Por Prensa Comunitaria
Han pasado diez años desde que la transnacional canadiense HudBay Minerals Inc. anunció la venta del 100% de la licencia del proyecto Fénix de ferro-níquel en el departamento de Izabal. Lo que llamaron “un proyecto robusto con ganancias en aumento” supuso la cantidad consolidada de US$212.5 millones, pagada por la transnacional Solway Investment Group, de capital ruso-suizo.
Con la presencia de empresas transnacionales como Solway, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza, a la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones en este caso contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.
La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.
La explotación de níquel en dicho territorio tiene más de 60 años y ha estado bajo la observancia de diferentes gobiernos y dictaduras. A lo largo del tiempo se ha visto como el Estado se ausenta para fiscalizar a la empresa, y aparece para mantener a raya a la población que se oponga a la mina.
Este año, el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe destituido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), denunció que “un grupo de empresarios rusos sobornaron al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, para beneficiarse de negocios como un puerto privado en Santo Tomás de Castilla”.
CGN es la empresa de extracción de metales más antigua en Guatemala y tiene bajo su poder varias licencias en el municipio de El Estor, procesa cierto porcentaje de la tierra que extrae, en el territorio hay otra empresa que al igual que CGN, es manejada guatemaltecos y por extranjeros rusos y ucranianos, Mayaníquel.
Tanto a Mayaníquel como a CGN, les interesa tener su propio puerto, se supone para exportar toda la tierra, níquel y demás minerales. La licencia de Mayaníquel, fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2013, en territorio del departamento vecino de Alta Verapaz, pero procesa parte de su extracción minera dentro de las calderas de CGN. A continuación presentamos una serie de vulneraciones relacionadas a la minería ilegal en El Estor.
- El recambio: de mineros canadienses a mineros rusos
En el año 2011 Solway de capital ruso-suizo adquirió las concesiones mineras: Niquegua Montufar I y II, Fénix, Chichipate y Nabej. Ese año, durante el gobierno de Otto Pérez Molina (expresidente en prisión), su ministro de energía y minas, el empresario Erick Archila Dehesa (prófugo y perseguido por la Interpol) autorizaron la ampliación del proyecto minero, beneficiando al capital ruso-suizo con 247.9 kilómetros cuadrados por 25 años para la licencia Fénix.
A la transnacional Solway, que opera en el país por medio de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, su subsidiaria, se le concedió la explotación minera que se extendía por cuatro municipios: El Estor, Izabal. Senahú, Cahabon y Panzós de Alta Verapaz. Pasando la delimitación del reglamento minero que dice que cualquier licencia tiene “un polígono cerrado no mayor de veinte kilómetros cuadrados”.
A Solway le permitieron un territorio 12 veces mayor, en un contexto local de permanente conflicto por la tenencia de la tierra. Según datos de las autoridades indígenas q’eqchi’: “la licencia podría desplazar de su territorio a no menos de 2 mil comunidades indígenas”.
- Asesinato de los estudiantes del UVG en las tinieblas
En marzo de 2012, 17 estudiantes de biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) llegaron a las instalaciones de la empresa CGN en El Estor Izabal, para realizar un monitoreo biológico que se coordina entre la universidad y la compañía, debido a que la mina tiene en su poder la administración de la reserva natural privada Setal, -que con 617 hectáreas es parte del hábitat del mono aullador y el cocodrilo, especies en peligro de extinción en Guatemala-.
Nahomy Lara, Juan Carlos Velásquez y Ángel de León, jóvenes universitarios, menores todos de 25 años, desaparecieron en las instalaciones de CGN cuando monitoreaban cocodrilos, a cargo del equipo estaba Lemuel Valle, biólogo empleado de la empresa.
La versión de CGN fue que los tres se habían ahogado y solo Lemuel Valle, había sobrevivido. Las familias de las victimas iniciaron un proceso legal que siete años después, en septiembre de 2019, obtuvo una resolución condenatoria. Lemuel Valle, quedó culpable de homicidio culposo y le establecieron 5 años de cárcel conmutables. Esto sucedió en un juzgado de Puerto Barrios, a través del Juez Felicito Mazariegos. A la mina CGN, se le estableció responsabilidad civil porque ser Lemuel, un empleado de la empresa y se estableció el pago Q51 millones de resarcimiento por el delito, a favor de las familias.
Pero la Universidad quedó absuelta, según lo ha documentado la periodista Jody García: “Las familias de los jóvenes impugnaron en la Sala de Apelaciones”. También Lemuel y la mina impugnaron la condena, y en un chasquido de dedos lograron que la sala de apelaciones de Puerto Barrios anulara la sentencia.
