Por Héctor Silva Ávalos y Lourdes Álvarez Nájera
La detención de Juan Francisco Solórzano Foppa, en mayo pasado, fue una de las primeras muestras públicas de la relación entre la inteligencia estatal guatemalteca y el Ministerio Público de Consuelo Porras. Agentes de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) participaron directamente en el arresto de Foppa, uno de los críticos más visibles de la gestión de Porras y del presidente Alejandro Giammattei.
Juan Francisco Solórzano Foppa conducía sobre la 6ª Avenida, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, cuando la Toyota Frontier negra se le atravesó en el camino y le hizo cambio de luces. Uno de los pasajeros de la camioneta le hizo señas para que se orillara. Instantes después, una patrulla de la Policía Nacional Civil le cerró el paso por atrás. Fueron los policías quienes avisaron a Foppa que iban a arrestarlo, pero fueron los tripulantes del carro negro quienes le habían dado el seguimiento inicial y quienes se aseguraron de que el exfiscal y superintendente de la SAT no huyera aquel 19 de mayo de 2021.
Quienes se conducían en la Toyota Frontier son empleados de la DIGICI, según el testimonio de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) citado en el recurso de habeas corpus que la defensa de Foppa presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 20 de mayo, un día después de su arresto.
Testimonios recabados por la CSJ en este caso revelan, además, que desde la 6 de la mañana del día en que arrestaron a Foppa, el fiscal del MP a cargo del caso giró instrucciones a los agentes de le DIGICI para llevar a cabo el operativo de arresto. El nombre de ese fiscal es José Rafael Curruchiche Cucul, el hombre al que la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, acaba de nombrar jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en sustitución del destituido Juan Francisco Sandoval.
A las 6:30 a.m. del 19 de mayo, el inspector de la PNC Inmer Neptalí Fuentes y Fuentes y otros dos oficiales llegaron a la sede del Ministerio Público en el barrio Gerona de la capital a bordo de la patrulla IG-099 (asignado a la Inspectoría General de la PNC). Ahí los recibió Curruchiche en compañía de “personal de la DIGICI”, según consta en el testimonio que Fuentes y Fuentes dio en el informe circunstanciado sobre la captura de Foppa que la CSJ solicitó a la PNC, y que la Inspectoría General remitió con número de oficio 1068-2021 referencia IG/OPE/ALERT/ar.
Durante la reunión en el MP, Curruchiche informó a los policías, frente a los agentes de inteligencia, que tenían que ejecutar “varias órdenes de captura”, pero no les dio más datos “para evitar fugas de información”. Fuentes y los otros policías salieron da ahí con la instrucción de irse a la 6ª. Avenida A y 14 Calle de la zona 9, donde “se encontraba una persona con orden de captura, de quien posteriormente se darían los datos”.
Cuando el inspector Fuentes y los otros policías salieron del MP no sabían a quién tenían que perseguir. Tampoco llevaban orden de captura alguna. Aun así, a esa hora, el fiscal Curruchiche y la DIGICI, que depende por ley del Ministerio de Gobernación que dirige Gendri Reyes Mazariegos, habían dado luz verde a la persecución y arresto de Foppa.
Esta es la secuencia de eventos anteriores a la captura, según los documentos anexos a la solicitud de habeas corpus. El 18 de mayo, a una hora no especificada, el juez Víctor Hugo Herrera Ríos, del juzgado pluripersonal de primera instancia penal, firmó la orden de aprehensión contra Foppa, en la que están incluidas otras 14 personas acusadas de falsedad ideológica y asociaciones ilícitas y conspiración. El fiscal Curruchiche lo dio por recibido ese día a las 5:20 p.m.
El 19 de mayo, en hora tampoco especificada, Curruchiche pidió a la PNC que tres agentes llegaran al MP a las 6:30 a.m. de ese día, y solicitó apoyo de más policías para las 12:00 m. Aunque la orden de aprehensión estaba lista desde el día anterior, y los agentes al mando del inspector Fuentes llegaron al MP en Gerona a las 6:30 a.m., la PNC no recibió la orden judicial hasta las 7:10 a.m. del 19, cuarenta minutos después de que Curruchiche, frente a los miembros de DIGICI, pidiera que se hiciese efectivo el arresto de Foppa.
