El Estor: autoridades Q’eqchi’ piden suspender operaciones a CGN- Pronico de Solway

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Créditos: Carlos Ernesto Choc.
Tiempo de lectura: 7 minutos

Por Carlos Ernesto Choc

Las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ exigen al Estado que los incluya y acredite para participar en el proceso de consulta sobre el proyecto minero Fénix. También piden que la planta minera, que se ubica a siete kilómetros del centro del municipio de El Estor, Izabal, suspenda sus actividades y desconocen a un grupo de personas que se autodenominan Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’ y representantes de las comunidades, quienes presentaron un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en abril del 2020, en favor de la licencia minera Fénix.

Las demandas del pueblo Q’eqchi’ no son fácilmente escuchadas por el Gobierno central y municipal. A inicios de este año se acercaron a la municipalidad para ser reconocidos y acreditados, pero la respuesta del gobierno local, en junio pasado fue que no era posible porque no presentaron la “toda la documentación legal necesaria y la documentación presentada no reúne los requisitos legales”.

El pasado seis de agosto, las autoridades del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ tuvieron la visita del viceministro de desarrollo sostenible, del Ministerio de Energía y Minas Oscar Pérez, en el municipio de El Estor, a quien pidieron que la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group, suspenda sus operaciones, para dar inicio al proceso de preconsulta y que también sean incluidos y acreditados en este proceso.

Ante las peticiones de las autoridades comunitarias, el viceministro de Energía y Minas respondió ese día en la reunión: “comprendemos las razones legitimas que ustedes nos pueden dar, pues existen temas legales”, sin embargo puntualizó que nadie esta obligado a acatar órdenes que no estén fundamentadas en la ley. Para las autoridades comunitarias del Consejo Ancestral todo lo que se dijo ese día evidencia que el gobierno no está con el pueblo.

En una entrevista con Pérez, sobre la sentencia y el por qué la empresa minera continúa sus actividades señaló,  “la sentencia no dice que deba suspenderse la operación industrial, eso es bien importante que la población lo sepa, la sentencia lo que suspende es el derecho de la extracción de materiales de la licencia minera Fénix, son 6.29 kilómetros cuadrados”.

Según las autoridades maya Q’eqchi’, la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway continúa sus operaciones, principalmente en la planta procesadora del ferroníquel y sube maquinaria a un costado de las montañas cercanas de la cantera, lo que fue documentado el 14 de agosto, con fotografías y videos, según los comunitarios la empresa minera está realizando exploraciones en esa área.

El abogado Rafael Maldonado criticó las declaraciones de Pérez y en un momento de la reunión de ese día, tomo la palabra y dijo: “en primer lugar la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de la licencia minera Fénix”, y agregó que la planta está dentro de la licencia y de los 6.29 kilómetros que por ende deberá suspender sus actividades. A la pregunta de las autoridades comunitarias sobre por qué la mina sigue trabajando Maldonado respondió “porque el Ministerio de Energía y minas se lo permite”.

Según Maldonado, la Corte de Constitucionalidad (CC) identificó, que la empresa minera que opera en la región desde hace más de 15 años, “explotó minerales y los procesó en esa planta que ellos dejan operar ilegalmente, sin tener estudio de impacto ambiental. Señaló y agregó que según en los recursos de amparo, ante la CC, no fue argumentado por los amparistas. La Corte en sus facultades evidenció que otorgaron la licencia sin tener el estudio de impacto ambiental en los más de 300 kilómetros y por eso se reduce el área de la licencia.

Maldonado aclaró que los motivos de la suspensión de la licencia minera Fénix por la CC en junio del 2020 fueron: la falta de consulta, haber operado ilegalmente y que la licencia en 2005 fue otorgada sin que se cumpliera con las normas de responsabilidad ambiental.

En una parte de la sentencia resuelta por la CC, el 19 junio del 2020 se puede leer “el Ministerio de Energía y Minas otorgó la licencia de explotación a la entidad de CGN sin que ésta cumpliera con el requisito de aportar un estudio de impacto ambiental del área total que pretendía explotar y no atendió la cosmovisión de los pueblos indígenas asentadas en el área”, según en el comunicado de prensa publicado por la CC.

El abogado Maldonado señaló que en el Ministerio de Energía y Minas cambiaron la licencia de explotación y dijo que la CGN únicamente exporta minerales. Para Maldonado esta credencial fue otorgada el 23 de diciembre 2020 por el Ministerio de Energía y Minas y que en ese momento ya era Ministro Alberto Pimentel Mata y Viceministro de Desarrollo Sostenible, Oscar Rafael Pérez Ramírez.

