Autoridades ancestrales, su lucha y megaproyectos

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Créditos: Pueblos Indígenas y Política en Guatemala.
Tiempo de lectura: 10 minutos

Por Juan Alexander Bac Lòpez

En las próximas semanas vamos a ir publicando una serie de textos, escritos por los estudiantes inscritos al primer Ciclo del Diplomado Pueblos Indígenas y Política en Guatemala, organizado entre Prensa Comunitaria, la Fundación María y Antonio Goubaud y la Escuela de Ciencia Política de la USAC. Pensamos las reflexiones de estos estudiantes son un aporte a la discusión necesaria ahora en Guatemala sobre su futuro y el lugar de los pueblos indígenas en él  

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Guatemala es un país que se caracteriza por la riqueza de sus pueblos, lo que se expresa en sus valores, su cultura, sus idiomas y muchas otras cosas que evidencian la grandeza de un pueblo. A esto debemos agregar la abundante fauna y flora que forman parte de los diversos ecosistemas que componen el territorio nacional. Sin embargo, cuando el aspecto multicultural y biodiverso convergen, se visualiza un problema en cuanto a individuos, organizaciones, familias y un Estado, que mantienen el interés en conservar la segregación de grupos, disminuyendo los derechos de unos y minimizando su dignidad.

A lo anterior debemos agregar que no sólo se visualiza la segregación entre pueblos hermanos, sino también el deterioro y destrucción de los recursos naturales a través de las acciones de aquellos que buscan enriquecerse. Sin importar las consecuencias, se atreven a condenar y criminalizar las acciones en defensa de la madre tierra que realizan aquellos grupos que durante siglos han sido relegados a ciudadanos de segundo plano y a los que se les ha violentado de manera constante sus derechos.

Se ha de dejar claro el problema que se vive en Guatemala en cuanto a la defensa del territorio y los recursos, en que los indígenas son actores principales. Para esto se abordará brevemente el desarrollo del Neoliberalismo a partir de los años ochenta, la inclusión de los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos y la consulta en pro de su propio desarrollo socioeconómico, el accionar de las comunidades en contra de los megaproyectos y la criminalización de las luchas comunitarias en defensa del neoliberalismo.

El neoliberalismo y la firma de la paz

A fines de la década de los ochenta, específicamente en 1989, el economista John Williamson ha de desarrollar un plan para evitar el deterioro de las economías más grandes del planeta a expensas del detrimento y saqueo de los países menos desarrollados. En este año se desarrolló lo que se conoce como el consenso de Washington, que comprende 10 medidas para que supuestamente los países menos desarrollados pudieran alcanzar un rápido crecimiento en cuanto a sus economías. Una de las medidas de este proyecto neoliberal consistió en la privatización de las empresas estatales, lo que en efecto se realiza no solo en Guatemala, sino que en toda América Latina. A esto habría que sumarle la reducción del gasto público que en consecuencia dejaba desprotegidos a los trabajadores y que los privaba de una serie derechos que afectaba su propio desarrollo (Maldonado Copello, 2019).

Ante este panorama que se implanta desde el exterior hay que sumarle la lucha armada de las comunidades indígenas y campesinas del país que en Guatemala se mantenía desde los años 70 (Bastos, 2021) para superar aquellos problemas estructurales que han mantenido a la mayoría del país hundidos en la miseria, desnutrición, violencia a los derechos ciudadanos y una profunda corrupción dentro de las propias instituciones del Estado y que motivaron a muchos miembros de los pueblos originarios a exponer sus reivindicaciones a través de las armas.

Ante esta situación es como entre el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y el de Álvaro Arzú, se inicia un proceso a favor de los Acuerdos de Paz. Fue Arzú quien, como diría Domingo Hernández Ixcoy (2021) “se puso en apariencia a favor de los pueblos”, y al final firma dichos compromisos. Esta firma tuvo consecuencias negativas para las comunidades, que a partir de dichos procesos pierden protagonismo (Bastos, 2021). No pueden retomar el papel jugado con anterioridad a pesar de pregonarse una serie de derechos a su favor, como el acceso a la tierra, y a la consulta, pero que al final o en la praxis no tuvieron efecto alguno. Domingo Hernández Ixcoy (2021) señala que el Estado utilizó la firma de los Acuerdos de Paz para plantear formas distintas de explotar a los pueblos y a la madre Tierra, adoptando como modelo económico el proyecto neoliberal.

