Por: Redacción
Con el uso de la medida Título 42 por parte del gobierno de Estados Unidos, orden de salud pública relacionada con COVID-19, se impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus casos para protección en Estados Unidos. Lo que han acelerado deportaciones de unidades familiares a la frontera sur de México en Tapachula y Villahermosa para ser trasladados por vía terrestre a Tecún Umán, San Marcos y El Ceibo, Petén, denunció el Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala.
Por medio de un comunicado de prensa, el Grupo Articulardor criticó está medida que ha sido utilizada para expulsar inmediatamente a todas aquellas personas solicitantes de asilo y protección internacional. “Nos preocupa que las administraciones de Estados Unidos y México generan un proceso escalonado de deportación inmediata, desconociendo las causas de la migración y haciendo caso omiso a la obligación de atender a las personas que solicitan asilo, refugio o tienen necesidad de protección internacional” se denunció.
Además, evidencia la actitud y la capacidad de la institucionalidad migratoria en estas fronteras. “Preocupa la falta de capacidad de la Autoridad Migratoria guatemalteca para atender a las personas migrantes retornadas, sobre todo en territorio poco accesible como El Ceibo”, agregaron.
El Grupo Articulador pide al gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) garantizar condiciones hospitalarias para las personas migrantes. “Generar las condiciones de atención, protección, abrigo, albergues necesarios para las personas migrantes que se encuentran en desprotección en territorio guatemalteco”. Además pidió “diálogar con los gobiernos de México y Estados Unidos para cumplir los protocolos de repatriación que no sometan a las personas migrantes a condiciones de vulnerabilidad e inseguridad, sobretodo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes migrantes” solicitó el grupo.
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas, condenó al gobierno de Guatemala el 11 de agosto por haberse sumado a las acciones que vulneran las garantías de protección y debido proceso de las personas, familiares migrantes y familias migrantes. “El gobierno guatemalteco, además de faltar a los compromisos internacionales del Estado, viola el Código de Migración al negar procesos de regularización migratorios, el derecho de asilo o refugio, el principio de no devolución automática y los mecanismos de protección personal y familiar” indicó por medio del comunicado de prensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de agosto pidió a Estados Unidos “levantar las restricciones de acceso al territorio y procedimiento de protección bajo el Título 42, con apego a los principios del debido proceso, non-refoulement y demás principios y estándares internacionales de protección previstos en el Resolución 4/19 sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas” indicó.
De igual manera, otras agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos han condenado esta medida.