Estos dos últimos años han significado un retroceso intentando que la sentencia contra la mina y Lemuel quede en firme y además continúan buscando que se responsabilice al rector de la UVG, Roberto Moreno Godoy, para ello han presentado este año, dos casaciones en la Corte Suprema de Justicia –CSJ-.
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Explosión en las instalaciones de la mina
En 2016 se produjo una explosión en una de las calderas de la mina, lo que provocó la muerte de cinco empleados: Yuni Sandoval Álvarez, Hamilton Milla Portillo, Enoc Ruano, Dalin Choc Prieto y Édgar Misael Coc Xol.
En 2019, a través del proyecto GreenBlood, Prensa Comunitaria documentó que la empresa indemnizó a las familias y les hizo firmar un contrato donde se les prohíbe dar declaraciones al respecto. Y también un ex trabajador de la planta procesadora, aseguró que “ya existían informes de daños en esa área, que los jefes rusos no atendieron y frente a un desastre decidieron continuar con la producción de las calderas”.
En 2016 pocos pusieron atención al tema, según Prensa Libre, algunos diputados cuestionaron las medidas de seguridad a Mario Fernando Vega, director administrativo de CGN y Rodolfo Gutiérrez Soria, especialista en seguridad, quienes “indicaron que se tienen estándares y protocolos de seguridad para los cuales se capacita al personal”.
El MEM, de nuevo atado de manos, no detuvo las operaciones de la empresa para que el Ministerio Público hiciera sus investigaciones. Luis Chang, el ministro de energía y minas en ese entonces, justificó: “la ley permite las operaciones de minería, y por aparte de generación de energía para su propio abastecimiento y ese ente no tiene facultades para suspenderlas”.
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La contaminación del lago de Izabal
Aunque la contaminación del lago se ha observado desde antes de la llegada de los rusos, en el 2017, la gremial de pescadores observó y documentó el aparecimiento de una enorme mancha roja en el lago de Izabal, consecuentes con su preocupación presentaron un memorial con el que pidieron a la Fiscalía de Medio Ambiente del MP, determinar el daño que podría estar provocando las actividades mineras.
En el fenómeno que nadie quiso explicar, estuvieron involucrados el alcalde municipal, Rony Méndez, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y AMASURLI, la asociación obligada a monitorear la salud del lago. Todos, según la opinión de los pobladores encubriendo a CGN. Ya que a la fecha no ha entregado los estudios biológicos y fisicoquímicos del cuerpo acuífero.
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La muerte de un pescador y criminalización de la GPA
La sospecha de que la empresa estuviera contaminando el lago –fuente de subsistencia de más de cuatrocientas familias-, motivó a las asociaciones de pescadores a organizarse como Gremial de Pescadores Artesanales (GPA).
En abril del 2017, realizaron manifestaciones públicas y tomas en la vía de comunicación, que generaron desavenencias entre pobladores, la GPA y trabajadores de CGN porque impedían el paso de las góndolas que acarrean tierra desde la procesadora CGN-Pronico, hacia el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, la cabecera del departamento de Izabal.
En mayo, el MARN y el MEM debían haber entregado los resultados de los análisis de agua realizados al lago, que se suponían explicarían la mancha roja. Las autoridades centrales y municipales crearon y asimismo rompieron la mesa de diálogo con los pescadores y la población estoreña.
En lugar del informe las y los pobladores recibieron balas. El 27 de mayo un comando antidisturbios disuadió la manifestación sobre la carretera 7E, que conduce a Alta Verapaz y también a la entrada de CGN-Pronico.
Ese día una bala de calibre 9 milímetros, del que también usa la Policía Nacional Civil (PNC), alcanzó a Carlos Maaz Coc, un pescador de 29 años, quien estaba allí apoyando la acción de la GPA. En las páginas oficiales del Ministerio de Gobernación (Mingob) se insinuó que el tiroteo fue causado por pobladores.
Los líderes pescadores, testigos oculares y el corresponsal de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, aseguraron que solo la policía portaba armas de fuego.
A la fecha, el caso de Carlos Maaz sigue abierto y aunque en las fotografías se pueden identificar a los oficiales disparando, ninguno ha sido señalado. Por el contrario, se criminalizó a 11 personas incluyendo dos periodistas locales y a los directivos de la gremial.