El extractivismo contra las comunidades

Ante esta situación, las condiciones de vida de las comunidades empeoraron, ya que con la firma de los Acuerdos de Paz y la aparente seguridad económica que esto transmitía, las políticas neoliberales pudieron ingresar con mayor fuerza y arraigarse en el territorio nacional. Con la idea del libre comercio, son muchas las transnacionales que ingresan, principalmente en actividades extractivas como minería, hidroeléctricas y de monocultivos, protegidas por los gobiernos de turno que adoptaron la violencia, creando leyes que reprimían la protesta social y que ha sido el mecanismo de los gobiernos actuales para apaciguar la lucha de resistencia que mantienen los pueblos en Guatemala.

 

El extractivismo y el avance del monocultivo que cada día reemplaza la fauna originaria de los territorios, han afectado gravemente a las comunidades. Esta situación ha tenido consecuencias a partir de que las empresas se expanden rápidamente, como indica Alejandra Gutiérrez Valdizán (2012), en los años 90 se consumía 900 gramos de aceite de palma per cápita en el mundo, para el 2000 aumentó a 3 kilogramos por persona alcanzando su pico más alto en 4 kilogramos. Si se cuestiona cuál es el problema de este crecimiento la respuesta es sencilla: entre más cultivo más territorio a utilizar, mayor usurpación y despojo de la tierra.

A la situación anterior hay que agregar otro problema como es el caso del agua. Gutiérrez Valdizán (2012) indica que el 60 por ciento del agua del país es consumida por el cultivo de la caña de azúcar y palma africana. Pero si seguimos cuestionándonos cuál es el problema de esto, llegaríamos a descubrir que hoy en día los grandes finqueros del país se han dado a la tarea de bloquear los ríos como ocurre en la costa Sur, en la que las comunidades de Escuintla se han tenido que oponer.

En último caso, envenenar las aguas con los residuos químicos que se utilizan para procesar los monocultivos o bien los químicos que envenenan los mantos acuíferos y que se desprenden de la minería. En el año 2015 se produjo un ecocidio en el río la Pasión (Leonardo Ixim, 2015), ubicado en el departamento del Petén. Pese a que las mismas autoridades lo catalogaron como un problema grave a la fauna y a la flora no se tomaron acciones pertinentes en contra de empresa Repsa, encargada del cultivo y expansión de la palma africana. Ixim (2015) expone como negativo el aumento desmedido de dicho cultivo, pues ocasiona un fuerte deterioro en el suelo, la no renovación de especies vegetales de otras especies y consumo excesivo de agua. Ante esta situación y el peligro que corren las comunidades, las autoridades tienden a ignorar el problema pues esto beneficia en apariencia la economía del país.

Valdría la pena investigar qué grupos, familias y políticos se ven beneficiados con la expansión de monocultivos en el territorio. Es casi seguro que los resultados de la investigación dejarían claro que el beneficio de unos pocos trae deterioro y dolor para la mayoría de las comunidades.

 

En el artículo 119 de la Constitución de la República de Guatemala se lee, que es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la nación, lo que a su vez se ve reflejado en cada una de las leyes y decretos que se impulsan para su realización. Mientras el gobierno y otras instituciones como las alcaldías sigan viendo las actividades, como el monocultivo, propias del crecimiento económico, siempre serán protegidas. Este es el caso de la palma africana que bajo el Decreto 28-89 del Ministerio de Economía, funciona sin ninguna imposición tributaria o normativa que verdaderamente regule las acciones de despojo de territorio y destrucción ambiental que hasta el momento realiza.

En una entrevista con Sebastián Escalón (2014), el alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Rolando Santamaría, señala que la producción de monocultivos resulta en beneficios y desarrollo para la comunidad, entonces por qué la oposición de las comunidades. A esta postura comunal hay que recordar que en el contexto de la guerra en Guatemala y el consenso de Washington en 1989, ese mismo año se produjo una reestructura en los acuerdos que se firmaron en la OIT en 1970, apareciendo el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Este acuerdo establece que los distintos Estados comprometidos deberán respetar el modelo socioeconómico que las comunidades elijan o adopten para su propio desarrollo, además del derecho a su propio territorio y organización desde una perspectiva ancestral. Por ende, cada acción o actividad económica ajena a sus intereses, deben ser consultados bajo la aprobación de toda la comunidad.