 

Es importante recordar el comienzo de esta acción legal del pueblo Q’eqchi’, en contra de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group, por la contaminación al lago de Izabal, a finales de marzo del 2017 tuvieron que organizarse los líderes comunitarios y la Gremial de Pescadores y fueron perseguidos penalmente.

Acreditación de las autoridades Q’eqchi’ para el proceso de preconsulta

“En esta reunión de repente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero lo importante es que tratemos de escucharnos y de llegar a un punto común”, dijo Pérez al escuchar a Jorge Tec Pop, autoridad del Consejo Ancestral, quien expresó que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta y que ha acreditado a otras personas que han dividido a la población y que han hecho acciones en favor de la empresa minera.

“Basta ya, es mucho, esas personas con las que ustedes se han reunido varias veces, hasta incluso ustedes ya han nombrado titulares, suplentes. Esa no es nuestra forma de organización”, expresó Tec, refiriéndose a un grupo de personas que se identifican como Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’ (CCMQ) y representantes legales de las comunidades, pero según el Consejo Ancestral no son legítimos, pues sus acciones no favorecen a las comunidades de la región afectadas por la licencia minera Fénix.

Un ejemplo de ello fue el amicus curiae que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad a favor del proyecto minero Fénix el 24 de abril de 2020. Los integrantes de este Consejo de Comunidades Indígenas, Miguel Tox Sagui, Maximiliano Suchite Caal y Lorenzo Ical Chocoj, actuaron como representantes legales, según indica el documento.

“Tómenos en cuenta y haga saber que hay indígenas en El Estor, que velan por los derechos humanos y aunque por eso seamos perseguidos penalmente, sacrificados incluso por nuestras propias vidas”, expresó en la reunión Pedro Cuc Pan, autoridad del Consejo Ancestral, al dirigirse a Óscar Pérez.

Cuc Pan solicitó que dejen de darle la representación solo un grupo de personas que “supuestamente dicen que están hablando por el pueblo, pero no están hablando por el pueblo, están hablando por sus propios beneficios y por sus propios bolsillos”.

Las comunidades y sus representantes también señalaron a algunas personas con nombres y apellidos por la división que han creado y confusión en la población, “Romel Reyes ahorita está metido en la municipalidad y es la asociación ANADE y Sa Komonil y ahora es coordinador de Desarrollo de la municipalidad de nuestro pueblo, pero no vamos a pelear en eso, estamos esperando que la justicia llegue”, expresó Humberto Coc autoridad del Consejo Ancestral.

Según Pérez, la reunión del 6 de agosto fue un acercamiento de las comunidades Q’eqchi’ con el fin de buscar una oportunidad para acreditar a las autoridades indígenas y que se cumpla con la sentencia. Confirmó que hay un grupo de personas acreditadas representando a la población Q’eqchi’. También expresó que “ellos tienen actas que demuestran que son una organización representativa de mucho tiempo y que tienen el respaldo de las comunidades”, refiriéndose del Consejo de Comunidades Indígenas (CCMQ) que favorecen a las empresas con sus acciones.

Pérez añadió que si existe otra entidad con legitimidad, pero que no se les puede excluir, en tanto que las autoridades del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ cuestionaron a Pérez y los cuestionaron sobre su designación como representantes de las comunidades.

El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, que asesora a las autoridades comunitarias, expresa su preocupación el trámite de los documentos o memorial presentado al Ministerio de Energía y Minas, por la lentitud para ser acreditados los integrantes del Consejo Ancestral.

Para el Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ que representa a todas las comunidades de la región, las mujeres tienen el mismo derecho y ellas también fueron nombradas en asamblea general del Consejo de Autoridades Ancestral para la toma de decisiones, específicamente en este proceso de consulta por la actividad minera. Según Adela Choc Cuz, de 66 años, “ya estamos cansadas de la empresa nos desalojan, nos amenazan y esta dañando mucho nuestros cultivos, y eso ya no queremos nosotros”.

Los Estados de prevención, Estado de sitios y toques de queda en el municipio de El Estor, Izabal han sido una herramienta del Gobierno para detener las movilizaciones y las inconformidades de la población Q’eqchi’ en contra de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group. En este momento hay cinco personas Q’eqchi’ bajo medidas sustitutivas, desde el 2019 acusadas por la misma empresa minera, dejando clara la complicidad del sistema de justicia en el departamento de Izabal y la impunidad en la opera la compañía de níquel.

Autoría y edición

Periodista comunitario, Maya Q'eqchi. Criminalizado en 2017 por su labor periodística en El Estor Izabal.

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