Por Héctor Silva
El Ministerio Público de Guatemala ha completado su regresión. De ser una de las fiscalías centroamericanas que había mostrado valor y eficiencia para pedir cuentas a las élites económicas y políticas del país por acciones criminales, que incluyen relaciones con el crimen organizado, ejecuciones extrajudiciales y corrupción, el MP, bajo la dirección de María Consuelo Porras, vuelve a ser un arma política del régimen.
Atrás quedaron los años en que, por escenarios complejos que incluían delicadas negociaciones internas en Guatemala e importantes dosis de presión internacional a las élites chapinas por el deterioro y desgobierno que habían provocado la corrupción y la infiltración del crimen organizado en el Estado, el MP camino algunas rutas, no exentas de retrocesos, hacia la independencia y el combate real a los crímenes del poder formal. Atrás quedaron ya los años de Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.
El fin de ese camino inició cuando CICIG y FECI, la fiscalía especial que abanderó la impostergable embestida legal contra los impunes de siempre, perdieron el respaldo que habían obtenido del poder económico guatemalteco en la persecución penal del gobierno corrupto de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Envalentonadas por las masivas muestras de apoyo de 2015, CICIG y FECI no arriaron vela, al contrario, navegaron directo hacia las élites empresariales, a las que investigaron y llevaron a los tribunales.
Pero, se sabe, en Guatemala el poder del criollo no admite réplica. Defenestrado Álvaro Arzú Irigoyen, el empresariado armó rápido un nuevo instrumento político de la mano de Jimmy Morales y FCN-Nación, el partido formado por uno del puñado de grupos de cuerpos clandestinos ilegales de exmilitares y agentes de inteligencia. El poder oscuro volvía por lo suyo.
Empezó, entonces, un largo camino que inició por el desmantelamiento definitivo de CICIG, el nuevo secuestro de las altas cortes y ha cerrado con la toma total del MP de la mano de la fiscal Porras y su peón, Rafael Curruchiche.
La buena transformación del MP guatemalteco nunca fue completa y en la Guatemala interior apenas y fue: para las comunidades originarias, el despojo y la represión del Estado siguieron ahí siempre. Siguen ahí. Acaso por eso, ahora, de nuevo, han sido los pueblos originales los que han dado un nuevo soplo de vida a la capacidad guatemalteca de resistencia.
Aún es pronto para saber hasta dónde llegará este nuevo reclamo. Por el momento, la Guatemala interior no para: dos convocatorias multitudinarias en una semana, bloqueos de carretera y otras respuestas, frente en alto, al poder corrupto.
¿Cómo responde el Estado guatemalteco? Como sabe, con violencia y persecución. El presidente Alejandro Giammattei, que es el principal aliado de Porras por ahora, ha intentado menospreciar la protesta tildándola de insignificante, pero también aparece asustado por ella y envía a sus policías, garrote listo, a respirar en la nunca de quienes están en las calles y plazas.
Hay, además de la consabida intimidación policial, una respuesta más subterránea, que la activista Helen Mack define como parte de un plan que implica la aniquilación del enemigo a través del desprestigio público y la persecución jurídica.
Para lo primero, el gobierno, sus patrocinadores y acólitos ocupan a sus medios aliados y a los llamados netcenters, esos centros de inteligencia informática financiados en parte con fondos públicos desde los que cuentas fantasma de diversas plataformas digitales esparcen amenazas, difamaciones y ataques a periodistas y opositores. (Es, por cierto, significativo que uno de los expedientes que la clausurada CICIG dejó en FECI antes de partir fue uno en el que se detallaba como la exvicepresidenta Roxana Baldetti coordinó la creación de uno de los primeros netcenters en Guatemala).
Los ataques cibernéticos son, sin duda, extenuantes por las enormes dosis de terror sicológico que implican, pero es la otra estrategia, la de persecución jurídica, la más aterradora: su finalidad última es criminalizar al oponente y matarlo de a poco en las cárceles del régimen.
Los arrestos, en mayo pasado, de Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Argüello y otras 13 personas, dirigidos por el MP de Porras, con el fiscal Curruchiche al mando de agentes de la DIGICI, son el mejor ejemplo de esa forma de operar, calcada de los 70 y 80. Como en aquellas décadas, hoy el MP es un arma política.
En el resto del norte centroamericano pasa lo mismo. En Honduras, desde 2018, agentes de la fiscalía que controla el régimen de Juan Orlando Hernández está implicada en ejecuciones. En el Salvador, el fiscal general impuesto por Nayib Bukele es el exempleado de una compañía acusada de lavar dinero que, entre otras cosas, financió el ascenso político del presidente. En Nicaragua la fiscalía de Ortega, que ha encarcelado ya a decenas de opositores y acosado a periodistas a los que ha obligado a exiliarse, parece ser el ejemplo que sus pares centroamericanas quieren seguir.
Eso es lo que hay en Guatemala y Centroamérica: Fiscalías Especiales para Afianzar Impunidad y Persecución Política.
