Cuatro mujeres autoridades Q´eqchi´ criminalizadas por ENEL quedan sin cargos

COMPARTE

Créditos: Colectivo Madre Selva.
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Simón Antonio Ramón

El caso de cuatro autoridades Q´eqchi´, del Consejo de Autoridades Ancestrales de la comunidad Lancetillo la Parroquia, de la región Zona Reina de San Miguel Uspantán, Quiché, fue cerrado el 24 de junio, cuando el Juzgado de Primera Instancia Penal del Centro de Administración de Justicia (CAJ), de Santa María Nebaj, también en Quiché, resolvió clausurar el caso en el que estaban acusadas por el delito de amenaza a un exconsejal municipal.

Gabriela Juc Jolomna´, Juana Choc Tzoc, Obdulia Chomo Choc y Carmelina Noriega Choc, fueron acusadas inicialmente del delito de discriminación y posteriormente de amenazas. Los hechos por los que estaban señaladas ocurrieron el 10 de diciembre de 2018. Ese día, Ramón Choc Salazar presidente de la organización Asoreyna llegó a la comunidad de Lancetillo junto a otras diez personas a medir el caudal del río Cuatro Chorros que atraviesa la comunidad, para la construcción de un parque solar.

“Nosotros les peguntamos qué querían y nos dijeron que buscaban medir el caudal del río a lo que nos opusimos y les dijimos que se fueran, levantamos un acta, la firmaron y se fueron”, confirmó Héctor Choc, autoridad ancestral de la Parroquia.

“Como las autoridades ancestrales están llamados ante cualquier peligro que se presente en la comunidad, fueron convocadas por los vecinos, también llegaron agentes de la Policía Nacional Civil preguntando el motivo de la presencia a Choc Salazar y sus acompañantes”, informó el abogado Sergio Vives, defensor en el proceso de las autoridades acusadas.

Del delito de discriminación a amenazas

Ramón Choc Salazar denunció a las cuatro autoridades en el juzgado de paz de San Miguel Uspantán por el delito de discriminación. El 28 de enero de 2019 iba a realizarse un juicio de faltas, pero no se realizó porque los denunciantes no se presentaron.

El 14 de marzo se realizó una audiencia para buscar una conciliación porque no había delitos que perseguir ni juzgar, los denunciantes se opusieron y llevaron el caso por la vía penal por el delito de amenazas en el CAJ de Nebaj.

Foto: Rolanda García.

Entre octubre y noviembre de ese año, se planificaron varias audiencias, pero no se realizaron porque la comunidad fue una de las afectadas durante el paso de las tormentas Eta y Iota, fijando la audiencia para enero de este año, pero esta tampoco se realizó por la ausencia de un intérprete Q´eqchi´, porque no todas las autoridades hablaban español.

“El 24 de junio, en la audiencia de primera declaración por el delito de amenazas, los denunciantes no se presentaron por lo que el Ministerio Público (MP) solicitó al juez que se dictara falta de méritos a favor de las cuatro mujeres autoridades a lo que accedió el juzgador”, dijo el abogado Vives.

Héctor Choc ve con preocupación esta criminalización contra las cuatro autoridades. “Esas personas han actuado con amenazas y difamación solo por defender el río y la vida, eso es preocupante”, dijo.

Una consulta legítima desafiada por un censo de la empresa ENEL

Durante las indagaciones del MP no ubicó la existencia de Asoreyna que supuestamente preside el señor Ramón Choc Salazar, quien se dedicó a hostigar a pobladores de Lancetillo según una denuncia pública realizada por las comunidades el 25 de febrero de 2019.

En esta misma denuncia, las comunidades señalaron a la empresa ENEL, de capital italiano, de querer apropiarse del río Cuatro Chorros para la construcción de una hidroeléctrica en Lancetillo la Parroquía de la región Zona Reyna. Este río abastece a más de 80 comunidades de la región.

Para desequilibrar la organización comunitaria, Ramón Choc Salazar, por medio de Asoreyna y la Asociación Semillas del Sol, solicitó información a los habitantes de varias casas a favor del proyecto de ENEL. En cada una dejaban una calcomanía donde aparece el logotipo de la empresa. Anteriormente Ramón Choc Salazar y Asoreyna habían sido acusadas de engañar a varias familias de las comunidades de la región, pidiéndoles dinero en efectivo para construir una hidroeléctrica comunitaria y posteriormente evadía los cuestionamientos que se le hicieron.

En la región de Zona Reina, integrada por varias comunidades de San Miguel Uspantán, viven familias sobrevivientes de la guerra, que ahora están rodeadas por megaproyectos públicos y privados. En la finca San Francisco, de San Juan Cotzal, se encuentra la presa Palo Viejo, propiedad de la empresa ENEL, que genera 80 megavatios de electricidad. En el lado oriente, está la casa de máquinas del proyecto Chixoy propiedad del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en un lugar conocido como Quixal, con aguas represadas en Pueblo Viejo que comenzó en 1977 y 1978, donde ocurrió la masacre de Río Negro.

Foto: Simón Antonio Ramon.

También existe interés para la construcción de un proyecto hidroeléctrico vinculado a la Corporación Multi Inversiones (CMI) de 32 megavatios, que había sido aprobado por el Ministerio de Energía Minas (MEM)  y que no se construyó después del rechazo de las comunidades. pero hace un par de años fue cancelado por el mismo Ministerio.

En la parte norte de la Zona Reyna está el río Copón, donde el INDE planificó el proyecto Xalalá, también rechazado por 18 comunidades de Ixcán y ocho de Uspantán. “Ese proyecto fue rechazado por falta de consulta, se metió una acción internacional, está cancelado, el INDE trató dos veces de licitar el proyecto para que una empresa privada lo impulsara pero se declaró desierto”, dijo José Cruz, del Colectivo Madre Selva.

José Cruz dice que la criminalización es una forma de actuar de las empresas para imponer sus intereses en las comunidades. “No es la primera que vemos cuando las empresas ven que hay comunidades organizadas para no permitir que sus bienes naturales y sus territorios sean invadidos para favorecer proyectos privados”, asegura.

“El río Cuatro Chorros es nuestra vida, los seres humanos y todos los seres vivos dependemos de él, este río no se seca en tiempos de verano”, concluye Héctor Choc, autoridad de la comunidad.

El 29 de octubre de 2010 se realizó una consulta comunitaria en el municipio de San Miguel Uspantán, donde participaron 18 mil 772 personas, de ese número 18 mil 742 rechazaron los megaproyectos en la región sin el consentimiento de las comunidades, esta consulta fue certificada por la autoridad municipal el 28 de diciembre de 2019.

Autoría y edición

Periodista Maya Q'anjob'al

COMPARTE