Por Regina Pérez
Desde el 23 de julio, cuando la Fiscal General destituyó a Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el gobierno de Alejandro Giammattei enfrenta una grave crisis política que continuó esta semana. El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) se movilizó en 21 departamentos el pasado 9 de agosto, pidiendo su renuncia y la de Consuelo Porras.
Al escenario político que enfrenta Giammattei se suma la crisis sanitaria que se agudizó en los últimos días. Los dos principales hospitales del país, el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt se encuentran en una crítica situación por falta de espacio y de recursos para atender la emergencia provocada por la COVID-19.
El pasado 11 de agosto, internautas compartieron imágenes de pacientes con COVID-19 en el suelo y en sillas en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, debido a la falta de camas en ese centro hospitalario.
Para Adrián Chávez, médico e integrante del Bloque Organizado de Medicina Néstor Ortiz, la saturación de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt es significativa, porque lejos de reflejar el colapso de dos hospitales, evidencia el colapso del sistema nacional de salud a nivel general.
A decir de Chávez, la cantidad de casos de COVID-19 ha crecido de manera desmedida debido el fracaso de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la flexibilización, el incumplimiento de las disposiciones y el fracaso en la implementación del Plan Nacional de Vacunación.
Según el médico, Giammattei es el principal responsable de la crisis sanitaria “por hacer caso omiso a cualquier recomendación técnica y seguir anteponiendo intereses particulares al bien público”.
Las cifras más recientes del Ministerio de Salud sobre los casos de COVID-19, que corresponden al 11 de agosto, dan cuenta de 4 mil 358 casos positivos de 12 mil 378 pruebas realizadas, un 35 por ciento de positividad.
En contraste, solo 432 mil 225 personas han sido inmunizadas con el esquema completo contra la COVID-19, la mayoría con vacunas donadas por Estados Unidos. El negocio cuestionado que el gobierno hizo con Rusia para la compra de vacunas Sputnik V ha sido opaco y ni siquiera la Procuraduría General de la Nación conoce los términos del contrato que ya fue renegociado.
La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, señaló que a la ineficiencia que los funcionarios del Ministerio de Salud han demostrado para controlar la pandemia se suman los señalamientos y cuestionamientos por corrupción que van desde el presidente hasta la ministra de Salud.
Un caso muy concreto es el contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa, del cual, según la diputada, no se han dado a conocer términos del negocio jurídico. Eso llevó a los miembros de la bancada a interponer una denuncia no solo contra el mandatario sino contra la ministra y otros funcionarios.
“No puede ocurrir nada que no sepa el presidente, él si está involucrado en este negocio y eso debe ser investigado y es lo que hemos planteado al MP”, señaló Gutiérrez, no obstante, dijo que en la Fiscalía contra la Corrupción no hay mayores avances de esta denuncia.
Ante la crisis, las renuncias son una pequeñez
El pasado 10 de agosto, el arzobispo metropolitano Gonzalo Villa, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) y Antonio Calderón Cruz, Obispo de la Diócesis de Jutiapa y secretario general de la CEG emitieron un comunicado en el que manifestaron que “no es la renuncia del presidente lo que el pueblo debe pedir, pues significaría un grave retroceso en nuestro proceso democrático”.
En el comunicado, los obispos hicieron referencia a la crisis sanitaria “Los últimos datos registrados alarman: los hospitales están saturados y se encuentran en el nivel máximo de capacidad; el nivel de agotamiento del personal de salud es alarmante; el número de personas contagiadas ha aumentado considerablemente; los sectores de la población afectados no se reducen a una sola edad y el anuncio de la presencia de una nueva cepa del virus, más agresiva y contagiosa, preocupa grandemente” indicó la CEG.
Los representantes de la Iglesia Católica también se refirieron a las manifestaciones de los distintos sectores que demandan la renuncia del Presidente y de la Fiscal General. “Es necesario y urgente que la iniciativa presidencial manifestada y ejecutada antes del inicio de la pandemia, de convocar a un diálogo franco y abierto, con propuestas concretas, de los diferentes sectores del país, se retome. Sin este diálogo percibimos que el descontento crecerá” señalaron.
Para Gabriel Wer, director ejecutivo del Instituto 25A, surgido del movimiento Justicia Ya, que convocó a las manifestaciones en 2015 para pedir la renuncia del binomio presidencial, no es viable entablar un diálogo con el gobierno porque no ha habido de su parte el más mínimo reconocimiento de la crisis sanitaria y de la justicia. “En el caso de la pandemia han ocultado información, no han reconocido los errores que han cometido, el contrato de las vacunas, hay mucha discrecionalidad que es adrede”, dijo. En el caso de la justicia, “se han atrincherado”.
Sin ese reconocimiento no hay nada que dialogar, es imposible, más bien es ceder a la estrategia que está siguiendo el gobierno en general, de silencio y de cerrar filas, dijo Wer.
Por otro lado, el entrevistado reconoce que las renuncias no son la solución, -que en las manifestaciones de 2015 fue la principal demanda-, más sí una acción mínima ante este gobierno. “Creo que en 2015 la renuncia era la aspiración que había, acá la renuncia es un mínimo para un anhelo más allá de eso, pensarnos como un Estado diferente, un estado plurinacional que realmente sea de la gente y para la gente”, señaló.
Giammattei, la cabeza visible de la crisis
Para Gutiérrez, está crisis tiene nombres y el presidente Giammattei está al frente. Según la diputada, el llamado de la CEG demuestra querer interceder por el Gobierno, no obstante, señaló que dadas las condiciones en las que está el país, lo que se tiene que hacer es un cambio y el primer paso es la renuncia del presidente y de la Fiscal General.
Para Wer, por su rol como Presidente, Giammattei tiene mucha responsabilidad pero no es el único, también abarca a quienes lo sostienen en el poder.
La crisis de salud sí es más del Ejecutivo con algunos vínculos en el MP ante la negativa de investigar los señalamientos de corrupción alrededor de la pandemia y la crisis más amplia, eso sí abarca a otros sectores y redes de poder, como militares, abogados, jueces, magistrados y diputados, dijo.
Chávez fue consultado sobre qué salidas hay a la crisis de salud actual, a lo cual respondió que técnicamente es importante fortalecer la vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento de las disposiciones orientadas a disminuir la transmisión, asegurar que los hospitales tengan los recursos necesarios para la atención, acelerar los procesos de contratación y asegurar la vacunación de todos los guatemaltecos, entre otras medidas.
Políticamente, señaló, el tema es más difícil, requiere de madurez y de un compromiso legítimo. Es importante que el presidente sea consciente de sus limitaciones propias y las de su equipo de trabajo, que se abra al apoyo técnico o que considere una salida digna, indicó.
Como bloque, ellos también se han sumado a las peticiones de renuncia de Giammattei durante las protestas que se han desencadenado a partir de la destitución de Sandoval al frente de la FECI.
Quienes formamos parte del Bloque tenemos claro que la incapacidad institucional de dar respuesta a la pandemia se debe al socavamiento y a la usurpación histórica y actual de los recursos estatales que pretenden dejarse en la total de impunidad, afirmó.
