Por Carlos Ernesto Choc
“¿Cristo al servicio de quién?” es el título de una canción del autor venezolano Alí Primera, en la que cuestiona el papel de la jerarquía católica que se encuentra distanciada del pueblo. Sirve como marco para resumir las críticas que se hicieron a algunos representantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) que, calificaron las jornadas de movilización pasadas como actos que “afectan y dañan a la mayoría de la población y puede ser ocasión de actos violentos”.
Los obispos, que integran la CEG dirigieron el pasado 10 de agosto un comunicado en el que además de demandar al gobierno “un diálogo franco y abierto”, consideran que “no es la renuncia del Presidente la que debe pedir la población”.
Las declaraciones de la alta jerarquía católica se dieron en un contexto de tres jornadas convocadas por las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y las autoridades Xinka, como respuesta al hartazgo expresado por miles de personas en distintos puntos del país, frente a la corrupción e impunidad que se vive, por la que piden la renuncia del Presidente Alejandro Giammattei y de la iscal general del Ministerio Publico (MP), Consuelo Porras.
Según analistas religiosos, defensores de derechos humanos y mujeres jóvenes organizadas, la postura de la Conferencia Episcopal y patentizada en su pronunciamiento, es un respaldo a la corrupción, además de hacer una interpretación errónea, al indicar que es un retroceso exigir la renuncia del Giammattei.
Las críticas en las redes sociales, a los obispos y a la Iglesia católica, fueron numerosas, en las que se vinculan los mensajes de la Iglesia con la corrupción y no con la población.
“Los obispos que firmaron el comunicado, entiendo, no es toda la conferencia episcopal, sino una comisión con varios errores en sus apreciaciones”, dijo Carlos Mendoza, analista independiente y forma parte de un grupo de personas no creyentes que promueve el humanismo secular como filosofía de vida y busca la creación de una sociedad libre e incluyente.
Para Mendoza, “hay evidencias de que se está volviendo a practicar el pasado en términos de espionaje político a la oposición” y agregó que una de las exigencias de los pueblos, pedir la renuncia del presidente, no es un atentado a la democracia. La misma Constitución garantiza mecanismos para sustituirlo, indicó.
Abelino Chub, defensor de derechos humanos, consideró que la corrupción no es nueva en las comunidades indígenas, que son despojadas y empujadas a la miseria, “la explotación de los recursos naturales termina acabando la esperanza y lo poco que ha quedado, entregándolo al sector empresarial y a las elites de poder”, además agregó que los pueblos solo resisten ante las represión.
“A nosotras como jovenas y a la juventud en general, nos afecta la corrupción del Estado, porque no puede garantizar los derechos básicos y humanos que necesitamos, como el acceso a la educación, al trabajo digno y, que las mujeres están siendo violentadas y a quienes son madres adolescentes”, expreso Lenina García, exsecreatria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León”. Añadió que por la falta de oportunidades muchos de los jóvenes han tenido que migrar a otros países y optar por arriesgar su vida.
Un sector de la Iglesia católica y otro neopentecostal, participan en política, están asociados a la corrupción del gobierno de Giammattei en la percepción de un grupo de personas de la sociedad, alejados del beneficio de la población y cercanos a intereses propios.
