Créditos: Diario Militar
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“No queremos venganza, solo queremos que nos digan dónde dejaron su cuerpo y llevar sus restos a un lugar donde podamos recordarlo, rogar por la paz de su alma y cerrar el duelo”

 

Por Luis Ovalle

El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso este martes al general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, quien se desempeñó como Comandante de la Zona Militar 302, de Chimaltenango y al Teniente Coronel Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional, ambos, en situación de retiro, señalados de delitos contra los deberes de humanidad de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Además, deberán cumplir prisión preventiva en el Centro Médico Militar.

Vásquez Echeverría y Oliva Blanco fueron detenidos el pasado 27 de mayo, junto a nueve militares retirados, acusados de ser responsables materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1983 y 1985.  El coronel Jacobo Salán Sánchez, también señalado en este caso, se presentó personalmente a torre de Tribunales.

Treinta y ocho años antes, un día como hoy, fue detenido de forma ilegal César Augusto Ovalle Villatoro, el mayor de seis hermanos, de una familia de clase media baja, procedente de Huehuetenango. Se había involucrado en el movimiento revolucionario en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Eran años difíciles en la vida política y social del país. Decenas de comunidades eran masacradas en los departamentos, en tanto que en la ciudad capital los aparatos de seguridad, principalmente de la inteligencia militar, eliminaban a destacados líderes sociales y ejecutaban de forma indiscriminada a quien pensara diferente, a toda persona que fuera perfilada como enemigo interno.

Un 21 de septiembre de 1983 fue detenido desaparecido César Augusto Ovalle Villatoro, estudiante de Derecho y militante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).  En el Diario Militar fue registrado con la ficha 7; junto a su fotografía aparece el código W-7, escrito a mano, que hace referencia a la agrupación guerrillera a la que pertenecía y al número de ficha.

Su madre tenía claro que miembros del ejército lo habían detenido porque llegaron a su casa un día después de la captura. Sin ningún reparo se hicieron presentes en la panel blanca y en un picop de doble cabina. Llevaban armas largas.

Tres hombres altos, con el característico corte de pelo estilo militar, se bajaron de los vehículos, estacionados a unos metros de la puerta. Pidieron que entregara las pertenencias de su hijo: dos bicicletas y un televisor portátil.

Ante esta situación y, con la angustia de perder a su hijo, dirigió una carta al jefe de Estado, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, en la que argumentaba:

“Como madre angustiada por la ola de violencia que vive el país y con la seguridad de que usted, como Jefe de Estado y sus voceros oficiales han asegurado al pueblo de Guatemala y al mundo entero que en este país se respetan los derechos humanos, principiando por el respeto a la vida, que es lo más sagrado que poseemos: la vida, que solo Dios el Señor hacedor del Universo; Dios de grandes y pequeños; Dios de ricos y pobres; Dios de negros y blancos, es Él, único de quien aún con mucho sufrimiento, aceptamos el final de nuestra existencia. A usted, señor general, respetuosamente pido:

Que dé sus órdenes a donde corresponda para que se investigue a quien o quienes pertenecen las placas denunciadas.

Que se respete la integridad física de mi hijo César Augusto.

Que aún creyendo que mi hijo es inocente de cualquier señalamiento,  lo consigne a los tribunales de justicia como en derecho corresponde, en caso de haber cometido delito alguno.

Mi hijo, señor general, no está desaparecido.

Mi hijo, señor general, no está secuestrado.

Mi hijo, señor general, lo tiene el ejército.

Guatemala 17 de octubre de 1983”.

Hoy, 38 años después de aquella captura ilegal, fueron ligados a proceso dos altos oficiales del ejército, supuestamente vinculados a las detenciones ilegales, torturas y asesinatos de 183 personas que aparecen en el denominado Diario Militar.

Juan Carlos Ovalle Villatoro, uno de los hermanos de César, recuerda con mucho dolor aquellos días, cuando su madre y su tía hicieron todo lo que estuvo a su alcance para recuperar con vida al joven desaparecido.

“Son sentimientos encontrados. Vivir estos momentos, después de 38 años. La justicia empieza a ver la luz, aunque con mucho tiempo de retraso. Mi padre murió sin tener un lugar dónde colocarle una flor a su hijo. Mi madre aún vive y guarda ese dolor muy adentro de ella”, indicó.

“No queremos venganza, solo queremos que nos digan dónde dejaron su cuerpo y llevar sus restos a un lugar donde podamos recordarlo, rogar por la paz de su alma y cerrar el duelo”, concluyó.

El “Diario Militar”, también conocido como “Dossier de la Muerte” fue hecho público en mayo de 1999, hace 22 años, a través del Archivo Nacional de Seguridad (NSA), un ente no gubernamental de Estados Unidos. En dicho documento aparecen los registros de 183 personas que fueron detenidas, torturadas, violadas sexualmente, desaparecidas o asesinadas por miembros de seguridad del Estado, entre 1983 y 1985, época en que se desempeñaba como Jefe de Estado el general de División Oscar Humberto Mejía Víctores, luego de que el 8 de agosto de 1983 diera un golpe de Estado al general Efraín Ríos Montt.

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