A las 7:15 a.m., aún sin la orden de aprehensión en sus manos, el inspector Fuentes recibió en su celular una llamada del número de celular 4007-6449 de un hombre que se identificó como Cristofer Estrada, miembro de DIGICI; fue él quien dio a los policías todos los detalles necesarios para el arresto de Foppa: el color de su vehículo y su ruta.
Fue hasta las 7:19 a.m., cuatro minutos después de la llamada de Cristofer Estrada, que el inspector Fuentes recibió en su celular, vía mensajería por la plataforma WhatsApp, una copia de la orden que el juez Herrera había firmado el día anterior.
En una conversación con Prensa Comunitaria, Juan Francisco Solórzano Foppa hizo su relato sobre la captura. Según el exsuperintendente SAT, el inspector Fuentes no le dijo en un primer momento que estaba ahí para capturarlo, sino que primero ganó tiempo: “Él me dijo; ´mire, estamos haciendo una inspección…´ Yo lo comienzo a cuestionar que por qué me ha detenido, que cuál es la situación… Se tarda aproximadamente entre 5 y diez minutos, me dice que van a pedir una solvencia…”.
Según el relato de Foppa, como los policías no le explicaban por qué lo estaban deteniendo, él empezó a tomar un vídeo -que luego publicaría en sus redes sociales- y se volvió a subir a su vehículo y a encenderlo. En ese punto, los agentes de la DIGICI, que se habían mantenido en la Toyota negra, volvieron a entrar en acción: retrocedieron el carro para impedir la salida de Foppa.
“En ese momento a mí aún no me habían notificado ninguna situación, ninguna orden de captura, ningún tema… Él (Fuentes) me dijo que no, que estaba pidiendo una solvencia. Yo le contesto: Bueno, usted pida su solvencia si quiere y me va a buscar a dónde sea, pero no me puede detener, no estoy haciendo nada malo y no me puede detener”, recuerda Foppa su intercambio con el policía.
Los policías insistieron a Foppa que se bajara del carro y volvieron a decirle que tenían que inspeccionar el vehículo, a lo que el exintendente de la SAT se negó. Los hombres de DIGICI, entonces, se bajaron del carro negro. Al verlos, Foppa volvió a salirse de su automóvil y graba a los de inteligencia, que iban vestidos de civil y sin ninguna identificación. Es hasta entonces que Fuentes le mostró a Foppa la orden de aprehensión que había llegado al WhatsApp. La captura se hizo efectiva.
A las 10:59 a.m. Juan Francisco Solórzano Foppa fue presentado ante el juez, después de un operativo de captura dirigido por Rafael Curruchiche y ejecutado en gran medida por la inteligencia estatal, como en los peores tiempos de la persecución política en Guatemala.
Curruchiche y el cierre del círculo
La presión internacional sobre el gobierno de Alejandro Giammattei no ha hecho más que aumentar desde que María Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del MP, destituyó a Sandoval como jefe de la FECI el 23 de julio pasado. A partir de entonces, con esa destitución como detonante, decenas de miles de personas se volcaron a las calles de Guatemala a pedir las renuncias de Porras y del presidente. El del fiscal Rafael Curruchice no es un nombre menor en todo esto.
El recién nombrado jefe de FECI ha sido, al menos, un peón más en el tablero de las élites políticas y económicas a las que sirven Giammattei y Porras para restaurar el control del Estado, el cual habían perdido en parte por las acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y las persecuciones penales que dirigió el depuesto Juan Francisco Sandoval.
Curuchiche, el operador de la captura de Juan Francisco Solórzano Foppa, había saltado al ojo público en 2018 cuando, desde la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, participó en el caso de presunto financiamiento electoral ilícito contra el expresidente Jimmy Morales y su partido FCN-Nación.
