatoria. Rodean a uno de ellos, José Guarcas, camarógrafo de la Radio Xolabaj, propiedad de Anastasia Mejía, y lo retienen, cuenta uno de los periodistas que estaba en el lugar.
José Angel Ajanel Guarcas fue encerrado y Anastasia Mejía estaba a la espera de que lo dejaran libre. Ella estaba intimidada también, y no podía tomar fotografías sobre lo que ocurría. El Ministerio Público ni la Policía acudieron en su auxilio, sino hasta pasado el mediodía.
El plan de las autoridades era encarar el relato de la masacre ya que aseguran que nunca ocurrió. Cuando Oxlaj se entera de lo sucedido decide retirarse, a pesar de que la alcaldía indígena le propuso reunirse con él, dando por cancelada la exhumación. Son apenas las 09:00 de la mañana.
La liberación de Ajanel Guarcas no ocurriría sino hasta la 13:20 de la tarde quien afirmó que las autoridades no le hicieron daño mientras estuvo detenido.
Un nuevo testigo
La exhumación fue solicitada por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, como parte de la investigación para dar con los restos de las víctimas que Oxlaj denunció el pasado 21 de mayo, mediante conferencia de prensa.
Una fuente interna de la FAFG, un perito en la investigación, asegura que existe un segundo testigo que ha confirmado el relato de Oxlaj y que no tiene miedo de dar su nombre, pero no quiso dar más detalles de la persona o de posibles pruebas que respalden el testimonio.
Lo cierto es que la historia de la masacre ha polarizado a los medios y a las organizaciones quienes no saben si creer la historia o no, pues varios comunitarios han dicho desconocer a Oxlaj y al supuesto hecho.
Un día antes, Oxlaj convocó a través de un banner en redes sociales, a la ciudadanía para que pudieran presenciar la exhumación. En la invitación le respaldan al menos 10 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
A nuestra redacción Oxlaj escribió y envió un comunicado asegurando que es víctima de difamación por parte de “supuestas organizaciones y activistas de derechos humanos feministas y no feministas nacionales e internacionales que practican la doble moral”, y que la intención es desacreditar su testimonio.
Uno de los que no creen el relato de Oxlaj es un religioso católico que vivió en Cunén durante la década de los 80.
“Hubo desapariciones, pero masacres en Chiul no y menos de niños”, sentencia.
El entrevistado sí dice que los destacamentos funcionaban como campos de concentración en donde el Ejército atraía a los familiares de potenciales guerrilleros para hacerlos salir de la zona selvática y así capturarlos.
Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), no tiene registro de ninguna masacre en las fechas que asegura Oxlaj, sin embargo esto se podría confirmar con la exhumación, que ya es la tercera que la FAFG realiza en una década.
