Por Prensa Comunitaria
El argumento común de los abogados de las partes querellantes de este jueves fue que los militares retirados acusados tenían funciones en el Estado y utilizaron recursos públicos para hacer que funcionara el circuito clandestino de desaparición forzada que implicaba controlar, neutralizar y eliminar a personas disidentes de los gobiernos militares por considerarlas enemigas internas del régimen.
Con esos puntos en común, cada uno de los cuatro abogados querellantes solicitaron al juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, que ligue a proceso penal al general Víctor Augusto Vásquez Echeverría y al teniente coronel Gustavo Adolfo Oliva Blanco, para que sean investigados por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.
Con la presentación de los argumentos de los abogados de los querellantes, concluyó la audiencia de este jueves 16 de septiembre y se reanudará mañana a las 9 de la mañana, para escuchar a la defensa de los militares; posteriormente el juez Gálvez resolverá si son ligados a proceso penal o no.
Ayer, en el inicio de la audiencia de primera declaración, la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público (MP), presentó las acusaciones en contra de los militares Vásquez Echeverría, de 79 años y Oliva Blanco, de 80. Durante su exposición mencionaron hechos, responsabilidades y patrones de una estructura clandestina que, de forma ilegal, detuvo, ocultó, privó y desapareció a las personas registradas en el Diario Militar.
Este 16 de septiembre, cuatro abogados que representan a igual número de víctimas, presentaron su argumentación sobre los hechos y mecanismos utilizados por la estructura clandestina a la que pertenecieron los militares acusados, para perpetrar la desaparición forzada de militantes de izquierda entre 1983 y 1985.
Asimismo, mencionaron que los actos de violencia a los que fueron sometidas mujeres, incluso llegando a la violación sexual, dieron forma a un circuito clandestino en el que operaron militares que trabajaban en el Estado y con recursos públicos.
Tres de los abogados se centraron en señalar que tanto Vásquez Echeverría como Oliva Blanco fueron parte de una estructura que desapareció a personas consideradas enemigas internas. También señalaron la responsabilidad de los acusados por haber estado al frente de instituciones militares y policiales. El tercer punto de coincidencia de los argumentos fue que los actos de violencia se hicieron en contra de niñas, niños y mujeres.
Otros puntos coincidentes de los querellantes fue que los puestos que desempeñaban les brindo impunidad para llevar a cabo operativos dirigidos a la detención de quienes consideraban enemigo interno. Esta estructura clandestina utilizó un vehículo que se conoció públicamente como la “panel blanca”.
La audiencia concluyó con la exposición de la abogada Jovita Tzul, en representación de la querellante Alejandra Cabrera, quien explicó que el delito de desaparición forzada no solo tuvo efectos inmediatos en las víctimas, sino también se han expresado sus efectos en los familiares y en la sociedad.
El general Vásquez Echeverría, fue oficial de logística (S4) en 1974. De 1983 a 1985 fue comandante de la zona militar no. 302 de Chimaltenango; de 1985 a 1986, de la zona militar no. 6, de Izabal; de 1992 a 1994 fue comandante de la zona militar no. 20, de Quiché y durante el gobierno del general Fernando Romero Lucas García fue oficial de personal (S1).
El teniente coronel Oliva Blanco fue capitán de las Reservas Militares en 1975. También fue jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) entre 1982 y 1984 y subdirector de la Policía Nacional en 1990. De 1980 a 1985, como capitán del ejército, desempeñó distintas funciones, principalmente en el Estado Mayor del Ejército y como oficial de inteligencia en las zonas militares 1, 14, 16 y 21.
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MP pide que investigue a exmilitares Oliva Blanco y Vásquez Echeverría por desaparición forzada