Por supuesto, nada de los anterior ha sido una realidad. el Estado de Guatemala se ha caracterizado por ignorar dichos acuerdos y convertir en enemigo del desarrollo a aquellos que luchan por defender la tierra.  Un ejemplo de lo anterior, de acuerdo a Norma Sancir (2021) ha sido el caso de las comunidades Chortí de Camotán, Jocotán y Olopa, que mantienen una disputa con una empresa minera en la que buscan recuperar sus tierras bajo la figura política y jurídica de autoridades ancestrales.

Hasta el momento las acciones del Estado de Guatemala sólo han evidenciado un sistema racista basado en políticas coloniales que han buscado despojar a los indígenas y campesinos de único recurso, tal como se hacía en la colonia. La finalidad es beneficiar y proteger a poderes particulares, que a su vez se aprovechan de las políticas que se legislan dentro del Congreso a fin de enriquecerse sin importar el cómo o el daño que produzcan. Un reflejo de la situación anterior es lo que se proyecta en el aspecto económico del país, siendo el 1 % de la población quien controla el 53 % por ciento del PIB nacional.

La defensa del territorio

Hasta este punto es preciso retomar las ideas expuestas en un inicio y señalar que toda esta situación que se ha producido dentro de la comunidades indígenas y campesinas, está relacionada con la explotación masiva de los recursos naturales a través de los distintos megaproyectos que controlan parte de la economía del país. Un elemento importante para la extracción desmedida de los recursos ha sido la complicidad del gobierno y sus distintas instituciones que se ofrecen como sicarios para proteger los intereses de finqueros y empresarios extranjeros con tal de recibir una pequeña tajada de la riqueza que se extrae desde el corazón de la tierra. Los gobiernos de Álvaro Arzú, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y los gobiernos actuales han sido el reflejo descarado de las políticas neoliberales que, en su forma más atroz, han destrozado la tierra y criminalizado con sus políticas a los defensores de la madre tierra.

Hay que recordar que para el 2014, en el gobierno de Otto Pérez Molina, se decretó estado de prevención después de que las comunidades kaqchikeles de Pilar I y Pilar II de San Juan Sacatepéquez se opusieran al despojo abusivo y arbitrario de la tierra que beneficiaba a la empresa Cementos Progreso, quien, con la ayuda de terroristas y las propias fuerzas de seguridad, intentaran expulsar a vecinos de sus propias tierras. A esto hay que agregar la criminalización de vecinos de San Juan, acusados por el asesinato de ocho personas en el caserío Los Pajoques, aldea Loma Blanca, y que condujo a la privación de libertades de acuerdo a Manuel Rodríguez (2014). No esta demás señalar que los estados de Sitio o estados de prevención son mecanismos utilizados para frenar las luchas que mantienen las comunidades en contra de todas aquellas acciones que conllevan destrucción y despojo de los recursos naturales, bien monocultivos, minería, anillos regionales o cementeras.

En el presente pareciera que la historia se repite, pues con el apoyo de la Alcaldía municipal, las autoridades ancestrales han sido objeto de atropellos, buscando expulsarlos de una función que no va de la mano con la aprobación institucional del Estado corrupto, sino más bien acciones legitimadas por la propia comunidad y que por ende juegan un rol de mayor importancia.

Para dichos acontecimientos, así como las fuerzas de seguridad fueron claves para los intereses de la cementera, las propias autoridades indígenas lo fueron para la comunidad. He ahí la importancia de rescatar el papel de los defensores de la tierra que en los últimos años han tenido que recurrir a la figura organizativa, ancestral y hoy jurídica de las autoridades ancestrales para oponerse a la explotación, despojo y robo de las tierras:

“Las autoridades ancestrales son la forma en que las comunidades indígenas han mantenido en el tiempo su capacidad de autogobierno, aunque fueran reconocidas o no.  Provienen de un pasado histórico precolonial; luego fueron reconocidas de cierta manera en la colonia, pero en cambio ya en la república las alcaldías indígenas se les consideraba subordinas al poder estatal ladino y ahí es donde está el cambio importante, pues el poder actual no viene del reconocimiento del Estado sino de su reconocimiento por las mismas comunidades, es su legitimidad lo que le da fuerza. Es un derecho de los pueblos indígenas y por tanto debe ser reconocido algo que se ha venido haciendo” (Bastos, 2021)

