Por Regina Pérez
Desde hace un mes, Guatemala se adentró en una grave crisis política. El despido injustificado de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) fue tan solo el último golpe para cooptar el sistema de justicia y otro de los indicios de que Guatemala se encamina a consolidar un Estado autoritario.
La destitución de Sandoval no es el único factor que podría dar esa certeza. El gobierno de Alejandro Giammattei, quien llegó a la presidencia después de 20 años de intentarlo, ha dado continuidad a la línea del expresidente Jimmy Morales, quien logró expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), al no renovar su mandato.
Aunado a la crisis provocada por la salida de Sandoval, una reciente investigación del diario The New York Times ofreció más detalles de lo que Sandoval había revelado en una conferencia de prensa, luego de su despido, antes de salir del país.
De acuerdo con la investigación del periódico estadounidense, un testigo dijo a Sandoval que había ido a la casa del presidente y entregado una alfombra enrollada con dinero.
El vespertino La Hora publicó con detalle lo que relató el testigo, quien habría sido parte del personal de seguridad de un empresario ruso. Según ese diario, la declaración la dio el testigo el 23 de junio, solo siete días antes de que la fiscal general, Consuelo Porras, se instalara en la FECI, en busca de pruebas. El 23 de julio, la fiscal general anunció la destitución de Sandoval.
El 7 de agosto, la periodista Claudia Méndez Arriaza publicó que, aunque la llegada de los visitantes rusos al país había procurado pasar inadvertida, su llegada dejó de ser un secreto cuando Sandoval fue destituido.
De acuerdo con Méndez, los visitantes de origen ruso son inversores de Maya Níquel, una minera que tiene operaciones en Izabal y Alta Verapaz. Su objetivo es operar un muelle en el puerto Santo Tomás de Castilla para embarque y desembarque del mineral.
El medio elPeriódico publicó el pasado 25 de agosto que luego de dejar la alfombra envuelta como caja de regalo en la puerta de la residencia del presidente, una persona con pasaporte israelí identificada como Julián Shocron, representante de Maya Níquel, señaló que con dicha alfombra ya tenían puerta libre a la Portuaria.
Diputados de oposición han expresado que los señalamientos sobre el negocio con los rusos con el Puerto de Santo Tomás de Castilla “son graves”. La propuesta de los rusos a la portuaria es adquirir en arrendamiento 60 mil metros cuadrados de un área del puerto, según el diputado Luis Pineda, de la bancada Semilla, quien citó a los directivos del Puerto de Santo Tomás de Castilla.
Pineda indicó que en este caso “posiblemente hay un tráfico de influencias en el manejo del expediente administrativo” y dijo que llegarán a las ultimas consecuencias de este negocio porque en los términos planteados solo representa corrupción.
Este escándalo se suma a las protestas que se generaron desde el 24 de julio, en contra de Giammattei, para exigir su renuncia y la de la fiscal Consuelo Porras. Desde la presidencia no se ha generado ninguna conferencia de prensa para aclarar los hechos y según la Secretaría de Comunicación Social, desde los medios se ha querido posicionar “una narrativa sobre supuestos casos de corrupción”.
Pandemia fuera de control
Por otro lado, la pandemia no da tregua al presidente Giammattei, quien delegó al cuestionado exministro de Salud, Hugo Monroy, a convocar a profesionales para discutir medidas para mitigar el aumento de contagios, en una situación que se está saliendo de control para su gobierno.
El resultado de su mala gestión, según expertos, han sido hospitales colapsados, aumento de contagios y de fallecimientos, así como el fracaso del Plan de Vacunación que ubica a Guatemala en los últimos países de la región en vacunar a su población.
Para el 24 de agosto, la pandemia de la COVID-19 ha cobrado 11,552 vidas, según el Ministerio de Salud. El 16 de julio, cuando el gobierno impuso el segundo estado de prevención de este año, la cifra de fallecimientos por el virus era de 9,834 casos. En poco más de un mes, 1,718 personas han perdido la vida y la red hospitalaria ya no se da abasto ante la afluencia de pacientes.
El escenario más catastrófico se prevé para noviembre, cuando, según proyecciones de la Universidad de Washington se podrían alcanzar 200 muertes diarias y reportar un acumulado de 12 mil 299 personas fallecidas por la pandemia.
Imágenes que han sido filtradas a periodistas muestran las condiciones en que se encuentra el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde pacientes yacían sobre el suelo y en sillas de plástico, así como la falta de insumos y el personal médico agotado y quemado.
