Por Elías Oxom
En el último año, las comunidades Q’eqchi’ de Alta Verapaz fueron golpeadas por las tormentas ETA y IOTA, que dejaron a miles de familias afectadas a su paso y comunidades enteras estuvieron inundadas durante meses. Según los datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en todo el departamento de Alta Verapaz hubo 8 mil 368 personas afectadas; 7 mil 810 damnificadas y 1 mil 603 viviendas, con daños severos, moderados o leves.
En Campur, San Pedro Carchá, las autoridades comunales calculan que la inundación dañó 941 viviendas y dejó más de mil familias damnificadas. En su último informe por aldeas, del 4 de junio pasado, CONRED solo reconoce 124 viviendas dañadas en la aldea.
La falta de dictamen específico, que CONRED había prometido a la comunidad de Campur para marzo de 2021, detuvo la dinámica diaria: una vez la inundación cedió, los pobladores esperaban que alguien les dijera si podían volver a sus casas. Pero el dictamen no llegó y, por necesidad, los habitantes regresaron. Energuate, la empresa que vende energía eléctrica, anunció que no conectará el servicio sin ver el informe. Así como Campur, todas las comunidades afectadas en Alta Verapaz nunca fueron atendidas por el Estado.
En esas condiciones, los pobladores han optado por instalar paneles de energía solar. “Nos compramos el más sencillo, de Q 200, para un foco, pero hay unos que pueden valer hasta 3 mil quetzales”, explica Olivia Choc, educadora del centro de salud de Campur.
La población tiene varias explicaciones para lo que pasó. Los ancianos y guías mayas piensan que ha’, el agua, les está dando un mensaje de no contaminación. Sebastián Caal, guía Q’eqchi’, opinó que todo “se debió a un desequilibrio ambiental, relacionado a la contaminación del país y del mundo; cada cierto tiempo, el clima hace un recordatorio”.
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La situación que dejaron las tormentas Eta y Iota a su pasó, no es la única realidad que la población Q’eqchi’ tiene que enfrentar. A ella se suman los conflictos por el acceso de la tierra. En diciembre de 2019, la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) registró 2 mil 574 conflictos sociales. El 67 por ciento debido a problemas agrarios”, siendo Alta Verapaz el departamento más afectado.
A la histórica lucha por la tierra también se suma la criminalización de personas que defienden el territorio y los recursos naturales que en él subyacen. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) en un estudio sobre la criminalización del movimiento campesino, reportó que entre 2004 y 2008 se atacaron a 407 defensores de derechos humanos. De ellos, 197 estaban concentrados en Alta Verapaz.
Para 2020, la Udefegua contabilizó 1 mil 004 casos de agresiones contra defensores, convirtiéndolo en el año más violento. Además, se registraron 15 asesinatos en distintos departamentos del país.
De la totalidad de registros de agresiones, 530 fueron contra hombres y 338 contra mujeres; mientras que 136 fueron dirigidos a organizaciones, colectivos y comunidades. Los departamentos con mayor cantidad de registros de violencia son: Guatemala, Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá y Chiquimula.
En Alta Verapaz funcionan en la actualidad diecisiete hidroeléctricas, tres en Santa María Cahabón, dos en San Pedro Carchá, tres en Senahú, dos en Tucurú, tres en Cobán, dos en San Cristóbal Verapaz y una en Lanquín. Estas hidroeléctricas están construidas para utilizar el caudal de los ríos Polochic, Cahabón, Choloma, Secampana, Quixal, Chiacté, Icbolay, Oxec, Trece Aguas y Cucanjá.
El departamento de Alta Verapaz se ubica aproximadamente a 200 kilómetros de la ciudad de Guatemala, su cabecera es Cobán. Según el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística realizado en año el 2018 es el segundo departamento más poblado de Guatemala con 1 millón 215 mil 038 habitantes. Está habitado en su mayoría por hablantes del idioma Q’eqchi’ con 979 mil 220 hablantes y una parte por hablantes del idioma Poqomchi’ con 128 mil 557 hablantes.
Para conocer más a profundidad la situación actual del departamento hablamos con Julio Gonzales del colectivo Madreselva, la entrevista completa la presentamos a continuación:
PC: ¿Cuál es la situación para la población de Alta Verapaz?
JG: Lo que se ha ido agudizando en Alta Verapaz es la suma de una serie de acontecimientos históricos. El cambio del modelo económico, que pasó de la agro exportación, en el cultivo del cardamomo, el chile y café, a los megaproyectos de las empresas extractivas.
En la actualidad se buscan zonas estratégicas donde pueden producir energía, minerales, para el cultivo de caña y palma de aceite. Hay zonas en donde no se informó ni se consultó, el impacto va a causar desplazamiento, socioambiental y pobreza.
Se requiere de uso de la tierra para otros fines, en los gobiernos liberales se abusó de los pueblos, en el sentido que se repartieron tierras de los pueblos a extranjeros. Desde la época de la colonia al pueblo Q’eqchi’, le ha generado problemas de la tierra, esto ha motivado una lucha por recuperar las tierras ancestrales. Los propietarios favorecidos por los gobiernos liberales expandieron sus territorios, desde el Estado se defienden estos privilegios, esa es una de las razones por las que surge la criminalización.
La lucha por el agua; lo que sucedió con las tormentas Eta y Iota demuestra que el ecosistema de Alta Verapaz, referido al recurso hídrico está afectada, hay drenajes naturales que se están cerrando, a partir de eso se inundan las áreas.
PC: ¿Quiénes son los actores más importantes?
JG: La lucha de los defensores, la gente que está criminalizada y los presos políticos. Sobresale la figura de Hermelindo Chub, Bernardo Caal, las autoridades ancestrales, las organizaciones campesinas que acompañan el proceso, organizaciones de la sociedad civil para el acompañamiento de los casos jurídicos, algunos curas y párrocos, el gobernador departamental, algunos alcaldes que no defienden los intereses del pueblo y el oportunismo del alcalde de Carchá.
La presencia de [la empresa] Renace que está en el Polochic y Cahabón han hecho alteraciones; la institucionalidad no funciona porque es imposible hacer siete hidroeléctricas sobre un mismo río. No solo afecta el espacio físico donde está el proyecto, sino daña también a las comunidades que están abajo del agua, están provocando la extinción de la flora y fauna, el Ministerio de Ambiente no ha hecho algún estudio, hay una negligencia, hace falta mucha investigación y la academia no funciona.
PC: ¿Cuáles son las razones históricas?
JG: Una independencia mal habida que excluye no es independencia. Es un traspaso de la monarquía a los criollos. 1821 es una fecha que no tiene ningún significado, la razón de la independencia es por intereses mercantiles, se repartieron el país, conforman grupos de familias, quienes han escogido los gobernantes en los últimos años son estas familias, la corrupción tiene nombre, desde el momento en el que se hizo una independencia en donde no se incluyó la participación de la mayoría, la única propuesta seria que hubo de transformar el país fueron los Acuerdos de Paz, y ahora estamos a las puertas de un estallido social, quieren el control total del poder para imponer una dictadura.
PC: ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?
JG: La respuesta del gobierno es la represión. Después de la guerra se inicia el cambio, la ley de descentralización, el código municipal y los consejos de desarrollo, la cuestión es que si no se tiene una ruta para lograr el desarrollo de las comunidades van a un camino a decaer. El futuro se vuelve oscuro. Se les está exprimiendo lo poquito que le queda a la gente, lo que pasó con la suspensión de la minera CGN, sin embargo, sigue funcionando, “en la actualidad la soberanía se ejerce desde las empresas, ya no es la soberanía del pueblo”.