Los movimientos en contra de las empresas extractivas han sido continúa en los últimos años, por lo que se ha expuesto el origen, naturaleza y papel de las autoridades ancestrales. Las luchas resurgidas desde el seno de las comunidades, en la costa sur, el norte, en el occidente y en oriente, han tenido efectos positivos para la reivindicación de los pueblos, pero también han pagado con creces el tener que oponerse a un sistema que devora la vida de las comunidades.  Sus reivindicaciones han tenido que chocar con políticas estatales que los han criminalizado y encarcelado. Evidenciado, de acuerdo a Victoria Tubin (2021), un racismo que resulta en una construcción social para legitimar la violencia, el saqueo y poder mantener la dominación. La misma autora señala que tiene que ver con una serie de prácticas en la que los pueblos originarios son convertidos en enemigos del desarrollo y por ende no son como los otros, que constituyen el prototipo de ciudadanos establecidos y se convierte en una forma de reprimir a los pueblos en las luchas que han emprendido como manifestación de resistencia y defensa del territorio.

Los pueblos han resistido al megasaqueo que no tiene límites para expoliar el trabajo de las personas y recursos del medio ambiente, a costa de personas como Aura Lolita Chávez exiliada en España, Sebastiana Pablo, criminalizada por el alcalde de Joyabaj, Abelino Chub Caal, Anastasia Mejía, María Choc, Rigoberto Juárez, Mateo, Bernardo Caal Xol, Daniel Pedro Mateo, este último torturado y asesinado.

En conclusión, las luchas de las comunidades indígenas y campesinas están ligadas a la reivindicación de su propia organización ancestral como un mecanismo de defensa, ante el avance de los megaproyectos que ponen en riesgo los recursos naturales y que degradan a la madre tierra. He ahí que las colectividades organizadas buscan resistir a las políticas neoliberales que, en complicidad con un Estado racista, sicario y terrorista elimina, despoja y asesina a los héroes del corazón del cielo y la tierra.

 

Referencias

Bastos, Santiago (20 de mayo, 2021). Los actores indígenas: dos décadas de procesos políticos. Tomado de: https://fb.watch/7vOH_qqI7M/ Consultado el: 15 de agosto de 2021.

Cardona, O.,M. Sandoval, D. López, R. Miranda. E. Girón y A. Coyoy. (22 de marzo, 2014) Se quejan por desvío de ríos – Prensa Libre

Constitución Política de la República de Guatemala (1993). SECCIÓN DÉCIMA RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL, art. 119. Tomado de: Constitución Política de la República de Guatemala, 1985 con reformas de 1993 (conap.gob.gt) Consultado el: 02 de agosto de 2021.

Decreto número 29-89 (2005). Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Tomado de: Microsoft Word – Decreto del Congreso Número 29-89 _Actividad Exportadora y Maquila_.docx (oas.org) Consultado el: 02 de agosto de 2021.

Escalón, Sebastián (2014). Palma Africana: Nuevos estándares y viejas trampa. Tomado de: Palma Africana: Nuevos estándares y viejas trampas | Plaza Pública (plazapublica.com.gt) Consultado el: 02 de agosto de 2021.

Gutiérrez Valdizán, Alejandra (13 de junio, 2012). De monocultivos, la lucha por el espacio y los desarraigados | Plaza Pública (plazapublica.com.gt)

Hernández Ixcoy, Domingo (20 de mayo, 2021). Los actores indígenas: dos décadas de procesos políticos. Tomado de: https://fb.watch/7vOH_qqI7M/ Consultado el 15 de agosto de 2021.
Ixim, Leonardo (26 de junio, 2015)  El Socialista Centroamericano – GUATEMALA.- Ecocidio en el río La Pasión (elsoca.org)

Maldonado Copello, Alberto (09 diciembre, 2019). Consenso de Washington y neoliberalismo – Semanario Voz

Organizaciòn Internacional del trabajo (2017)   Convenio C169 – Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ilo.org)

Rodrìguez, Manuel (31 de octubre, 2014). Levantarán estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez – La Hora

Sancir, Norma (20 de mayo, 2021). Los actores indígenas: dos décadas de procesos políticos.  Tomado de: https://fb.watch/7vOH_qqI7M/ Consultado el: 15 de agosto de 2021.

Tubin, Victoria (19 de agosto, 2021). El racismo como base histórica de la sociedad y como experiencia cotidiana. Tomado de: https://fb.watch/7vP8J7iExX/  Consultado el: 19 de agosto 2021.

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