Por Regina Pérez
El Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno Q’anil Tinamit presentó, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una demanda en contra del Estado de Guatemala, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 10 comunidades de Quiché y Chimaltenango durante el conflicto armado interno.
Asimismo, representantes de dicho Movimiento denunciaron al gobierno del presidente Alejandro Giammattei por debilitar el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) desde el año pasado, cuando el mandatario asumió la Presidencia, lo que aseguran ha derivado en la falta de atención a las víctimas y sobrevivientes de la guerra interna.
Miguel Itzep, del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, señaló que canalizaron esta demanda por medio de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitan que el Comité de Derechos Humanos admita la demanda.
La razón de presentar la denuncia es porque el gobierno de Giammattei cerró los espacios, no solo en el tema de resarcimiento a las víctimas sino de lo que se firmó en los Acuerdos de Paz, indicó Itzep. Ante estas posturas del gobierno, el representante señaló que solo les quedaban los espacios de los organismos internacionales y hacer valer los convenios internacionales.
En la demanda se denuncian las graves violaciones que se cometieron durante el conflicto armado interno en 10 comunidades indígenas de Quiché y Chimaltenango y se basa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Pedimos que se declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación a dicho Pacto”, señalaron las victimas en un comunicado.
Según la información, la demanda fue presentada por 44 familias sobrevivientes de genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y persecución política durante el conflicto armado, que provienen de las comunidades de Santa Cruz del Quiché, San Sebastián Lemoa, Chicabracán, Chinique, Uspantán, San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y San Pedro Jocopilas, todas del departamento de Quiché.
También de las comunidades de San Juan Comalapa y San José Poaquil, de Chimaltenango. Itzep señaló que en estas comunidades están mejor documentadas las violaciones a los derechos humanos, requisito fundamental para estos trámites. Tenemos que presentar pruebas, documentar todos los casos, no es una demanda política sino de justicia y que el Estado cumpla con sus obligaciones, expresó.
Por otro lado, los sobrevivientes también denunciaron que desde que Giammattei asumió la presidencia no se ha resarcido a las víctimas sino que más bien se cerró la Secretaría de la Paz y el PNR fue trasladado al Ministerio de Desarrollo Social; desde entonces la institución no funciona y no ha asistido a ninguna persona.
Para Itzep, desconocen el destino de los expedientes de las víctimas que se recogieron en 14 sedes regionales el año pasado.
Por ello solicitan al Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, que realice una supervisión minuciosa del estado del PNR y la situación en que se encuentran esos expedientes.
También piden al PDH que emita una condena moral en contra del presidente Giammattei por incumplir con resarcir a los sobrevivientes.
Denunciamos el hecho de que están atendiendo a los militares retirados pero están dejando en abandono el derecho de las víctimas que por justicia reclaman una reparación y atención psicosocial, indicó Itzep.
