Por Nelton Rivera
En una cadena nacional a las 20:30 horas de este 21 de agosto, sin la presencia de Alejandro Giammattei, el Gobierno de Guatemala anunció la reforma de las disposiciones presidenciales por la pandemia, a través de un decreto que no tiene vigencia. La Corte de Constitucionalidad con su resolución le da oxígeno al estado de calamidad y logra sacarlo a flote, en una resolución que varios sectores califican de inconstitucional.
El Decreto Gubernativo 6-2021, firmado en Consejo de Ministros el 13 de agosto, perdió su vigencia al vencerse el plazo legal de 3 días hábiles para que el Congreso de la República lo conociera, aprobara o rechazara. Paso siguiente la Junta Directiva del Congreso buscó, de manera arbitraria e ilegal, pasarlo fuera de tiempo; el oficialismo vio frustrada su intención y el decreto no fue aprobado.
Haciendo uso de la ley de Orden Público, Giammattei continúa imponiendo restricciones a las garantías constitucionales de la ciudadanía, ahora con el pretexto de la pandemia. Desde enero lo hizo para combatir al “crimen organizado”. Ahora frente al descontento social, con miles de ciudadanos y ciudadanas exigiendo su renuncia en todo el país, recurre nuevamente a otro estado de calamidad.
El estado de calamidad se basa en dicha ley, creada en 1965 en el contexto del inicio del Conflicto Armado Interno en el país. Fue la herramienta para gobernar por las distintas dictaduras oligárquico militares hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Una ley que debió de ser retirada de la Constitución Política de la República.
Al quedar el decreto 6-2021 sin vigencia y al no lograr que la aplanadora oficialista lo aprobará, la Corte de Constitucionalidad CC resuelve no declarar la suspensión temporal de dicho acuerdo. La insistencia de Giammattei fue considerada por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas como un nuevo golpe técnico.
Pretender que esté vigente un decreto del Presidente de la República que suspende garantías constitucionales y no ha sido ratificado por el @CongresoGuate, es legislar por la vía de decretos ley, rompiendo con el Estado Democrático de Derecho.
— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) August 21, 2021
De manera simultánea a la cadena nacional, el Gobierno entregó en el Congreso de la República esta misma noche, el Acuerdo Gubernativo 7-2021 y el juego vuelve a quedar en manos de la aplanadora oficialista, en manos del denominado “pacto de corruptos”.
Con este nuevo decreto el mandatario pretende dejar la vía libre para la compra y contratación de servicios al Ministerio de Salud Pública MSPAS y Asistencia Social y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Incluso violando la autonomía del IGSS.
Además se prioriza la compra de espacios publicitarios en medios de comunicación, con el objetivo de “realizar campañas de prevención , vacunación e información relacionada a la pandemia COVID-19”, esto, a un año cinco meses de la crisis sanitaria. Mantienen el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, una medida que a criterio del Dr. Edwin Asturias, quién presidió la Coprecovid, es inútil.
¿Qué parte del contagio del #COVID19 no entiende 18 meses después la @CC_Guatemala y @GuatemalaGob para dejar vigente un #ToqueQuedaInútil? Se lo explicamos desde el lado de la ciencia y la salud publica: #Guatemala ha regresado de -45-50% movilidad a -5% desde Nov 2020.Hilo(1/4)
— Dr. Edwin Asturias (@easturia) August 22, 2021
Pero el decreto 7-2021 va más allá, busca censurar a los medios de comunicación, el Gobierno impone la obligatoriedad de comunicación a la población: “los medios de comunicación o difusión están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar “confusión o pánico, o agraven la situación” asumiendo las responsabilidades que de ello deriven”.
En un contexto en el que las instituciones estatales generan más dudas que certezas sobre el pésimo manejo de la pandemia, la falta de información sobre datos reales y la opacidad de la negociación de los contratos de compras de medicamentos, pruebas COVID o las vacunas Sputnik V. Con la censura a los medios intenta contener las denuncias sobre los casos de corrupción en los que el mismo presidente y varios funcionarios fueron señalados desde el 23 de julio por el ex fiscal de FECI, Juan Francisco Sandoval.
Censura a la vista. Limitar la libertad de prensa y de expresión de los medios de comunicación excusándose en un Estado de Calamidad que no ha sido aprobado violenta la Constitución, conlleva censura y promueve una dictadura. El art35 de la Constitución debe prevalecer.@PVacaV pic.twitter.com/UP4QxTPAw4
— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) August 22, 2021
