Amparo ante la CC, último recurso a favor de Bernardo Caal

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Créditos: Luis Ovalle.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Luis Ovalle

Representantes de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’ y las Comunidades en Resistencia de Santa María Cahabón, presentaron un amparo este miércoles 29 de septiembre, ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para que restituya los derechos a Bernardo Caal Xol, quien según dijeron, enfrente una condena injusta de 7 años y 4 meses de prisión inconmutables, por delitos que no cometió.

La actividad inició con una invocación maya, para pedir al creador por la madre tierra y el agua.

Posteriormente fue presentada la acción de amparo, con la que se pretende que se haga una revisión del caso de Bernardo Caal, la que según dijo José Cruz, del Colectivo Madre Selva “es la última medida legal a la que se puede recurrir en el sistema jurídico legal guatemalteco”.

Cruz agregó que no esperan mucho de la CC, por la forma en que está integrada esta corte, “que acaba de ser mangoneada por el pacto de corruptos en el Congreso de la República, que encabeza el presidente Giammattei”.

Todo el juicio contra Bernardo Caal ha sido un montaje falso, malicioso, dirigido a castigar a un defensor de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas de vivir en un ambiente sano, seguro para el pueblo de Santa María Cahabón y de todos los pueblos que son ribereños al río, donde se quiere construir otro proyecto hidroeléctrico más, abajo del Oxec II, destacó Cruz.

Por su parte, María Caal, hermana de Bernardo, señaló que pidieron permiso a las abuelas y abuelos, a los sagrados cerros, para venir a la ciudad y buscar justicia, ya que el territorio Q’eqchi’, de Cahabón, Alta Verapaz, ha sido despojado de los sagrados ríos Cahabón y Oxec.

La corrupción y la impunidad han hecho que se imponga una condena injusta en contra de Bernardo Caal Xol, pues hubo violaciones a los derechos constitucionales de Bernardo, principalmente su derecho a la defensa. “Se le acusó de otros delitos y no se respetó la garantía del proceso”, dijo.

A decir de María Caal, ahora, con un amparo en la CC, esperan que se aplique la justicia para que Bernardo pueda demostrar su inocencia. “Buscamos justicia para el pueblo Q’eqchi’; Bernardo no está solo; lo único que hizo fue denunciar a esas empresas transnacionales que operan en nuestro territorio”, enfatizó.

María Caal rechazó rotundamente la decisión de las magistradas y magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como a las empresas hidroeléctricas que operan en nuestro territorio, la criminalización de las hermanas y hermanos defensores de derechos humanos, encarcelados por defender lo que pertenece a los pueblos originarios.

¡Libertad para Bernardo Caal,! ¡libertad para los ríos!, concluyó.

200 años de injusticia y discriminación

En un comunicado de las entidades presentes, manifiestan su profunda indignación y rechazo a la injusta sentencia que niega la libertad a Bernardo Caal, sin conocer y juzgar la forma y el fondo de un proceso viciado, que lo condenó sin atender pruebas irrefutables en las que se comprobaba que no estuvo en el lugar y hora de la denuncia en su contra.

Las agrupaciones señalan que la cooptación del sistema de justicia permitió la criminalización, las acusaciones falsas y la agilización de la condena contra el profesor Bernardo Caal, defensor Q’eqchi’, en favor del territorio, del río Cahabón y de los derechos de su pueblo.

Solicitan al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al Procurador de los Derechos Humanos, observar el comportamiento de la institucionalidad del Estado y fiscalizar la correcta aplicación de la justicia.

El pueblo de Guatemala debe seguir manifestándose en contra de la corrupción y el tráfico de influencias en los poderes del Estado, para exigir transparencia en la aplicación de la justicia, pronta y cumplida, indican.

“El caso de Bernardo Caal Xol y demás líderes indígenas y defensores y defensoras de derechos de las comunidades y pueblos de todo el país, muestra la desigualdad en la aplicación de la justicia, que permite la liberación a través de medidas sustitutivas a funcionarios y empresarios corruptos, mientras encarcelan y se ensañan con líderes y lideresas indígenas defensores de derechos humanos”, concluyen.

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