- Censura y restricciones de la libertad de expresión
Debido a que sus operaciones han sido opacas, la compañía minera ha echado mano de amenazas, vigilancia y persecución judicial, el alto costo de hacer periodismo en El Estor, mandó 49 días a prisión a Jerson Xitumul, uno de los dos periodistas locales criminalizados, el caso en su contra fue cerrado. No corrieron con la misma suerte, el periodista Carlos Ernesto Choc y varios pescadores, aún ligados a proceso penal.
Para romper con la censura en El Estor, un equipo de periodistas, de Prensa Comunitaria y medios europeos: la televisión francesa, Forbidden Stories, Le Monde, The Guardian, El País y El Expresso, retomaron las investigaciones de la muerte de Maaz, la contaminación del lago y las violaciones a derechos humanos cometidos.
En junio de 2019, Anne Michel, periodista del medio LeMonde, fue acusada legalmente en Francia. Los abogados de la transnacional dijeron que una de sus publicaciones era difamación pública hacia un particular y que degradaba el honor de Solway Investment Group.
En septiembre de 2019, el MP allanó la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, porque la empresa y sus trabajadores la responsabilizaron de la suspensión de operaciones del Proyecto Fénix. La suspensión fue emitida de la Corte de Constitucionalidad –CC- ese mismo año. Es impensable que la labor informativa tenga influencia sobre una alta corte.
- La mina desacata la Corte de Constitucionalidad
Durante el año 2019, la minera fue suspendida provisionalmente por la CC, esto no le importó a CGN-Solway, la operación de extracción de tierra continuó en Izabal. Mientras, empleados guatemaltecos y rusos hicieron constantes manifestaciones frente a las instalaciones de la Corte.
La empresa utilizó uno de los medios escritos de mayor circulación en el país, Nuestro Diario, para acusar y difamar a los abogados Aníbal Maquín Bó y a Rafael Maldonado por la supuesta falsificación de firmas. La acusación la hicieron en nombre de supuestos vecinos de El Estor que habían sido amparistas, que ahora estaban a favor de la empresa.
El año siguiente, en el 2020, la CC emitió una sentencia definitiva, que hace constar que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), violaron derechos de los pueblos indígenas y ordena que las operaciones de la licencia minera Fénix siga suspendida hasta que se realice la consulta comunitaria en cuatro municipios, en un plazo no mayor a 18 meses.
A partir de esta sentencia quedó demostrada la ilegalidad con que opera CGN, la CC, amparó a la Gremial de Pescadores Artesanales y al pueblo maya Q’eqchi´. Aunque el asunto de la mancha roja no se dilucidó, se destapó que el Ministerio de Energía y Minas había aprobado a los rusos una licencia, sin la consulta previa a las comunidades indígenas.
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Los rusos y la alfombra mágica
Unas horas antes de salir al exilio, tras ser destituido ilegalmente por la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Juan Francisco Sandoval denunció la presencia de un grupo de personas rusas que visitaron la casa de presidente Giammattei en la zona 15 de la ciudad capital.
La FECI tenía conocimiento de la entrega de una fuerte cantidad de dinero al presidente, según testigos, dentro de una alfombra. Desde la destitución del fiscal se intensificaron las movilizaciones a nivel nacional, las autoridades indígenas de distintos pueblos originarios que apoyaban a Sandoval, exigían la renuncia del presidente y de Consuelo Porras por los actos de corrupción.
Con los sobornos de los rusos que destapó Sandoval, se vuelve a alumbrar las problemáticas y la corrupción alrededor de las actividades extractivas e Guatemala, estando las principales empresas mineras ubicadas en Izabal, Zacapa, Chiquimula y Alta Verapaz, manejadas por rusos y ucranianos.
La bancada Semilla ahora está interesada en fiscalizar el tema de la consulta minera, la adquisición de las vacunas y su relación con la alfombra mágica. Especialmente porque luego de descubrirse el soborno que señala directamente a la minera Mayaníquel, también se le aprobó una licencia de exploración minera de varios metales entre ellos oro.
Según el diputado Román Castellanos, la alfombra con dinero llevada a la casa del presidente, se vincula “completamente a los intereses de las mineras controladas por los rusos, en dos vías: la consulta comunitaria y la adquisición de un puerto privado en Santo Tomás de Castilla”.
Los negocios de los rusos-ucranianos vienen peleando desde el gobierno de Otto Pérez Molina, evidentemente se han afianzado en los siguientes gobiernos y con los sectores privados nacionales que están detrás de Alejandro Giammattei.