La pandemia ha sido un pretexto utilizado por el presidente Giammattei para imponer estados de excepción, el último, un estado de calamidad para mitigar los contagios, el cual no fue aprobado por el Congreso.
Estados de prevención y COVID-19. ¿Han disminuido los casos con estas medidas?
Con la instalación del último estado de excepción se evidenció la alineación que hay entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Congreso tenía que ratificar o modificar el mismo en un término de tres días, como lo manda la Constitución, lo cual no ocurrió ya que el Ejecutivo envió el decreto una vez finalizado el plazo, aún así el Congreso lo conoció.
Para el viernes 20 de agosto, el Congreso no consiguió ratificar dicho decreto y la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor del Ejecutivo, señalando que mientras no fuera ratificado, modificado o rechazado por el Legislativo, mantenía su vigencia.
El Ejecutivo modificó el decreto, obligando a los medios de comunicación a “evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico que agraven la situación” de la pandemia. Una medida que la Asociación de Peridistas de Guatemala consideró como censura.
La noche del 23 de agosto, 107 diputados rechazaron el estado de calamidad, lo que constituyó un revés para Giammattei y sus aliados en el Legislativo.
La imposición de estados de excepción por la pandemia, los señalamientos de corrupcion, la censura y agresiones a la libertad de prensa, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y la represión de las protestas ciudadanas mediante diversas estrategias, no solo la violencia, han sido una constante en el gobierno de Giammattei.
Con una Corte de Constitucionalidad (CC) electa a su medida, el Ministerio Público a cargo de Porras como su aliada y las Cortes y el Congreso a su favor, Giammattei tiene todo a su favor para no ser investigado, ya sea por los señalamientos de corrupción o por las denuncias en su contra por el opaco contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa, por la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V.
Control del Estado para garantizar dominio
Para Simona Yagenova, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), lo que está sucediendo en Guatemala en este periodo se trata de una tendencia instalada de una restauración autoritaria espuria.
Yagenova señaló que lo que se observa hoy es una readecuación táctica que más o menos se fue reconfigurando desde el 2000 y que se concreta en 2011. El sistema de dominación complejo y multidimensional se instauró en este país hace muchísimo tiempo, indicó.
A raíz de lo que pasó con la CICIG con el gobierno de Otto Pérez Molina – la Comisión develó el caso la Línea en abril de 2015 que fue el detonante de las movilizaciones ciudadanas para exigir la renuncia del binomio presidencial- este núcleo en el poder tomó la determinación en el 2015 de garantizar que en el periodo de Jimmy Morales iban a profundizar ese cerco, expulsar a la CICIG, tomar control del Estado en una alianza de oligarquía-capitales y mafias, lo que estamos viendo ahora, para evitar que pudiera volver a ocurrir lo que pasó con Pérez Molina, dijo la investigadora.
Por eso vimos una estrategia tan agresiva del gobierno de Jimmy Morales de cara a la cooperación internacional, a las oenegés, una respuesta a lo que la CICIG había descubierto, que desnudaba profundamente este mecanismo de dominio instaurado históricamente, expresó.
Los informes de la CICIG sobre las Redes Polìtico Económico-Ilícitas, la cooptación del sistema político, el saqueo del Estado desde adentro y fuera nunca se había conocido con estos detalles y esta información indudablemente puso en riesgo ese mecanismo de modus operandi, indicó.
Yagenova indica que como en el gobierno de Morales la CC fue clave, no es nada extraño que en este gobierno lo que necesitaban es el control del Estado para garantizar su sistema de dominio, alienar la institucional pública y las redes de saqueo en el menor tiempo y diseñar un sistema, que lo han tenido históricamente, para implementar medidas autoritarias múltiples para mantener vivo el miedo.
Esa estrategia permanente del recurso al miedo que le hace pensar dos veces a la ciudadanía antes de moverse, dijo.
¿Estamos frente a un estado autoritario?
Según el defensor de derechos humanos, Jorge Santos, desde el 2017 se observó indicios de que Guatemala está en la etapa de consolidación de un Estado autoritario.
El más general, fue la alineación de los tres poderes del Estado. Tenemos un actor, la élite empresarial definió la estrategia, la financió y ha alineado estos tres poderes para garantizar la consolidación del Estado autoritario. El rostro más visible está en el Ejecutivo y su intromisión en el Legislativo, dijo Santos.
