Créditos: Grupo de choque de la Terminal de la zona 4. Foto Nelton Rivera
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Por Prensa Comunitaria

En Guatemala parece que está prohibido disentir. Este viernes el presidente Alejandro Giammattei, después de varios días de no aparecer públicamente y visiblemente más delgado, salió a descalificar las movilizaciones sociales y las señaló de dividir al país; impuso un estado de calamidad e improvisó un centro de vacunación en la plaza central de la capital, el lugar desde donde hace 23 días decenas de personas se han reunido, cada sábado, para pedir su renuncia y la de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras.

“No es momento para pelear y hablar cosas que nos dividan. Como en toda sociedad, puede haber distintas formas de pensar, pero no es momento de bloquear las instituciones y frenar el desarrollo del país”, dijo Giammattei, en coincidencia con el discurso utilizado desde hace algunas semanas por sectores conservadores de ultra derecha.

Este mismo viernes, minutos después del mensaje presidencial, la directiva de vendedores de la terminal, también en una conferencia de prensa, haciendo uso de un lenguaje cargado de violencia y descalificaciones, dijo que no permitiría, lo que ellos entienden como “bloqueos”, en referencia a las jornadas de movilización.

Además, Marcelo Rojas, vicepresidente del mercado de la zona 4, denunció que fueron víctimas de un atentado y al mismo tiempo dijo: “mucha coincidencia que ayer, que fuimos a desbloquear y, hoy trataron de venir, no para echarnos, sino para matarnos”.

En ese contexto, el 18 de agosto, una de las representantes del mercado de la terminal de la zona 4, frente a un grupo de vendedores y con micrófono en mano y sobre una tarima, amenazó con quemar al presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, diciendo: “Señores, Martín Toc no nos representa a nosotros como mercado de la terminal. Si Martín Toc quiere bloquear, que venga a bloquear aquí. De aquí va a salir quemado”.

Casi al final de la tarde del 20 de agosto, las Autoridades Indígenas Ancestrales y el exjefe de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa, acudieron a la sede central del Ministerio Público, para denunciar al grupo de vendedores de la terminal que intentaron agredir a quienes manifestaron durante la jornada del jueves.

A su llegada, la policía intento impedir, durante varios minutos, que tanto Foppa como las autoridades presentaran la denuncia. El trámite que no duro más de 5 minutos finalmente fue recibido.

En el Congreso, la junta directiva, presidida por Allan Rodríguez, no logró ratificar el estado de calamidad decretado el viernes pasado por el presidente Alejandro Giammattei, por no lograr reunir a 107 diputados.

Para el abogado constitucionalista Oswaldo Samayoa, la aprobación de este estado de emergencia es una muestra de los rasgos autoritarios en la forma en que se ejerce el poder por una gran mayoría de diputados y diputadas en el Legislativo, además de una carencia de conocimiento del derecho constitucional.

El jueves 19, en redes sociales se difundieron imágenes que mostraban a varios camiones que transportaban a las personas de la terminal de la zona 4, después de que armados con palos y tubos intentaron provocar a las personas que manifestaron pacíficamente y que concluyeron su protesta frente al Congreso.

En un video, difundido por Prensa Comunitaria, se observó como algunas personas que participaron en estos actos de intimidación, se reunieron en la oficina de Dirección de Mercados, de la municipalidad, ubicada en Ciudad Nueva, de la zona 2 capitalina, después de intentar disolver la manifestación con violencia.

La periodista Michelle Mendoza difundió información que vincula al presidente del Congreso Allan Rodríguez con las agresiones de un grupo de vendedores, “habría sido quien pidió el apoyo a los “vendedores de la Terminal”, para confrontar a los manifestantes que llevan semanas protestando pacíficamente”.

La represión también se extendió a uno de los departamentos del oriente del país. Durante la cuarta jornada de movilización, en el municipio de Camotán, Chiquimula, un grupo de antimotines que, doblaba el número de quienes pedían la renuncia del presidente y de la fiscal general, lanzó gases lacrimógenos hiriendo y afectando a quienes manifestaban.

La cuarta jornada del paro plurinacional concluyó este viernes después del mediodía en Cuatro Caminos, el mismo lugar en el que inicio desde las 6 de la mañana, cuando se reunieron alrededor de 400 pobladores, convocados por el Consejo Departamental de Autoridades Comunitarias y Ancestrales de Totonicapán.

Según declaraciones de Bonifacio Puac, presidente del dicho consejo, la decisión de terminar con el paro convocado por ellos, se debió a un acuerdo al que llegaron con la Policía Nacional Civil de San Cristóbal, Totonicapán.

La semana concluye con una serie de actos violentos en contra de las autoridades ancestrales y de las organizaciones sociales que se han unido a la convocatoria de paro plurinacional para pedir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público.

Hasta el 19 de agosto, las autoridades de Salud reportaron 5,826 contagios de la COVID-19. Desde marzo de 2020, cuando se anunció el primer caso, el número de personas contagiadas ha ido en incremento. Guatemala atraviesa la tercera ola de contagios sin un plan efectivo de vacunación, con un contrato del que se desconocen detalles con la empresa Limited Liability Company Human Vaccine, por un valor de 160 millones de dólares, de los que se pagó un adelanto de 80 millones, sin que hasta la fecha se haya recibido la cantidad de vacunas correspondientes a esa cantidad de dinero.

 

 

 

 

 

 

 

 

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