Aquella investigación determinó que FCN-Nación incumplió la ley al no reportar millones de quetzales que recibió en el marco de la campaña presidencial de Morales. El caso involucró a varios empresarios, acusados de financiar ilegalmente al partido y al candidato. La investigación, que había iniciado a mediados de 2017 apoyada por CICIG y ejecutada por la fiscalía electoral, parecía caminar bien; eso hasta que Consuelo Porras, nombrada por Morales, se hizo cargo de la jefatura del MP a principios de mayo de 2018.
Para marzo de 2019, bajo la dirección de Porras, el MP trató de favorecer a los cinco empresarios acusados de financiar de forma ilícita a Morales al pedir, para ellos, un criterio de oportunidad: beneficios penales a cambio de información. El ejecutor de aquella movida no fue otro que Rafael Curruchiche. Al final, el caso FCN-Nación y otros supervisados por Curruchiche languidecieron en el MP o en los tribunales.
Los planes de Porras en contra de investigaciones de gran calado, que afectaban a las élites políticas y económicas, no se redujeron a acciones como las de Curruchiche; incluyeron también la arremetida sistemática y gradual contra la FECI, las cuales, según palabras del mismo Sandoval, tenían como objetivo terminar con las investigaciones sobre acciones criminales emprendidas por políticos, operadores y funcionarios para hacerse con el control total del Estado, incluidas la Corte Suprema de Justicia, FECI misma y la Corte de Constitucionalidad.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, entiende todo esto como un capítulo más de la captura del Estado en Guatemala. “Durante la última década como mínimo, la consolidación de las estructuras cleptocráticas provoca una gran asimetría entre esa élite depredadora y el resto de la población”, dice.
Mack considera que el MP, y ahora la FECI, sirven ya a los intereses de esas estructuras. “Las instituciones estratégicas están bajo control y la población nos encontramos en estado de indefensión”, reflexiona.
Tras la salida de Sandoval, la FECI cayó como uno de los últimos bastiones institucionales de lucha contra la impunidad y la corrupción, pero el camino había empezado con Jimmy Morales, cuando el expresidente se deshizo no solo de CICIG, sino de funcionarios que, por sus acciones de denuncia y por pedir rendición de cuentas a las élites, terminaron fuera de su gobierno. Tal es el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue despedido en enero de 2018, luego de que llevó adelante investigaciones contra empresarios que evadieron impuestos o se beneficiaron de esquemas de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria o las aduanas.
El abogado y analista Oswaldo Samayoa asegura que, ahora, el MP estará, por completo, al servicio de las mismas élites y estructuras de poder. “Ya existe dentro del Ministerio Público una articulación de varias fiscalías contra opositores políticos y manifestantes”, dice. En este MP tomado, prevé, la FECI servirá más bien “para ir contra fiscales como Sandoval y (Thelma) Aldana (exjefa del MP). Además de cerrar todos los casos”.
Mack coincide: “La FECI la están tomando bajo control a efecto de desviar las investigaciones de los casos de gran corrupción y querer responsabilizar a otros”, opina.
Juan Francisco Sandoval había revelado al mundo algunas de las formas en que la fiscal Porras está usando su despacho para favorecer a los cercanos y atacar a los que son vistos como enemigos, a través, entre otras herramientas, de los llamados net-centers. “Recientemente declaró un abogado en la fiscalía, que tiene documentada la filtración de información desde el despacho de la Fiscal General. Cada disposición que se iba a tomar en el despacho, la primera fuente de información que ustedes podían tener, era el net center. En el net center salía toda la información”, dijo Sandoval en su última conferencia de prensa en suelo guatemalteco en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Mientras todo esto pasa, decenas de miles de guatemaltecos continúan en la calle para exigir las renuncias del presidente Giammattei y de la fiscal Porras, pero ninguno parece dar marcha atrás. En el caso de Porras, su respuesta al descontento fue nombrar a Curruchiche como jefe de FECI, el mismo fiscal que, bajo sus órdenes, descarriló los casos por financiamiento electoral ilícito y volvió a hacer uso de la inteligencia estatal para capturar a una voz crítica del statu quo, como en los peores tiempos de la represión en Guatemala.