El pasado 14 de abril, tomaron posesión los magistrados electos de la CC. Cuatro de ellos, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus y Néster Vásquez Pimentel, quien fue juramentado en mayo, son afines al Ejecutivo. Por otro lado, el Congreso ha impedido la juramentación de Gloria Porras, electa por la Universidad de San Carlos, quien es vista como la única magistrada ajena al llamado “pacto de corruptos”.
Esta situación, para Santos, junto a la destitución de Sandoval muestra la capacidad de captura total del sistema de justicia.
Para el politólogo Luis Mack, formalmente Guatemala no es un Estado autoritario, el problema es la deslegitimación que han tenido las instancias judiciales, el Congreso y el mismo gobierno, que a pesar de que surgen en un contexto de elecciones, cada vez más son por los mecanismos de cooptación, por ejemplo, las comisiones de postulación – mecanismo para elegir a magistrados de las altas Cortes-, indicó.
El politólogo señaló que aunque supuestamente estamos en un Estado de derecho, lo que se ve es cómo se manipulan las leyes y las reglas formales, el caso más concreto que está en discusión, el despido injustificado del fiscal Sandoval y, también esa escala gris de si el estado de calamidad está vigente o no debido a que el Congreso nunca lo aprobó, pero hay una resolución de la CC que dice que sí estaba vigente.
La duda es que en la práctica el nombramiento de los magistrados (de la CC) ha sido ampliamente cuestionado, dijo Mack. Eso lo que hace sospechar es que formalmente estamos en un Estado de derecho, pero obviamente no se cumplen esos requisitos, indicó.
De acuerdo con Santos, hay muchos factores que sirven de indicadores para dar la certeza de que estamos en la fase plena de consolidación del Estado autoritario, entre estos menciona, además de la alineación de los tres poderes del Estado, la aprobación de la Ley de Oenegés, la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia impulsada por Giammattei, las agresiones en contra de la libertad de expresión y lo más reciente, la instalación de un estado de calamidad, “a todas luces ilegal”.
La pandemia de la COVID-19 solo aceleró y profundizó la instalación del sistema autoritario, anotó.
“Disputa por el Estado”
¿Qué escenarios o tendencias se avizoran para Guatemala? Yagenova señala que en este periodo hay dos dinámicas sociopolíticas y económicas que están instaladas y que no desaparecerán. Una, es la tendencia de la estructura de poder de ratificar que no quieren cambiar nada.
“Esta tendencia se mantiene y se actualiza…esta estructura de poder no está dispuesta a negociar, con fuerzas democráticas, fuerzas sociales, no está dispuesta a ceder nada y va a utilizar toda su estructura de poder históricamente creada para mantener sus privilegios y su poder”.
En la coyuntura reciente esto se ratificó y Yagenova no cree que vaya a tener cambios.
Lo vemos claramente en el hecho que desafían a Departamento de Estado de EE.UU. y los gringos. Eso es un indicador mayor, sobre todo a un país que tiene alta dependencia al mercado estadounidense para sus exportaciones, indicó.
La segunda tendencia que está avanzando y que no va a cambiar, repriman o no repriman, es la emergencia de una nueva utopía de país, que parte del reconocimiento y de una afirmación que dice que este sistema ya no sirve a nadie, dijo.
La investigadora se refiere a las crecientes manifestaciones en contra del gobierno de Giammattei y la fiscal general, convocadas desde las autoridades indígenas y ancestrales, que tienen como principal exigencia la renuncia del presidente y de Porras, pero que también exigen la constitución de un estado Plurinacional.
Voces por un Estado Plurinacional frente a un sistema corrupto y depredador
Esto está en el campo de los movimientos de los pueblos originarios, el movimiento de mujeres, incluso cada vez un sector más creciente de la clase media, que poco a poco, desde el 2015, ha sido cada vez más visible ese tipo de posicionamiento.
Para Yagenova, esta dinámica sociopolítica está instalada y no va a desaparecer, al tiempo que abre muchas oportunidades para la transformación y la conciencia, para la formación política y las alianzas.
La idea de crear un nuevo proyecto político que lleve a un nuevo Estado, plurinacional o como se le quiera denominar, está cuajando poco a poco y no lo pueden quitar “ni eliminar por decreto” y se tenga la capacidad a corto plazo de viabilizar esto o no, la disputa está instalada, enfatizó.
Ante las evidencias de corrupción y negligencia para sobrellevar la pandemia, la ciudadanía sigue saliendo a las calles y aunque las movilizaciones cesaron esta semana, no se descarta que se retomen en los siguientes días.
